20 marzo 2023 noticiasdenavarra.com

 20 marzo 2023 

Jon Mirena-Landa Catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU, autor de ‘Víctimas invisibles’

"Una serie de víctimas a las que a partir de 1978 mataron o fueron torturadas no existen para las políticas públicas"

El catedrático Jon-Mirena Landa ha resumido 20 años de actividad académica e institucional en un libro sobre el desamparo de las víctimas de la violencia institucional

Director de Derechos Humanos del Gobierno vasco entre 2005 y 2009, Landa dirige la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU. Se congratula de que el prólogo de Víctimas invisibles. Usos y abusos de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia política a la luz de la lucha antiterrorista contra ETA lo firme el relator de Naciones Unidas Fabián Salvioli, “la máxima autoridad de las políticas de verdad” a nivel mundial.

En el ámbito de la vulneración de derechos humanos en Euskadi ha habido tradicionalmente víctimas de primera y de segunda. ¿A qué se debe esta asimetría?

Las víctimas no tienen la culpa, las políticas públicas reflejan que hay un carril de atención a víctimas que tienen que ver con los terrorismos y que mayoritariamente se identifican con las víctimas de ETA cuyas leyes están conformadas con un nivel de prestaciones muy superior.

¿Esta situación de desequilibrio deriva también del modo en que se llevó a cabo la Transición con la Ley de Amnistía?

Las víctimas que tienen que ver con el franquismo fueron objeto de una amnistía que no solo borró las responsabilidades penales sino que generó una especie de memoricidio, como si no existieran. Hasta la Ley de Memoria Histórica en 2007 no empezaron a ser reconocidas en el cuerpo legal. En comparación con las leyes de acompañamiento a las víctimas del terrorismo, tienen menores estándares de atención. Desde luego no tuvieron justicia penal, tampoco tuvieron verdad y solo se les reconocía al principio algo de reparación, cuando justicia, verdad y reparación son los tres pilares de la Justicia con mayúscula cuando hay graves violaciones de derechos humanos. Por eso hay víctimas de primera y de segunda, no por ellas, porque muchas víctimas de ETA también han sido maltratadas y lo siguen siendo.

¿Y en qué lugar quedan las víctimas de la violencia institucional?

Hay un tercer bloque, que son las víctimas del Estado, de vulneraciones de derechos humanos a partir de 1978, de la democracia, que no existen a nivel de España, no tienen un reconocimiento legal. Solo tienen algo de reconocimiento a partir de iniciativas autonómicas, de la ley vasca y la ley navarra.

Asegura en el libro que “la verdad jurídica o forense es solo una versión de la verdad”. Que no exista dicha verdad penal o científica no significa que no pueda haber un reconocimiento sobre una vulneración de derechos concreta.

Correcto. Parece que hay una verdad oficial pero las verdades se construyen en las sociedades con cada aporte científico, periodístico... Cada uno hace su verdad. Con esa humildad, desde el punto de vista del derecho nos estamos ocupando de la verdad que tiene que ver con violaciones de derechos humanos, no con un relato general. Cuando los aparatos del Estado han matado, torturado o cometido graves vulneraciones, entre los derechos está reparar pero también que se sepa lo que ocurrió. Cuando se habla de justicia, verdad y reparación una parte de la atención a esas víctimas es que tienen derecho a la verdad. Cuando hay una implicación de aparatos del Estado la sociedad también tiene derecho a saber para que no vuelva a pasar. Es una cuestión democrática de asentamiento de cultura de derechos humanos.

¿Es el caso de Mikel Zabalza un ejemplo de ello? La Comisión de Valoración con Francisco Etxeberria al frente hizo un análisis sobre el terreno que desmontó la versión oficial sobre su muerte, y dio pie a su reconocimiento por el Gobierno vasco como víctima de violación de derechos humanos.

Es un muy buen ejemplo de cómo una serie de víctimas a las que a partir del 78 mataron, tienen gravísimas lesiones o fueron torturadas salvajemente no tienen un registro oficial, por lo que no existen para las políticas públicas. Ese agujero se llenó en Euskadi y en Navarra con dos leyes, y como no tienen competencia para hacer justicia penal, por lo menos hacen algo de verdad y reparación. La buena noticia es que el Tribunal Constitucional, después de un larguísimo debate, porque se impugnaron las leyes, al final ha consolidado la doctrina, que se puso en tela de juicio. Solo los jueces pueden imponer penas pero también se puede hacer verdad mediante leyes, decir qué ocurrió y a quién le ocurrió. Otra buena noticia es que eso enlaza directamente con la Ley de Memoria Democrática, donde este carril de hacer verdad se va a ampliar a todo el Estado. La Ley de Memoria Histórica anterior, que solo se ocupaba de la reparación, ahora va a tener mecanismos de verdad.

La Ley de Memoria Democrática española también ampliará el periodo de actuación hasta 1983, abarcando el inicio de los GAL.

Es la primera vez que se salta de esa memoria histórica y novedosamente se van a investigar violaciones de derechos humanos desde y durante la democracia en supuestos en los que no hubo un normal funcionamiento de la administración de justicia, se archivaron los casos... Los Estados, cuando cometen delitos, tienden a ocultarlos, a borrar las pruebas, investigan menos y suele haber también una connivencia de poderes. Una democracia es sólida y fuerte cuando la independencia de poderes no tapa sino que controla. Cuando la mutua vigilancia no funciona las personas quedan atrapadas en el dolor sin justicia.

Además de reconocer las vulneraciones de derechos se abre la puerta a recibir indemnizaciones.

La reparación está contemplada con muchísima más fuerza e implicación hasta el punto de que se ha creado una Fiscalía de Sala de derechos humanos para incluso tutelar judicialmente y sobre esa base generar la reparación. Me gustaría añadir que las víctimas no buscan dinero, cuando a una persona la han torturado lo último que se le ocurre es que lo más importante es el dinero, lo que quieren es que se reconozca. La indemnización es un derecho que tienen porque no se puede reparar de otra manera, por desgracia.

Afirma que este tipo de vulneraciones no eran actuaciones aisladas sino que obedecían a un patrón previamente establecido, a un plan aún “por desvelar”.

Si se hace un análisis de cómo se comportan particularmente la Guardia Civil y la Policía Nacional en las detenciones antiterroristas, se detecta en los informes de Naciones Unidas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hay un patrón que se va denunciando después de la Transición. Hay informes oficiales de que no es un caso aislado sino que hubo un patrón, no voy a decir sistemático, pero no meramente esporádico. Y prácticamente acompaña hasta el cierre de la actividad terrorista de ETA. Sería bueno que se encarara ese tema para que se deshinchen las especulaciones, hay quien lo niega y quien lo afirma hasta el infinito; en el medio estará la verdad, ¿no? Hubo quienes hicieron todo eso y quienes sabían que se hacía desde aparatos del Estado pagados por todos. Habría que poner garantías de no repetición.

¿Melitón Manzanas es otro ejemplo de verdad social pero no penal? Dado el enorme consenso con numerosos testimonios sobre su condición de torturador.

Es una verdad social tan extendida y con tantas presunciones de hecho desde el punto de vista jurídico que aunque no haya una condena penal la condena social ha sido establecida. Pero también es bueno que todo eso pase al carril jurídico y que llegue a manifestarse en unas comisiones de valoración que le dan cuerpo de oficialidad. Esa es la potencia que tiene a veces la función de verdad, lo mismo con un Billy el Niño. Sería sano para la democracia poner negro sobre blanco lo que pasó, dar esa reparación a las víctimas y que sirva de punto de partida para que no se vuelva a repetir.

Está claro que se ha abusado de la política criminal contraterrorista. ¿También del derecho internacional de derechos humanos y del derecho penal internacional para ampliar el punitivismo contra ETA, como apunta en el libro?

Suena paradójico, ¿verdad? Por una parte, es necesario combatir al terrorismo en una democracia. Pero también se actuó abusando de determinados carriles jurídicos mediante los macrosumarios, con una política penitenciaria que no respetaba los derechos humanos, con incomunicaciones... También se intentó equiparar el terrorismo de ETA, que es muy grave, con un crimen contra la humanidad, eso se rastrea en documentos judiciales y de discusión política, prelegislativos. Y se hizo con la intención de añadir al contraterrorismo habitual los mecanismos lógicos de lucha contra crímenes contra la humanidad.

¿En qué se tradujo ese intento?

El crimen contra la humanidad paradigmático es el genocidio nazi, que tiene unos componentes de hacer responsable al Estado alemán, de culpa colectiva de la sociedad alemana... Esas categorías se transmitieron a la discusión contraterrorista en Euskadi: se acusaba a la sociedad de estar enferma, a todos los poderes públicos vascos de ser conniventes con ETA, a la Ertzaintza de no investigar suficientemente... Eso es ilegítimo, no es justo. Se intentó utilizar esa parte del derecho internacional de los derechos humanos para multiplicar la lucha contra ETA en vez de para controlar al Estado.

Existen vías de actuación alternativas a la justicia penal y entre ellas cita la justicia restaurativa.

Hay un potencial para humanizar la resolución de los conflictos. Con la justicia restaurativa se amplía el marco para que se atiendan mejor las necesidades de las víctimas, y al mismo tiempo se favorezcan los procesos de reinserción de quienes han cometido los delitos. Así reparamos mejor, establecemos mejor justicia y recuperamos a las personas, que es el fin de la reinserción.

Hay partidos que han cargado contra la ley vasca de víctimas de violencia de motivación política porque no incluye a las víctimas de ETA, cuando estas disponen de su propia jurisprudencia.

Me da mucha pena porque no es culpa de las víctimas. Muchísimas de las que se han dirigido a la Comisión de Valoración vasca, cerca de 500, fueron objeto de una campaña de grupúsculos de extrema derecha que les engañaron y les llevaron a la ventanilla equivocada para intentar colapsar el mecanismo.

¿Qué piensa cuando compara su etapa como director de Derechos Humanos en el último Gobierno de Ibarretxe con la actualidad?

Hemos mejorado muchísimo y se están haciendo muchas cosas para reparar los sufrimientos. Algunos son irreparables pero se trata de indivisibilidad de los derechos humanos. Dar a cada uno lo suyo es la fórmula que ya los romanos establecieron, eso es justicia. Hay mucho por recorrer pero la sociedad vasca va saliendo del túnel.