26 junio 2022 elnacional.cat

 26 junio 2022 

 

 Àlex Romaguera: "El estado español tiene que iniciar un proceso de justicia restaurativa por sus crímenes"

El periodista recoge el testimonio de 15 personas a quien han asesinado a un familiar, que abogan por el diálogo

Àlex Romaguera (Barcelona, 1970), periodista especializado en movimientos sociales y en temas vinculados a la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica, es autor del libro Víctimes en so de pau (Pagès editors). En el libro, recoge el testimonio conmovedor y valiente de quince personas a las que la violencia política ha asesinado un familiar. Desde Merçona Puig Antich, obligada a buscar justicia en Argentina por la muerte de su hermano Salvador por garrote vil en la prisión Modelo en 1974, a Mavi Muñoz, madre de Palomino asesinado en el 2007 por un militar ultra en el metro de Madrid. Con el asesoramiento de Robert Manrique, víctima de Hipercor, y de la psicóloga Sara Bosch -que crearon la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT), con el apoyo del Ayuntamiento barcelonés, ante el desbarajuste del Gobierno en la atención de las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils en el 2017-, Romaguera hace aflorar los sentimientos, primero de rabia y después supervivencia y acción de familiares de asesinados por ETA, los GAL, la policía o grupos de extrema derecha. No se esconden los síntomas que han sufrido, desde estrés posttraumático a algún caso de cáncer, y las heridas que se pueden reabrir con otros atentados. Todas las personas entrevistadas, la mayoría mujeres, apuestan por la conciliación y la no repetición. Además, el periodista explica enriquecedoras iniciativas, especialmente impulsadas por la sociedad civil, y la mayoría centradas en el País Vasco.

La violencia política es aquella que tiene una motivación o que se ejerce con finalidades para cambiar los acontecimientos o para condicionar el poder. El monopolio de la violencia se utiliza como instrumento para doblar a la disidencia. A diferencia de otras violencias, ahora se habla mucho de la violencia con motivaciones políticas. Es aquella para mantener el orden establecido o bien para modificarlo.

En el libro 'Víctimas en so de pau' explica el caso quince personas a quién han asesinado a un familiar por violencia política desde ETA, los GAL, la policía, funcionarios de prisiones o integrantes de la extrema derecha. ¿Cómo las ha escogido?

De una lista de unas 40 personas que públicamente se han expresado en defensa de la conciliación y paz, quise repartirlas en tres criterios: que fueran parientes, en una de las tres etapas diferenciadas postfranquismo, transición y actual periodo constitucional, y que los actores armados fueran diversos. Y desde esta heterogeneidad poner en común aquello que tienen: un proceso de resiliencia y que su testimonio contribuya a un escenario de justicia, y de paz. Son un referente ético y moral ya que trabajan para que nadie vuelva a vivir nunca más lo que pasaron. Parece un mosaico inconexo, pero no: han transformado su drama en un activo personal que puede ser un referente para dirimir los conceptos y de cómo se puede avanzar en un proceso de convivencia comunitaria, sobre todo en el País Vasco donde están deconstruyendo mucho la mirada de la polarización, de sectores enfrentados. Primero, hablé con Mari Carmen Henández, viuda de Jesús Maria Pedrosa, concejal del PP en Durango, asesinado por ETA el año 2000 y Axun Lasa, hermana de Joxean, el joven de Tolosa secuestrado y asesinado por el GAL en 1983, que participaron en el encuentro de 27 víctimas de grupos armados en el centro de reconciliación en Glencree, un pueblo irlandés entre los años 2007 y 2012, y a partir de ellas vi que otras personas habían sufrido contextos diversos y un factor denominador, que es muy poderoso.

Explica que entre el fin del franquismo y la disolución de ETA se produjeron un millar de asesinatos, la mayoría en la Transición y de casos que la sociedad conoce poco. Es el caso de la paliza mortal que unos funcionarios de la prisión de Carabanchel propinaron al joven Agustín Rueda, nacido en Sallent  e impulsor de un club juvenil para los hijos de los mineros.

Sí. A diferencia de los crímenes de personas del Estado o muy significadas por su responsabilidad pública, ha habido todo un retablo de víctimas a las cuales no se ha prestado atención sobre todo en el marco de la Transición. El historiador David Ballester en el libro Laso víctimas de la Transición política (1975-1982) identifica a 135 personas, de las cuales 91 han sido asesinadas por el método del gatillo fácil, es decir violencia de los cuerpos policiales. En el tardofranquismo y la Transición se actuó en un marco de impunidad. El Estado usaba esta impunidad para reprimir la disidencia pero también para defender un modelo de Estado, de una forma muy arbitraria a través de unos cuerpos policiales que provenían del Franquismo. No hubo una depuración de los cuerpos policiales ni de sus mandos, ni en las estructuras del Estado, como los tribunales de excepción, como la Audiencia Nacional o magistrados, que mantuvieron de la cultura de la represión. Incluso, a día de hoy todavía hay alguna reminiscencia en esta forma de actuar, absolutamente arbitraria.

Paradigmático es el caso del condenado de la extrema derecha, que después es contratado por el Ministerio del Interior.

Sí, es uno de los verdugos de Yolanda González, la joven de Bilbao que estudiaba en Madrid. Eduardo Hellín, militante de Fuerza Nueva, es uno de los tres implicados que la secuestra y mata en 1980. En uno permiso, antiguos policías de Carrero Blanco consiguieron que huyera, y cuando volvió le cambiaron el nombre y dio clases de seguridad informática en el Ministerio del Interior, pero también en el Erzaintza y en los Mossos d'Esquadra. Asier, el hermano de Yolanda, lo descubrió, e incluso se entrevistó con el entonces conseller de Interior Felip Puig para decirle que era intolerable. Es un ejemplo de la doble victimización que sufren, primero el daño y después la desidia en atender sus casos.

Naciones Unidas cita tres derechos: verdad, justicia y reparación. ¿En el Estado español continúan pendientes?

Claro. Hay casos que han conocido su victimario, pero luego el proceso judicial ha sido muy torpe, sin garantías procesales y exonerando las actuaciones, o después el Gobierno les ha concedido indultos y condecoraciones. Y con respecto a la reparación, las ayudas en términos materiales, psicológicos y económicos, también es difícil si el Estado no te reconoce como víctima del terrorismo porque es una prerrogativa de la propia ley del 2011.

¿Por ejemplo?

Rosa Lluch explica el caso de que cuando ETA mató a su padre, Ernest Lluch, el año 2000, tuvieron muchos problemas para que el Gobierno reconociera como víctima a su compañera, Montserrat. El ministro del Interior, que entonces era Mayor Oreja, loe prometió que lo resolvería, pero nada.

¿Por qué todavía le cuesta tanto al Estado español admitir esta violencia política del pasado?

El Estado no quiere reconocer a las personas que han sido víctimas del propio Estado, sean funcionarios de prisiones o cuerpos policiales. Por eso la ley de víctimas del terrorismo de 1999, reformada en el 2011, cuando publica la lista de víctimas, que son unas 6.000, de estas unas 1.000 asesinadas, no incluye ninguna perpetrada por cuerpos policiales del Estado. En el 2011 lo que hace es ampliar un poco el perímetro e incluir algunos crímenes de Fuerza Nueva, la triple A, de grupos parapoliciales y de los GAL. Pero así y todo, ha habido muchos problemas en los casos que se ha dicho que estas víctimas actuaban contra el orden establecido.

¿Qué quiere decir?

El año 2013, el gobierno del PP de Aznar introdujo un artículo en la ley de presupuestos e hizo una lista de 54 familias que cumplen los requisitos como víctimas de los GAL, sin embargo, como se consideraba que los familiares muertos habían participado en alguna acción, como ayudar a ETA, aunque no estaba probado, se las excluye de las ayudas. Es el caso de la Pili Zabala por su hermano Joxi, aunque nunca fue acusado de ser miembro de ETA, sólo un joven que se escapó por cometer un intento de robo en una entidad bancaria. Y también han excluido de las ayudas a la mujer y la hija de Josu Muguruza, diputado de Herri Batasuna, asesinado en 1989 por Ynestrillas, cuando tenía que tomar posesión del acta. La hija nació tres semanas después del atentado. La mayoría han tenido una falta de apoyo, de ayuda y atención por parte de las autoridades, que no les han garantizado una justicia diligente y justa, ni un proceso de reparación. Hay dos derechos más que reconoce Naciones Unidas.

¿Cuáles?

Son fundamentales. Uno es el reconocimiento, en algunos casos sí que se han producido pero cuando hay una sociedad civil que ha empujado. Un caso es Eva Barroso, cuando mataron a su hermano en la huelga del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, Santiago Carrillo hizo un acto y pidió al padre que subiera en homenaje a su hijo Romualdo, y después vio cómo el Partido Comunista se desentendía de ellos. O incluso el Partido Comunista en relación a los hechos del Sant Fermín del 78 dio por buena la versión oficial. Los reconocimientos no han llegado hasta muy tarde, el 2016, la mayoría. En el caso del joven Palomino, en la época de la alcaldesa Carmena y sobre todo porque las entidades de Vallecas presionaron y se le dedicó una placa. También a Yolanda González, que gracias a la asociación de vecinos de la parte de Deusto, en Bilbao, hay una placita, que le han puesto su nombre, allí cada año los vecinos le hacía un mural y un recordatorio. Son homenajes que han llegado muy tarde. También, en el caso de Ángel Berrueta, el panadero que murió por la tensión vivida después del 11-M del 2004, y no tenía ninguna afiliación política. En su caso, los vecinos del barrio de Donibane en Pamplona presentaron más de 2.000 firmas en el Ayuntamiento, también las peñas, hasta entonces el Ayuntamiento era gobernado por UPN, la derecha, y no quisieron atender nada, hasta que subió Bildu, y aceptaron el reconocimiento. El reconocimiento a estas personas atenúa el daño a las familias, al encontrar este cojín social.

¿Y el último derecho?

Es el de no repetición, que se alcanza con medidas legislativas. En el País Vasco y en Navarra se han aprobado dos leyes donde incluyen a las víctimas causadas por ETA y por los aparatos policiales, de 1978 en el 2019, y así amplían los parámetros porque la ley estatal excluye como víctimas las causadas por los aparatos estatales. Son leyes que se sacan adelante por la aritmética parlamentaria, pero las dos leyes han están recurridas en el Tribunal Constitucional.

¿Por qué el Estado sigue sin admitir a las víctimas que ha causado?

La lógica de Estado en sí mismo, de garantizar su legitimidad, el coste administrativo, no puede admitir que bajo su amparo se hayan cometido crímenes, por eso mismo, el tema de los GAL continúa hoy día amparado por la ley de secretos oficiales. La ley de secretos oficiales de 1968 y la ley de Amnistía de 1977 son los dos artefactos jurídicos que están impidiendo el abordaje de casos como el de Salvador Puig Antich, o Pili Zabala, que su caso es un escarnio, porque cuando pidió en el Supremo reabrir su caso para pedir responsabilidades a Felipe González, y después en Europa, no sólo no se le da la razón, sino que se ha sabido recientemente que la madre tiene que asumir las costas judiciales, que son unos 9.500 euros.

¿Hay que derogar la ley de Amnistía de 1977?

Sí. El relator de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional piden que se apruebe la abolición de la ley de Amnistía y la de secretos oficiales. Y en el caso de Puig Antich, aunque se ha conseguido que se declare ilegítima la sentencia, esta no se ha anulado. Y, ahora en la discusión de la nueva ley de Memoria Democrática todavía hay muchos flequillos sin aclarar.

¿Qué quieren las víctimas?

Las víctimas ya no esperan justicia, que sí que hace falta en una democracia moderna. Las víctimas reclaman: que todas son iguales, no hay víctimas de primera o de segunda; que ningún asesinato es justificable, que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, y que aquellas personas que han ejercido la violencia por ideología si quieren expresar alguna cosa es que reconozcan que han hecho un daño. La mayoría de las personas entrevistadas no se quiere cronificar en el concepto víctima, como vive Consuelo Ordóñez y otrass, porque es extender el dolor y la amargura por todas partes. Las personas entrevistadas se consideran supervivientes o resilentes. Aceptan el término víctimas si así el Estado las reconoce en la ley, jurídicamente. Consideran que su principal demanda es que aquello que produjo la muerte de sus parientes no se vuelva a reproducir. Hacen una apelación a dirimir los conflictos de forma democrática, dialogada y colaborativa en un nuevo paradigma que es la paz positiva.

¿Qué es la paz positiva?

La paz positiva lo que hace es que, sin dejar de mirar el retrovisor de la historia, se focaliza en la acción de poner en valor las capacidades humanas, de poner en valor actos y afectos, y compartir espacios de encuentro. Se materializa en propuestas, que van desde encuentros de vecinos que no se hablaban por temas políticos, a la terapia o debates de las causas, e incluir segundas generaciones.Es paradigmático en Europa el caso del programa Adi-adian (escuchar atentamente).

¿Qué es el programa Adi-adian?

El programa Adi-adian, financiado por el gobierno vasco, está dirigido por mediadores y psicólogos, y lo que hacen es llevar personas que han sufrido la muerte de un familiar por violencia política en los institutos, donde explican su vivencia y los alumnos preguntan, y hay un memorándum. Los expertos dicen que eso tiene una efecto inmunizador de la violencia y humanizador de las relaciones sociales. Tienes que hacer un ejercicio de reconocimiento hacia la otra persona. Y ahora, este programa ha saltado a la universidad. Uno de los impulsores es el mediador Alberto Olalde, del campus de Vitoria.

Explica otras iniciativas.

Sí. Están los encuentros en las prisiones, que se hicieron 14 de encuentros restaurativos, de exmiembros de ETA y familiares de víctimas, impulsadas por la Maixabel Lasa, entonces directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del gobierno vasco, hasta que el gobierno de Rajoy las prohibió, señal de que aquello estaba permitiendo allanar el camino a la conversación y la distensión. Se hicieron del 2011 en el 2012 porque entonces ETA declaró la tregua unilateral y definitiva en octubre del 2011, y  la autodisolución llega en el 2018. También ha contribuido que hace un año la izquierda abertzale, con Arnaldo Otegi, hicieron una rueda de prensa expresando el reconocimiento del daño causado, usando la misma frase de los activistas de la vía Nanclares, desde esta prisión de Vitoria. Ha habido iniciativas del ámbito local, sobre todo en el área de Guipúzcoa y el Bidasoa, estas poblaciones de Tolosa, Errentería, donde fueron muy afectadas por la violencia, y los pueblos han hecho iniciativas de encuentros, con mediadores. También la iniciativa de la plaza de la memoria. Es entender el dolor ajeno. Es la sociedad civil quien ha arrastrado los partidos a tomar medidas. La izquierda abertzale quizás tiene que dar más pasos pero creo que ahora es el Estado a quien le corresponde.

¿Qué tiene que hacer el Estado?

El Estado tendría que iniciar un proceso de justicia restaurativa de la violencia que ha causado, que es el concepto que se utiliza para otros casos, como en Colombia o Argentina. Quiere decir reconocer lo que ha pasado y establecer mecanismos para que toda la gente que no ha recibido una atención adecuada y todos los casos que no han sido depurados lo sean. ¿Qué pasa? Que eso quien lo está llevando todo es desde Argentina con la jueza Servini. Por ahora, no hay voluntad política y revela que fue la Transición: un pacto entre las élites y el franquismo.

Pero han pasado muchos años de la Transición...

El Estado también juega que los casos que prescriben. Y si no hay resoluciones, no se puede llevar a otras instancias, como pasa a las hermanas de Puig Antich, o el caso del joven Mikel Zabalza, que el gobierno vasco ha emitido un documento que murió en el cuartel de Intxaurrondo  de la Guàrdia Civil y lanzado al río, y no escapó como se decía, pero no hay ninguna resolución judicial. Es una anomalía democrática. De 1975 en 1982 es donde se concentran estos casos en este marco de impunidad. Hay una continuidad biológica, biográfica y política, y un ejemplo son Manuel Fraga o Martin Villa. Forman parte de grandes familias y las empresas que se forjaron en el tardofranquismo, y forman parte de las estructuras del Estado. El PP nunca ha querido una solución dialogada en el País Vasco, aparte de los intereses económicos, como la empresa de seguridad de Mayor Oreja. Mantener la dispersión de los presos es cronificar el conflicto, ya que castiga y penaliza a las familias y los hijos. Y ahora, la réplica es VOX, con este discurso de menosprecio y de estigmatización. Además de la violencia física, la violencia cultural y simbólica también contribuyen a la represión y a alimentar un ambiente de persecución en el diferente. El ''A por ellos' es fruto de este discurso. Generas un enemigo interior, donde focalizarlo, pueden ser los inmigrantes o los catalanes. Es una plantilla que se ha mantenido en democracia. El Estado continua muy centralizado, con unas élites extractivas y con estructuras que lo protegen, de unos mecanismos de control y represión. El comisario Villarejo puede ser una caricatura de esto, o los policías que fueron a amenazar a la banca andorrana.

¿Y el papel de las asociaciones de víctimas de terrorismo?

Hay algunas asociaciones que están monopolizadas por la extrema derecha. Hay un tipo de puertas giratorias en los cargos principales de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Covite, donde van pasando responsables de Vox, Ciudadanos o el PP, y hacen afirmaciones que no comparten las víctimas reales. Hay un uso perverso del uso de las víctimas de terrorismo. Por eso, doy voz a víctimas que deconstruyen este discurso beligerante que transmite la derecha.