11 noviembre 2020
Miguel, que vivió la masacre en primera persona, reclama revisar los protocolos
«Todo empezó con muchos gritos y yo pensando que estaban desalojando amanteros...». Ese 17-A, Miguel López,de 63 años, había acompañado a su hija Elisabeth, de 24, a una tienda cercana a la Boquería cuando la furgoneta fatídica se cruzó en sus vidas. «De repente, vi a gente volando por los aires y solo tuve tiempo de empujar a mi hija porque se nos venía encima... A mi me pasó por el lado», narra a ABC todavía conmocionado. Este vecino de San Adrián del Besós, en silla de ruedas desde hace años, pensó en una explosión. Se temía lo peor.
Entre los horribles recuerdos de ese
Entre los horribles recuerdos de ese día no se olvida de cuando él, atrapado entre gente herida, le gritaba a su hija que huyera y ella le respondía que no se marcharía de allí sin él. También se llevó un fuerte hematoma en la pierna que le requirió atención médica después de que un cuerpo cayera encima suyo. «No sé si era hombre o mujer, solo que no se movía y que llegué a abrazarlo...», explica. Además de eso,l a pesadilla que vivió, también cuando todo había acabado y vio los cuerpos de las víctimas en el suelo; le han acompañado desde entonces. Él ha podido ser reconocido como víctima, pero no su hija, que «vivió y padeció lo mismo que yo, excepto el hematoma».
«Cada trámite te remueve»
Al shock del 17-A, Miguel le ha tenido que sumar la indignación por el pésimo trato recibido. En el primer año solo les llamaron desde los servicios sanitarios. No hubo nada más hasta que supo que el Ayuntamiento de Barcelona buscaba a afectados y contactó con la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (Uavat), que le ha asesorado desde entonces. «No sabes tus derechos y nadie te los cuenta. Tienes que hacer trámites, partes de lesiones, visitas a forenses y a los juzgados... y todos ellos te remueven. Yo me he sentido víctima por duplicado: por haber estado en el sitio y lugar de un atentado pero también por el abandono oficial y exceso de burocracia», lamenta. Él recibió, hace unos cinco meses, una primera «ayuda inmediata»: poco más de 1.000 euros, aunque le reconocen unos 3.000 por su caso. «La parte eco-nómica es lo de menos: hay que revisar protocolos para que a otros no les vuelva a ocurrir», clama.
A pesar de sus peticiones, Miguel cree que el 17-A puede volver a ocurrir en cualquier momento sin que se hay conseguido un nuevo marco de atención a las víctimas. La Uavat por ejemplo, ha asistido 217 personas, de las que solo 73 estarán personadas –a través de la asociación 11-M. Las cifras no se asemejan a las del Gobierno, que hace tres meses tenía reconocidas a 116 víctimas y se han denegado 235 expedientes.
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