17 junio 2023
La Audiencia Nacional revisa si los concejales de Bildu condenados por terrorismo han pagado la responsabilidad civil
Dignidad y Justicia pide al Estado que reclame el pago de la responsabilidad civil a los cargos electos de EH Bildu condenados que no la hayan abonado.
La Audiencia Nacional ha comenzado ya a estudiar caso por caso si los concejales electos en las municipales que se presentaban por EH Bildu y que cuentan con condenas por delito de terrorismo han satisfecho la responsabilidad civil derivada de sus delitos, según señalan a fuentes jurídicas.
Lo hace después de que la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) lo haya solicitado en un escrito remitido al Servicio Común de Ejecutorias, recogido por esta agencia de noticias, en el que señala que, en caso de que corresponda, se proceda a reclamar esa indemnización.
La asociación presidida por Daniel Portero interesa que se revise no solo a los candidatos electos en este 2023 sino también a los que fueron elegidos en las de 2019 y 2015. Además, aporta un listado de hasta 21 representantes de la formación con las condenas de cada uno de ellos para que se revise caso por caso. Quiere que una vez se conozca si han hecho frente o no a esas indemnizaciones se proceda a reclamarles las cantidades a las que fueron condenados y que fueron aportadas previamente por el Estado por subrogación.
Ahora, el Servicio de Ejecutorias, según las mismas fuentes, ha puesto a revisar cada uno de los nombres a dos Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y además ha dado traslado del asunto a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y al Ministerio del Interior para que se pronuncien al respecto.
El Estado puede reclamar
En su escrito, DyJ recuerda que "han sido muchas las personas presentadas como candidatos por la formación política EH Bildu condenadas por delitos de terrorismo, entre ellos, asesinatos, estragos, pertenencia o colaboración con organización terrorista", y añade que el Estado "puede reclamar la responsabilidad civil derivada del delito de terrorismo a los condenados por el mismo, previamente satisfecho por éste", tal y como recoge la ley.
Así, DyJ insiste en que a todos los candidatos que han sido elegidos y a otros que a día de hoy siguen siendo concejales y que "van a pasar a cobrar o están cobrando un sueldo del erario público" se les examine por parte de las distintas secciones de este Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Esto permitirá conocer cuales de ellos tienen la responsabilidad civil sin satisfacer, y entonces se les podrá reclamar "mediante los instrumentos legalmente establecidos, como el procedimiento administrativo de apremio", añade.
Apunta la asociación que el Reglamento General de Recaudación permite averiguar los bienes, vehículos, cuentas, depósitos, sueldos públicos y cualquier otro activo patrimonial con el que hacer frente a la responsabilidad civil derivada del delito terrorista cometido por cada uno de los concejales elegidos y que cuentan con condenas de delitos por terrorismo.
Así, se podría dar la circunstancia de que los concejales de EH Bildu que comenzaran a recibir un sueldo público por ejercer el cargo político para el que han sido electos vieran cómo se les embarga el mismo para hacer frente a esa responsabilidad civil no satisfecha.
Postura de la fiscalía
En las semanas previas a las municipales y autonómicas, esta asociación pidió a la Fiscalía que investigara si las 44 personas condenadas por su pertenencia a ETA que iban en listas electorales de EH Bildu habían cumplido su pena de inhabilitación y que, en caso contrario, fueran anuladas sus candidaturas.
El Ministerio Público abrió y automáticamente cerró la investigación sobre esos 44 candidatos al determinar que no había delito ni causa de inelegibilidad. Además, por decreto, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que rechazaba activar el proceso de ilegalización de Bildu al considerar que no se daban las circunstancias exigidas para ello en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (LOPP).
Esta respuesta llegaba después de que DyJ interpretara que llevar a 44 etarras condenados en listas suponía incurrir en las causas que establece la Ley de Partidos para ilegalizar formaciones políticas.
Finalmente, y a tres días de la celebración de las elecciones, DyJ presentó una nueva denuncia, esta vez ante la Junta Electoral de zona de Donostia para poner en su conocimiento que una de las candidatas de EH Bildu, la décima por la localidad de Astigarraga Sara Majarenas Ibarreta, era inelegible porque está inhabilitada por sentencia firme hasta 2028. A las pocas horas, Majarenas era excluida por la Junta Electoral.
Opinión:
Pues supongo que obtener esta información no debe ser demasiado difícil ni demasiado farragoso… porque doy por supuesto que la labor de las administraciones competentes ya está actualizada al día ante estas circunstancias que marca la propia legislación.
¿O es que no está actualizada la mencionada información?
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