26 marzo 2013 El Pais

26 marzo 2013

 

 

Interior bloquea la ‘vía Nanclares’

Tras apoyar la ‘doctrina Parot’, el Gobierno evidencia que será duro con los disidentes de ETA

El juez de vigilancia decidirá ahora sobre dos excarcelaciones y una semilibertad

No más terceros grados ni semilibertades. El Gobierno de Mariano Rajoy parece tener la voluntad de hacer explícito, y en este momento, el parón que se ha producido desde hace meses respecto a la situación de los presos de ETA. El stand by incluye también a los de la denominada vía Nanclares, que se acogieron a la reinserción individual y renunciaron a la violencia durante el anterior mandato socialista.

Mientras, el Ejecutivo vasco del PNV está trabajando en otra dirección, y a la espera. Los postulados que defienden el lehendakari Iñigo Urkullu y los suyos no se parecen en nada al inmovilismo por el que ha optado el PP. Pero los nacionalistas vascos, por sí mismos, poco pueden hacer. Necesitan de la colaboración del Gobierno de la nación —que maneja en exclusiva las competencias penitenciarias, salvo en Cataluña—, para cualquier cambio real de rumbo.

Una de las últimas decisiones del Ministerio del Interior, que en realidad es del pasado septiembre pero que se ha conocido este fin de semana, ha sido denegar el tercer grado a los reclusos de la banda Iñaki Recarte y Kepa Pikabea y el régimen de semilibertad a Aitor Bores. Las medidas habían sido propuestas por la junta de tratamiento de la prisión.

Los tres son disidentes declarados de ETA que han cumplido con lo que dispone la ley: renunciar a la violencia; pedir perdón a las víctimas —en el caso de Recarte y Pikabea han participado también en los encuentros cara a cara con víctimas del terrorismo auspiciados por los anteriores Gobiernos nacional y vasco, ambos socialistas—; y comenzar a hacer frente a las indemnizaciones civiles. Recarte está ya en el régimen de semilibertad; es decir, en estos momentos puede salir de prisión a diario para trabajar, pero el tercer grado le permitiría una autonomía mayor.

El bloqueo no solo se ha evidenciado con este caso. Durante los últimos meses se han denegado salidas (a históricos de la banda como Joseba Urrusolo Sistiaga, Valentín Lasarte o Rafael Caride Simón); se han recortado en algún caso los días fuera de la cárcel que suelen pasar los que están en semilibertad; han tardado en concretar los cupos anuales de permisos...

La decisión sobre Recarte, Pikabea y Bores está ahora en manos del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, que decidirá en los próximos días y que tendrá que asumir, solo, la responsabilidad de seguir adelante con los terceros grados u optar por el criterio de Interior de denegarlo todo. Y, sea cual sea el sentido de la resolución del magistrado, Interior siempre podrá hacer valer ante las víctimas que el ministerio se opuso a cualquier concesión y que, al igual que defiende con ardor la doctrina Parot ante Estrasburgo, también discute los beneficios penitenciarios.

Desde Prisiones se insiste en que esto no significa nada; que la vía de la reinserción sigue abierta pero que en estos tres casos no se cumplían los requisitos. Sin embargo, al plan de reinserción del actual Gobierno no se ha sumado un solo preso hasta el momento y lo único que estaba en marcha, la vía Nanclares, se ha parado.

Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, cuestionó ayer que los beneficios penitenciarios se traten como “privilegios”, cuando son “derechos” reconocidos. “No se puede hacer del cumplimiento de la ley un traje a la medida de la coyuntura”, criticó en una entrevista a Onda Vasca.

Entre los presos acogidos a esta vía (en su mayoría ahora en la nueva cárcel de Zaballa) reina una inquietud que viene de lejos. Ya mientras gobernaba el PSOE tuvieron algunas quejas con los tiempos, y con cómo, según su punto de vista, se iban escalonando los permisos y las semilibertades en función de criterios de oportunidad política. Ellos consideraban que habían cumplido con su parte del trato: verificar los requisitos estipulados en el Código Penal con el gran coste personal de convertirse en disidentes de una organización terrorista. Y decían que los beneficios llegaban con cuentagotas.

El colectivo oficial de presos, además de rechazar frontalmente su postura, consideró siempre que los de Nanclares tampoco habían conseguido gran cosa y dependían de los vaivenes del Gobierno de turno. Siempre han sostenido que la reinserción que propone el Ejecutivo, a la vista de los resultados de la vía Nanclares, carece de credibilidad.

Mientras gobernó el PSOE, en todo caso, los presos poco a poco fueron logrando permisos y semilibertades. Cuando el PP llegó al poder, impulsó durante los primeros meses tres terceros grados y algunos acercamientos de presos enfermos a cárceles vascas. Pero, desde el verano pasado, tras la polémica desatada con el preso Iosu Uribetxeberria Bolinaga —que fue excarcelado por enfermedad después de declararse en huelga de hambre—, el Gobierno frenó en seco cualquier movimiento sobre los presos de ETA, que pudieran recriminarle las víctimas. Ahí se ha quedado.