El PP vasco dice que Euskadi «debe» gestionar Prisiones si
ETA se disuelve
La secretaria general del PP vasco, Amaya
Fernández, aseguró ayer que Euskadi « puede y debe » gestionar las prisiones
del territorio, una de las principales reclamaciones que el PNV va a poner
sobre la mesa al Gobierno central en las negociaciones de los Presupuestos
Generales del Estado ( PGE) de 2018 que arrancarán tras el verano. Una
transferencia fijada en el Estatuto a la que el Gobierno central se ha mostrado
reacio hasta la fecha, pero cuya materialización empieza a considerarse
factible con el final del terrorismo.
Este mismo mes le ha abierto la puerta por
primera vez el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, siempre que ETA se
disuelva. Ese mismo discurso articuló ayer Fernández al señalar que si Cataluña
ya ha asumido la competencia, el País Vasco también está en disposición de hacerlo.
« Pero no será de hoy para mañana » , matizó antes de asegurar que la
desaparición de la banda es condición « indispensable » para iniciar el
proceso. Igual que el ministro Zoido – y anteriormente su número dos, José
Antonio Nieto– ha empezado durante los últimos días a abordar con naturalidad
el traspaso de las prisiones, un proceso que ha permanecido bloqueado durante
décadas y que solo transcurrido un lustro desde el cese definitivo de la
actividad de ETA ha dejado de ser tabú, el PP vasco se suma ahora también a una
tesis que hasta la fecha le resultaba incómoda. Sus portavoces nunca han
ocultado sus reticencias e incluso han llegado a insinuar que el PNV no pone
especial énfasis en la materialización de la transferencia.
Política
penitenciaria
Con los presos de ETA situados en el
centro del debate político en Euskadi, los nacionalistas trasladan a la
sociedad cada vez que tienen oportunidad que recibir la transferencia de
Prisiones no supone tener la llave para acabar con la dispersión. Esencialmente,
la competencia solo permitirá al Gobierno Vasco hacerse cargo de los
funcionarios, de la seguridad y del mantenimiento de los centros penitenciarios
una vez que la asistencia sanitaria y la educativa están en manos de Lakua
desde hace años. Dicho de otro modo, los jeltzales pretenden dejar claro antes
de nada que la política penitenciaria va a seguir quedando en manos del
Ministerio de Interior pase lo que pase en las negociaciones de los
Presupuestos del Estado. Aclarado el matiz, lo que une a un posible traspaso de
la gestión de las cárceles vascas a Lakua y el cambio de la política
penitenciaria es que el Gobierno central condiciona cualquier paso a la
disolución de ETA, el arrepentimiento de sus reclusos y su colaboración con la Justicia. Unos
procesos, especialmente la desaparición de la banda, que el ministro no cree
que puedan registrarse a corto plazo, según reconoció el pasado 3 de agosto en
una entrevista a Europa Press en la que habló por primera vez de la legitimidad
del País Vasco para asumir la competencia penitenciaria.
Opinión:
Sin valorar si las competencias deben
estar en el centro o en el norte, leyendo esta información me asaltan las
mismas preguntas… si la banda terrorista ETA se disuelve ¿tendrán un premio?
¿también tendrán un premio para gestionar el asunto desde el propio gobierno
vasco?
Pero… ¿no decían que nadie tendría premio
ni recompensa por dejar de matar y disolverse?
Aclaro que solo pretendo recordar que, por
lo que me parece, alguien ha estado mintiendo durante mucho tiempo. Solo falta
que cada cual decida quien miente.
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