27 junio 2019
José Ternera esgrimió
ante el juez francés du “activa implicación en el proceso de paz”
En la comparecencia
ante el magistrado del Tribunal de París que ordenó su ingreso en prisión el
pasado día 20, el ex dirigente de ETA negó que se encontrase en la
clandestinidad.
José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», esgrimió ante la Justicia Francesa
sus «contactos con las altas esferas de poder» para evitar ir a prisión. En su
comparecencia el pasado día 20 ante el magistrado del Tribunal de Apelación de
París Christophe Seys, el ex dirigente de ETA –detenido cuatro días antes en
los Alpes franceses–, negó que en los últimos años (se encontraba en paradero
desconocido desde el año 2002) estuviese en la clandestinidad y defendió que ha
estado «implicado activamente» en el «proceso de paz».
Así consta en el auto en el que el magistrado francés
acordó el ingreso en prisión a la espera de decidir sobre su entrega a España
por una de las tres causas por las que se solicita su puesta a disposición de la Audiencia Nacional :
el asesinato en Vitoria del directivo de Michelín Luis María Hergueta en 1980,
en relación al cual el juez Santiago Pedraz propuso el pasado lunes por escrito
al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que reclame su extradición al
Ejecutivo francés.
Horas antes de esa comparecencia, el propio tribunal del
país vecino había dejado en libertad a «Josu Ternera» en el marco de las causas
por las que fue juzgado en rebeldía en Francia, cuyos juicios ha pedido que se
repitan la defensa del ex jefe etarra al haberse celebrado en su ausencia. Pero
alertado por la Fiscalía
española y por la juez de enlace en Francia, Felisa Herrero, la alta instancia
gala ordenó horas después el arresto de «Josu Ternera».
En la resolución del magistrado galo –a la que ha tenido
acceso LA RAZÓN –,
se reseña que tras escuchar la petición de su ingreso en prisión a efectos de
extradición por parte de la fiscal Clarisse Taron, «Josu Ternera», que
compareció sin la asistencia de un intérprete «dado que dice hablar y entender
el francés», tomó la palabra en último lugar. Y lo hizo no solo para esgrimir
su implicación en el «proceso de paz» (conocidos son sus encuentros en Ginebra
y Oslo con el socialista Jesús Eguiguren a lo largo de 2005), sino también para
poner sobre la mesa «el apoyo de personalidades destacadas» y esos contactos al
más alto nivel en España.
Urrutikoetxea también se quejó de que «los elementos que
constan en el sumario» (por su presunta implicación en el asesinato del
directivo de Michelín) «en cuanto a la estabilidad de su situación son, cuanto
menos, contradictorios». Y en la resolución se deja constancia, a renglón
seguido, de que «Josu Ternera» debe comparecer «ante las jurisdicciones
francesas por las tres causas por las que fue juzgado en rebeldía».
La abogada de «Josu Ternera», Laure Heinic-Luijer, alegó
para conseguir su libertad «problemas de salud a consecuencia de una
intervención quirúrgica urgente». Sin embargo, el magistrado del Tribunal de
Apelación de París desconfía de esos motivos de salud alegados dado que, según
reseña, «no presenta ninguna prueba que justifique dicho argumento».
Control telemático insuficiente
La letrada del ex dirigente de ETA intentó que se dejara en
libertad a su cliente «bajo vigilancia electrónica», pero el juez francés le
reprochó que corresponde precisamente a la defensa «presentar la solicitud
correspondiente» sin que hasta ese momento hubiese realizado «ningún estudio de
viabilidad». De ahí que la
Justicia del país vecino considerase que «la obligación de
control judicial o de confinamiento bajo vigilancia electrónica sería
insuficiente».
«En estas condiciones –concluía el magistrado Seys– queda
claro que se debe ingresar en prisión con vistas de extradición a José Antonio
Urrutikoetxea». No en balde, el juez galo considera que esa medida cautelar
–que se mantiene tras su comparecencia de ayer ante el Tribunal de Apelación de
París– es la única forma de garantizar el mantenimiento de dicha persona a
disposición de la justicia, dado que es objeto de búsqueda en España en el
marco de tres procedimientos relativos a hechos de extrema gravedad, castigados
con penas muy elevadas».
Además del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza –en
el que murieron once personas, cinco de ellas niños– y el asesinato de
Hergueta, el ex dirigente de la banda terrorista debe responder ante la Justicia española por su
supuesta responsabilidad en los atentados mortales cometidos durante su
jefatura, por lo que está procesado por delitos de lesa humanidad, y por el
sumario del «caso Batasuna», en el que se le imputa un delito de integración en
organización terrorista.
A instancia de la Justicia francesa, el juez de la Audiencia Nacional
Santiago Pedraz ha tramitado ya el mecanismo de entrega de «Josu Ternera» por
medio del procedimiento de extradición y no por la orden europea de detención y
entrega (OEDE) cursada por el magistrado el pasado 21 de mayo, cinco días
después de su detención en una localidad de los Alpes franceses. Y es que el
país sigue tramitando con arreglo al sistema de extradición (aplicable antes de
la entrada en vigor de las OEDE en 2004) las solicitudes de entrega por actos
cometidos antes del 1 de noviembre de 1993, fecha de entrada en vigor del
Tratado de la Unión
Europea. De ahí que el juez Pedraz se haya visto obligado a
tramitar la petición de entrega como extradición, un procedimiento en el que
los plazos se prolongan durante más tiempo (por término medio una OEDE se
resuelve en 40 días con un máximo de tres meses) y que otorga al reclamado, en
este caso «Josu Ternera», más posibilidad de interponer recursos para
obstaculizar su entrega.
En esa resolución –que debe estar en manos de la Justicia francesa antes
del próximo 29 de julio, cuando se cumplen 40 días desde la orden de prisión
del ex dirigente etarra–, el juez de la Audiencia Nacional
defiende que los hechos que se le imputan no han prescrito, al haber quedado
interrumpido el plazo de prescripción de 20 años con el auto de septiembre de
1996 en el que se incorporaron las declaraciones de los dos empleados de
Michelín que reconocieron haber entregado en mayo de 1980 a Urrutikoetxea una
fotografía del directivo de Michelín asesinado un mes después.
Además, Pedraz justifica la procedencia de la entrega en el
hecho de que «debiendo ser juzgado en España se refugió en Francia, país que no
es el suyo, por lo que no se encontraba a disposición de este juzgado en el
momento de decretarse su prisión» en septiembre de 2005.
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