09 octubre 2021
Los proetarras no pierden el tiempo y exigen ya al Gobierno vasco que los terroristas sean “semi-liberados”
Aluden a razones de carácter “humanitario” sin dedicar una sóla línea a las víctimas y a los crímenes sin esclarecer
No han tardado mucho desde el entorno proetarra para presionar al Gobierno vasco con el fin de que proceda, sin dilación, a establecer una “política penitenciaria acorde con el tiempo actual, sobre criterios de humanización del sistema carcelario”.
Desde el pasado día 1, el Ejecutivo de Vitoria tienen las competencias penitenciarias. Lo que le piden, lisa y llanamente, es que ponga en semi-libertad (en la calle, en definitiva) a los reclusos terroristas con los medios legales de que dispone a partir de ahora.
Y le ponen los deberes:
--un modelo penitenciario caracterizado por personas presas que puedan cumplir sus penas en régimen de semilibertad, también en los casos de presos con largas condenas. A este respecto, Etxerat, la asociación que reúne a familiares de los reclusos, no hace otra cosa que recoger declaraciones de intenciones de responsables políticos vascos.
--Un total de 63 de presos terroristas se encuentran en la actualidad en alguna de las tres prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca (o en prisión domiciliaria supervisada por alguna de las mismas). “Instamos a la nueva Secretaría de Servicios Penitenciarios a que no mantenga las medidas de excepción que se les ha venido aplicando desde hace más de 30 años, posibilite que continúen su recorrido jurídico-penitenciario y proceda a acelerar la aplicación de las opciones que la ley y el reglamento penitenciario contemplan para la pronta reintegración de todas y todos”, exigen.
--En la misma lógica, “solicitamos al Gobierno español que proceda de inmediato al traslado a las cárceles del País Vasco de las 99 presas y presos que aún se encuentran en prisiones de la periferia o alejadas de Euskal Herria”, incluidos los que están en Navarra y que dependen de Madrid.
--Además del acercamiento, “pedimos al Gobierno español que, tal como permite y aconseja la ley, traslade clasificados en 3º grado a otros 71 presos, por razón del tiempo de prisión ya cumplido. Es más, 26 de ellos y ellas estarían en condiciones de que se les abriera inmediatamente expediente de libertad condicional por haber rebasado la barrera de los ¾ partes de cumplimiento de condena”.
- “No se puede seguir poniendo obstáculos para avanzar hacia la sociedad sin presos, garantía imprescindible para el logro de la convivencia. No podemos seguir otras tres décadas bajo políticas y medidas de excepción aplicadas por los estados español y francés, por sus gobiernos, tribunales e instancias penitenciarias. Diez años después del fin del ciclo de violencia (así denominan al terrorismo), ha transcurrido el suficiente tiempo para afrontar la desactivación del régimen de excepcionalidad que bloquea el camino de la convivencia y el del recorrido de nuestros familiares hacia la reintegración y la libertad”.
Según la abogada Onintza Ostolaza, en la actualidad casi la totalidad de los presos y presas, se encuentran clasificadas en segundo grado. Esto junto a los acercamientos, son un avance, pero desgraciadamente, todavía rige la excepcionalidad”. “Esperamos que desde el Gobierno vasco se haga otra política penitenciaria con todos y todas las presas, y realmente se apueste por el cumplimiento de la pena en régimen abierto; también con nuestras defendidas, sin hacer diferencias, pero para ello hace falta mucho más que voluntad. Con las leyes de excepción vigentes y Tribunales y Fiscales de excepción, que responden a otros tiempos y otros impulsos, necesitaremos mucho más que palabras y voluntades”.
En medios próximos a las víctimas del terrorismo, que no son citadas en ningún momento, se teme que las concesiones de los regímenes de semi-libertad se extiendan rápidamente y que, conforme sean trasladados al País Vasco nuevos reclusos, aumente el número de los beneficiados.
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