01 junio 2023 (3) El Periódico de Catalunya (opinión)

01 junio 2023

Tras la derogación de la sedición

 

La fiscalía se inclina por remitir la investigación de Tsunami Democràtic a los juzgados catalanes

 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional lleva semanas estudiando el sumario de Tsunami Democràtic para determinar si puede imputarse algún delito y quién debe responder por él, extremos claves para concretar el juzgado que tiene que seguir investigando y, en su caso, el tribunal que acabará juzgando lo ocurrido durante las protestas organizadas por la plataforma tras la sentencia del ‘procés’. De momento el ministerio público se inclina por proponer al juez Manuel García-Castellón que remita las actuaciones a los juzgados catalanes, al no apreciar que exista terrorismo y entender que con la derogación de la sedición los hechos investigados solo serían constitutivos de desórdenes públicos agravados.

 

Fuentes fiscales señalaron a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que al no apreciar indicios de que exista terrorismo y haberse derogado la sedición desaparece la competencia de la Audiencia Nacional para investigar las cinco acciones atribuidas a Tsunami Democràtic: el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el corte de la frontera con Francia a la altura de la Jonquera, la desobediencia a la Junta Electoral Central durante la jornada de reflexión de las elecciones generales de diciembre de 2019, acciones contra empresas del Ibex y los disturbios que se vivieron durante el clásico en el que se desplegó una pancarta y se lanzaron pelotas al campo con el lema "Sit and Talk".

 

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abrió en su día diligencias por estas cinco acciones, al entender que podían ser constitutivas de un delito de terrorismo por la intención de alterar el orden constitucional que se atribuye a sus promotores, extremo que ahora descarta el ministerio público al no haber podido determinar la existencia de una organización, que en ese caso tendría que tener un carácter terrorista.

 

En su defecto, sostienen las fuentes fiscales consultadas, podría haberse entendido como cometido un delito de sedición, pero esa vía quedó frustrada con su derogación tras la reforma pactada entre el Gobierno y ERC. De tal forma que los hechos investigados se encuadrarían en los desórdenes públicos agravados, cuya competencia ya no corresponde a la Audiencia Nacional, de ahí que sopese proponer al juez García-Castellón que devuelva las actuaciones al juzgado decano de Barcelona para que proceda a su reparto.

 

De ida y vuelta

 

Se da la circunstancia de que gran parte de lo investigado llegó a Madrid desde el Juzgado de Instrucción número 1, en el que se investiga el caso Voloh. Por ejemplo se remitió lo investigado respecto a media docena de personas, como el empresario Oriol Soler -que es el único que formalmente figura como imputado en la Audiencia Nacional- el exconseller de ERC Xavier Vendrell, el empresario David Madí o Josep Lluís Alay, al que se considera el nexo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

 

A lo largo de la investigación se han intervenido conversaciones mantenidas por distintas plataformas de mensajería instantánea. En una de ellas, según uno de los informes de la Guardia Civil existentes en la causa, la secretaria general de ERC,  Marta Rovira, le aseguró a Vendrell estar "reclutando gente" para sus "acciones", en referencia a las convocadas por Tsunami Democràtic.

 

Rovira, que utiliza el alias de 'Matagalls' -uno de los 18 picos de la campaña Cimas por la Libertad con la que desde el independentismo se protestó contra el procedimiento por el 1-O-, se mensajeaba a través de la aplicación Threema con Vendrell, al que el instituto armado atribuye "un cargo directivo y con mando sobre las diferentes personas que integran la plataforma". En la conversación con 'Matagalls' el 'exconseller' de ERC afirmaba: "Mi gente puede hacerlo sin el apoyo de la estructura, pero no con la estructura en contra".

 

Sobre lo que el ministerio público no tiene previsto pronunciarse es en relación a si las actuaciones deben remitirse al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que sería el competente para investigar, en su caso, al diputado de ERC y secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg Ramon, que, según la Guardia Civil, utiliza el alias de 'Konan' y dirigía con Soler la comunicación de Tsunami Democràtic.

 

Ambos se comunican a través de la aplicación Wire. Los investigadores también identifican otras aplicaciones de mensajería rápida entre las empleadas por las personas que sitúan en la cúpula de la plataforma, como Signal, en la que detectaron el grupo 'Harley Davidson', en el que participaba la propia Rovira y a través del que se coordinaba la actividad independentista. Fuentes jurídicas veían difícil que la líder de ERC acabara imputada, aunque la decisión última corresponderá al juez García-Castellón o, si sigue el criterio fiscal, al juzgado catalán que acabe asumiendo las actuaciones.