11 junio 2019
Santamaría, Zoido y
Millo plantan a la comisión sobre los atentados del 17-A
Trapero y otros exaltos mandos defienden la coordinación
entre los cuerpos policiales
Diversos miembros del anterior Gobierno de Mariano
Rajoy no acudieron este martes a su cita con la comisión
de investigación creada en el Parlament para esclarecer los atentados
perpetrados en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto del 2017.
La exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría;
el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido;
los anteriores titulares de Exteriores, Alfonso Dastis y José
Manuel García-Margallo;
y el exdelegado del Ejecutivo central en Catalunya, Enric
Millo, se acogieron a un informe del Consejo de Estado que
concluye que "los miembros del Gobierno del Estado, actuales y pretéritos,
no vienen obligados" a comparecer ante la Cámara autonómica y que su
petición de audiencia "desborda
su ámbito de competencias".
Previamente, Rajoy, Santamaría y la
exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ya
habían usado este texto para ausentarse en otra comisión: la que estudia la
aplicación del 155 en Catalunya. De hecho, la Mesa del Parlament acordó llevar este caso ante
el ministerio fiscal después de que faltaran dos veces al llamamiento. Un
episodio que podría repetirse, como ya advirtió el presidente de la comisión
sobre los atentados, si los cuatro exdirigentes convocados no se personan en
una nueva cita prevista para este viernes a las 13.45 horas.
En el reglamento de la Cámara catalana se
establece que la
Mesa debe informar a la fiscalía "a los
efectos de substanciar la responsabilidad penal que pueda corresponder" que
se traduciría en un delito de desobediencia, según el artículo 502 del Código
Penal. Además, prevé, en caso de autoridad o funcionario público, una pena de
suspensión de trabajo o de cargo de seis meses a dos años.
Comparecencia secreta
Los altos mandos de la cúpula
policial autonómica convocados sí comparecieron en una sesión que se celebró a
puerta cerrada y que fue catalogada excepcionalmente como "secreta",
es decir, sin la presencia de medios de comunicación.
Entre los conferenciantes destacó
el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, en la que fuera su
primera aparición después de declarar ante el Tribunal Supremo en el juicio del
procés.
Según fuentes parlamentarias, Trapero
puso especial énfasis en que la coordinación y comunicación entre los cuerpos
policiales implicados fue "absoluta" y subrayó que
"todos estuvieron a la altura de las circunstancias" para gestionar
la crisis.
Estas voces aseguran que el relato
sobre la "calidad interpolicial" fue ensalzado también por sus
sucesores en la tribuna: el jefe del Área Central de Análisis de la Comisaría General
de Información, Lluís Paradell; el excomisario jefe de la región policial
Metropolitana de Barcelona, Joan Portals; y la exjefa de Comunicación, Patrícia
Plaja.
Opinión:
Leyendo la información recordaba cuando en la década de los
90 hubieron víctimas del atentados terroristas que recibieron unos telegramas
en los que les informaban de la citación para acudir como testigos contra los “presuntos”
autores de sus atentados y que, caso de no acudir, eran informados de la
posibilidad de incurrir en un delito. La sorpresa (que no indignación) de los
informados era apoteósica…
Ahora, veinte años después, nos encontramos que existen políticos
que pueden negarse a acudir a una citación judicial por la investigación de
cuatro atentados en Catalunya en agosto de 2017… y pueden “irse de rositas”.
¿Será que existen políticos que pueden tener todos los
derechos y ninguna OBLIGACIÓN?
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