18 noviembre 2024 (2) elconfidencial.com

 

18 noviembre 2024

Así fue el caos judicial que dio impunidad a ETA

Un informe de Covite aflora las numerosas irregularidades cometidas durante la instrucción de atentados de la banda que impidieron su esclarecimiento.

El despropósito había permanecido oculto entre un manto de sumarios. Carpetas y papeles que escondían negligencias, errores y la pasividad de un sistema. Aquel modo de actuar, de investigar, o de dejar de hacerlo, derivó en impunidad para cientos de terroristas y en injusticia para sus víctimas. Ocurrió durante décadas, en particular las primeras, las más duras de la larga historia de ETA. Años en los que se acumulan muchos de los más de 350 asesinatos de la banda que siguen sin resolver, sin culpables conocidos.

Ahora un informe arroja luz sobre muchas de las razones que abocaron a aquellos sumarios, a aquellos expedientes, al sobreseimiento o a la prescripción por la inacción de la Justicia. La lista que revela la investigación llevada a cabo por Covite, la principal asociación de víctimas de Euskadi, es larga: huellas disponibles pero sin recabar, pruebas desaparecidas que no figuran en los sumarios, autopsias erróneas en las que ni siquiera se extraen las balas al cadáver, expedientes cerrados en menos de 24 horas o testigos de un asesinato a los que ni siquiera se toma declaración. Incluso se apunta un caso de la autoinculpación de dos miembros de la banda de un crimen que ni siquiera se incorporó al sumario.

El extenso trabajo llevado a cabo, titulado ‘Ni justicia, ni verdad. Informe sobre la realidad judicial de los casos de delitos de terrorismo sin resolver’, ha requerido más de tres años de investigación e indagación. Una de las conclusiones pasa por desmontar la idea que prevalecía hasta ahora de que en los primeros años del terrorismo de ETA la falta de medios y la amenaza de la banda fue la causa que explicaba las instrucciones insuficientes e incompletas.

El documento señala que fue más bien la falta de voluntad, la negligencia y la desidia la que motivo en muchos de los casos analizados que los expedientes se cerrasen sin apenas investigación, no se remitiesen al tribunal competente –la Audiencia Nacional- o que muchas de las pruebas recabadas se perdieran o ni siquiera terminaran constando en los sumarios. La ausencia de pruebas balísticas a los casquillos recogidos en el lugar de un crimen es otra de las carencias graves encontradas, una prueba sin la que difícilmente se podría vincular el arma de un terrorista a un determinado acto criminal.

Casos sin investigación

De los 50 expedientes analizados, en 18 casos ni siquiera hubo investigación. No se llevaron a cabo diligencias más allá de las básicas exigidas por la ley. Se han encontrado graves errores policiales y judiciales o incluso causas condicionadas por la evolución de las negociaciones del Gobierno con ETA. El propio magistrado Javier Gómez Bermúdez reconoció esta semana en Pamplona que la negociación para la disolución de ETA-PM influyó en el devenir de las causas que afectaban a esta rama de la banda terrorista para que no se frustrara su desaparición.

En la investigación se apunta incluso que más recientemente se ha llegado a expurgar expedientes relacionados con ETA en juzgados sin competencia para ello. La impunidad también se achaca en el informe a la inexplicable lentitud con la que la Justicia ha actuado en muchos casos de terrorismo. “No puede ser que se celebren juicio 25 años después de cometerse los atentados, lo cual no conduce más que a reiteradas absoluciones por prescripción”, se señala. 

La pérdida de sumarios en una madeja judicial es otra de las constantes en algunos de los sumarios que jamás tuvieron culpables. Es el caso del referido al asesinato del taxista Manuel Albizu, en 1973, acusado falsamente de ser confidente de la policía. Sólo la pericia de su nieto permitió recuperar en 2022 el sumario que hasta entonces constaba como extraviado. En él descubrió que figuraba la confesión de un etarra acusando a dos etarras, Kepa Leguina y José León, de haber participado en el asesinato de su abuelo. Nunca tuvieron que responder por este crimen.

Errores y desidia

La identificación de huellas o que ni siquiera se recogieran para su análisis posterior es una de las irregularidades más repetidas. Ni siquiera en algunos de los elementos empleados por los terroristas se llegaban a extraer huelas dactilares.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, asegura que este tipo de investigaciones están acreditando una vez más la negligencia con la que actuó la Justicia en muchos casos. Recuerda que con ETA cerca de la mitad de los asesinatos no tienen a día de hoy culpables o en muchos casos ni siquiera consta la verdad judicial sobre lo ocurrido. Reitera que con la acción de otros grupos terroristas, como los GRAPO, el porcentaje de casos sin esclarecer apenas es de un 7%. Asegura que la impunidad no se debió a la pericia de los autores de los crímenes sino a la desidia con la que actuaron muchos jueces, al no investigar o al ni siquiera solicitar la práctica de pruebas en la fase de instrucción de los casos.

Una denuncia que también reconoció el magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, quien ha reconocido que se cometieron errores y se actuó con mucha pasividad en muchos de los casos de aquellos años. Gómez Bermúdez reconoció que los jueves debían haber sido más proactivos en las investigaciones y solicitar más pruebas o incluso intervenir para que los casos no prescribieran.

La 'verdad judicial'

Hace años que Covite reclama la necesidad no sólo de esclarecer la autoría de los crímenes que siguen pendientes, sino también de que en los casos que no sea posible, al menos se les aporte una “verdad judicial” sobre lo ocurrido en cada caso. A ello suma su reivindicación de que a los presos de ETA se les exija de modo efectivo la colaboración con la Justicia para acceder a progresiones de grado.

La impunidad no sólo la denuncian en los procesos en los que ni siquiera llegaron a celebrarse juicio sino también en los que pese a haber sentencia esta es incompleta. Covite ha repasado cientos de sentencias emitidas en las que no se han depurado todas las responsabilidades. En ellas se condena sólo a una parte de los autores o ni siquiera a ninguno de ellos sino a responsables indirectos, colaboradores necesarios y los casos se cierran sin autores directos conocidos.

Ordoñez pone el ejemplo del asesinato del catedrático Manuel Broseta en 1993 en Valencia. Tras el juicio sólo fueron condenados los “autores intelectuales, quienes ordenaron su asesinato” pero no quienes realmente lo cometieron. Los sospechosos fueron absueltos. Incluso en el caso del asesinato de su hermano, Gregorio Ordoñez, su pretensión es que también paguen por ello quienes dieron la orden de matarle y no sólo los autores materiales.