20 noviembre 2020 La Vanguardia

20 noviembre 2020 

 

 

Algunas asociaciones al Gobierno por el acercamiento de presos o los apoyos de Bildu en el Congreso, y apuestan por la reconciliación

La lectura del nombre de las víctimas de ETA en el debate de la moción de censura de Vox al Gobierno por parte de la ultraderecha, el acercamiento de algunos presos a Euskadi y el apoyo de EH Bildu a los presupuestos generales del Estado ha puesto el conflicto vasco sobre la mesa otra vez, a pesar de los años de paz. La derecha carga contra el Ejecutivo de coalición día sí día también por el respaldo comprometido por la izquierda abertzale, a los que considera los herederos de la banda terrorista. E incluso algunos barones del PSOE se han quejado en público.

En este contexto, algunas víctimas de ETA o familiares de ellas que no militan en asociaciones como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han rechazado la postura de PP, Ciudadanos y Vox sobre esa cuestión. Son aquellas que apuestan por la normalización y por superar el conflicto y la confrontación –en palabras del periodista Antoni Batista, autor de ETA i nosaltres (Pòrtic), las víctimas que miran por el parabrisas y no por el retrovisor– e incluso han sido “insultadas y maltratadas” en las redes por mostrar una posición discrepante respecto a esas cuestiones, tal y como denunció la asociación por la paz Foro Social.

El periodista Gorka Landaburu, víctima de ETA, defiende el acercamiento de los presos a Euskadi y también recibió críticas por ello cuando dijo que se alegraba por el traslado de una presa que participó en el envío de una carta bomba que le mutiló parte de una mano, aunque esa alegría no era por ella, sino por sus familiares.

Hace unos días destacó en declaraciones a Radio Euskadi la importancia de que Bildu haya pasado de “apoyar las bombas a hacer política” y aseguró que “no es ningún regalo” trasladar a los reclusos a cárceles cercanas a Euskadi sino que forma parte de “cumplir la ley” y “avanzar” –mientras tanto el PP sugería ayer en La 1 por boca de Antonio Pablo González Terol que algún diputado abertzale podría haber participado en atentados–. “Un barrote de una celda en Sevilla, en Cádiz o A Coruña tiene el mismo barrote en Nanclares o en la cárcel de Basauri”, remarcó. Así, señala que los acercamientos evitan “dar un argumento mayor a la izquierda abertzale, que siempre se queja, con razón”, del alejamiento y la dispersión de los presos, y que solo favorece que hagan “victimismo”.

Mauria Jauregi, hija del socialista Juan María Jauregi, reprochó al instante que Vox usara el nombre de su padre en el debate de la moción y estos días ha recriminado al PP que crispe a raíz del apoyo de la izquierda abertzale a las cuentas públicas en más de una ocasión. Por ello, como las hijas de Lluch, recibió también insultos y ha sido desacreditada. Algo parecido le ha sucedido a Maixabel Lasa, su madre, o a Josu Elespe, hijo de un concejal socialista asesinado.

Rosa Lluch, hija del socialista Ernest Lluch asesinado hace 20 años, afirmó esta semana en el programa Café d’idees de La 2 que lo que piensan ella o la hija de Jauregi es lo piensan muchas víctimas que “no pueden decirlo en público” porque no tienen su “altavoz”. “Víctimas somos muchas y somos plurales, cada una tiene su forma de pensar”, dijo en ese mismo programa Jauregi, que pidió “respeto para su forma de pensar” y reveló que le han llegado a llamar “filoterrorista”. “Es doloroso y complicado que no nos dejen pensar”, remató Lluch.

Sobre la política penitenciaria, también se pronunciaron. “No tiene que afectarnos que los presos estén una cárcel u otra”, apuntó Lluch, que se postula para liderar a los comunes por la circunscripción de Girona en las próximas elecciones catalanas. “Si el objetivo de la política penitenciaria es la reinserción, qué menos que estén cerca de casa”, matizó Jauregi.

Además, llamaron la atención sobre el hecho de que en el Congreso haya partidos que se erigen en defensores de las víctimas del terrorismo, pero, en cambio, no apoyan a las de los atentados de Barcelona del 2017. “De ETA se habla cuando el PSOE gobierna y pacta con la izquierda. Parece que hay gente que saca réditos políticos y le interesa la sensación de que ETA sigue existiendo. Es una sensación muy peligrosa porque reabre heridas”, advirtió Lluch. “Hay partidos que consideran que se pueden reclamar los derechos de las víctima de ETA, pero no el de las del franquismo, a lo que ponen trabas”, añadió. Ambas sostuvieron un relato distinto al de las asociaciones.

Paul Ríos, activista por la paz y excoordinador del movimiento social Lokarri, cree que toda esta tensión “no pone en riesgo la construcción de la paz en Euskadi o la normalización de la convivencia”, pero sí señala en conversación telefónica con La Vanguardia que “añade dificultades”. Y entiende que en ese camino que afiance la convivencia también entra la “normalización de la política penitenciaria”, aunque está en manos del Estado.

En ese sentido considera que hay una “brecha importante en el relato de estos últimos diez años” entre Euskadi y el resto de España y entre ambas sociedades. “Hay una visión distinta de cómo ha ocurrido todo y en la mirada al futuro”, añade.

El activista de la entidad que se disolvió en 2015 al entender que se había alcanzado el objetivo de la paz, afirma que en Euskadi ya tienen “las herramientas políticas” para garantizar la convivencia, pero recuerda que también debe entrar ahí la política penitenciaria. “Si la sociedad española se mueve en claves del pasado, sin amplitud de miras y con la intención de aplicar todo el peso de la ley y cree que ETA no ha desaparecido y que no se le ha derrotado porque ahora está Bildu, no ayuda”, asegura. “Quizá al Gobierno le falta apoyo social para resolver esta cuestión”, añade.

Además, lanza otro aviso: la utilización del conflicto vasco por una parte de las formaciones españolas con fines políticos y electoralistas “complica que esos asuntos se aborden con la tranquilidad y el sosiego que requieren”. “En Euskadi se entiende todo perfectamente y hay un consenso amplio sobre el acercamiento de los presos, por ejemplo, y nadie lo usa”, concluye.

El director del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), Kristian Herbolzheimer, señala que pasar de “un escenario de confrontación con violencia a la confrontación de las ideas”, como es el caso de Euskadi, “obliga a adaptar los discursos, los lenguajes y hasta las relaciones”.

Herbolzheimer cree que “en un contexto de ausencia de violencia lo que era impensable con violencia tiene que normalizarse”. “En el caso concreto de Euskadi era impensable que la izquierda abertzale pudiera mantener una conversación política desde la confrontación de ideas con sectores como el PP. Eso, con el tiempo, tiene que ser normal”, asevera. Y apunta a que esas conversaciones no solo son deseables a nivel político, sino que también a nivel social.

Aunque no todo es un camino de rosas. El director del ICIP remarca que “cuanto más largo ha sido el conflicto es más difícil cambiar ese hábito”. “Los procesos de transición son procesos de duelo y hay que acostumbrarse a relacionarse de una manera que es diferente a como se había producido esa relación anteriormente”, considera.

Más allá de la cuestión de ETA, señala que “España tiene un problema estructural muy profundo de no saber, de no tener experiencia y de no haberse tomado en serio la necesidad de hablar sobre el pasado con propósitos sanadores y no con propósitos vengativos”. Pone de ejemplo que todavía hoy “aún es polémico abrir una fosa común de hace 80 años”, algo que, subraya, es “inconcebible” en otros países de Europa o Latinoamérica.

Es consciente de que hay gente a la que “le cuesta mucho salir de la trinchera y cambiar el lenguaje y el tipo de relaciones” y admite que es normal que ese procese dure un tiempo y que no haya cambios significativos de un día para otro. Pero ve “muy preocupante” y como “un síntoma muy enfermizo” que se haya insultado a víctimas del terrorismo “por lo que dicen o piensan y por no ser lo suficientemente puras en relación a lo que otros creen que deberían hacer o pensar”. “Es increíble que en vez de reconocer a las víctimas que eluden el discurso de la confrontación por su valor y su contribución a la sociedad, sean criticadas”, añade al respecto.

Explica, siguiendo ese hilo argumental, que “cuando esas personas salen de su zona de confort y del sector al que se les asocia hacen gestos que construyen paz por su cambio de lenguaje y por hablar con el que es diferente”, y opina que la actitud del PP y de otros partidos responde a un interés mercantil político, pero también al hecho de que “la política española se regodea mucho en la crispación”.

Asimismo, cree que es “muy poderoso” el mensaje de esas víctimas. “No se les puede exigir que lo hagan, pero si lo hacen, contribuyen”, concluye Herbolzheimer, no sin añadir que también falta “un gesto por parte del mundo abertzale y que se diga que en ningún caso está justificado el asesinato de otra persona por sus ideas políticas”.

Pero va más allá y afirma que “también falta un gesto del Estado y que reconozca que hubo tortura en el País Vasco y que pida disculpas por ella” porque “hay diferentes grados de responsabilidades” y “todas las responsabilidades, como los hechos, deben ser conocidas”. “Se trata de que se conozca la verdad de todas las violencias y de todas las víctimas sin que eso implique equiparar el sufrimiento de victimas y asesinos o el de las victimas y los reclusos, porque sin una verdad de todas las perspectivas es muy difícil avanzar”, sentencia.

En un camino parecido al que marca el director del ICIP, aunque en la otra dirección, Lasa había afirmado en 2018 en Radio Euskadi que los presos de ETA arrepentidos son “los mayores deslegitimadores del uso de la violencia”.