01 marzo 2021 (2) La Vanguardia

01 marzo 2021

 

La larga sombra de Intxaurrondo

Las últimas grabaciones han recordado el periodo más oscuro de este cuartel de la Guardia Civil en San Sebastián 

El reciente fallecimiento del exgeneral Enrique Rodríguez Galindo y las grabaciones publicadas la pasada semana sobre la muerte de Mikel Zabalza y el caso Lasa y Zabala han vuelto a sacar a la luz pública la etapa más oscura del cuartel de Intxaurrondo. Los guardias civiles que estuvieron allí destinados viven con incomodidad las noticias que retrotraen a aquellos años y ponen de relieve el contexto en el que vivían. En el polo opuesto, una parte de la sociedad vasca sigue viendo con algo más que desconfianza este enclave.

Las consecuencias positivas del nuevo tiempo que vive Euskadi son patentes en todos los rincones de la geografía vasca. También en Intxaurrondo, aunque va a otro ritmo. Cuando se cuestiona a quienes vivieron allí sobre algunos casos atroces vinculados al cuartel, aluden a las heridas relativas a su vivencia personal, los comandos desarticulados o hablan de “los 100 de Intxaurrondo”. Se refieren a los 92 guardia civiles que ETA mató en Gipuzkoa, la mayoría vinculados a este cuartel. Y esa descarnada realidad condiciona el diálogo sobre el pasado y el presente de este enclave.

En algunos casos, no obstante, reconocen excesos y algo más que eso: graves vulneraciones de los derechos humanos. En otros, prefieren no entrar en la cuestión o explican que se trató de “estigmatizar” al cuartel, “agrandando los hechos para justificar el terrorismo y desacreditar la lucha antiterrorista”.

Juan Luis es uno de los agentes que defiende esta tesis. Llegó al País Vasco en 1991, después de pasar por la Academia de Baeza y por un pueblo de Madrid. Con 21 años se plantó en el cuartel de Irun. A las pocas semanas sufrió un atentado que le dejó “importantes secuelas” y le hizo “coger miedo”. Tras un breve retorno a Madrid, en 1995 volvió a Euskadi, a Intxaurrondo.

“Salir era peligroso y vivíamos metidos en el cuartel, que era como una ciudad. Incluso dentro, nos atacaron con lanzagranadas. La tensión que vivíamos, el conocido como síndrome del norte, contrastaba con la impresión que nos causó vivir en una tierra que nos parecía mágica”, explica.

En aquellos años llegaron a convivir 3.000 guardias y familiares en Intxaurrondo. Hoy, sin embargo, un porcentaje importante del millar de agentes de la Guardia Civil destinados en Gipuzkoa vive junto a sus familias fuera del cuartel. “La situación no tiene nada que ver”, indican.

Hijo de un guardia civil destinado allí desde principios de los años 80, José Domínguez pasó su infancia y adolescencia en el cuartel. Es de los que opina que se hicieron “cosas muy mal”, aunque considera que se ha creado “un mito” alrededor de Intxaurrondo. Los recuerdos sobre sus 20 años en este acuartelamiento están salpicados de vivencias poco comunes y la constatación de que no vivió “una infancia normal”. “En el barrio me han pegado mucho por ser hijo de pikoleto, pero fui un niño feliz. Después, en el colegio, hice amigos de todas las ideologías y, con respeto, siempre nos hemos llevado bien”, asegura.

En todo caso, se muestra escéptico sobre la conveniencia de poner encima de la mesa cuestiones sin cerrar que, como se ha visto durante los últimos días, aún colean. “Soy partidario de pasar página”, indica.

En sentido opuesto se posiciona el periodista Miguel Ángel Llamas. Junto a la cineasta Amaia Merino, acaba de estrenar el documental Non dago Mikel? (sobre el caso de Mikel Zabalza, que fue hallado muerto tras ser detenido). Desde su punto de vista, es “muy importante que todas las vulneraciones de derechos humanos salgan a la luz”, “sobre todo aquellas que provoca el Estado” por su deber de garantizar el bienestar de la ciudadanía. “Las víctimas necesitan que se reconozca lo ocurrido para poder pasar página, y la sociedad vasca necesita que se sepa la verdad para que esto no vuelva a suceder”, añade.

Llamas niega de plano que estas prácticas fueran una excepción: “La tortura se empleó durante muchos años. De hecho, se dejó de torturar sistemáticamente en Intxaurrondo cuando algunos forenses vascos comenzaron a denunciarlo y hubo algunas sentencias condenatorias”. Según critica, a partir de entonces “empezaron a llevar a los detenidos a Madrid”, donde “continuaron” los abusos “sin miedo a que los forenses de la Audiencia Nacional dijeran nada”.

Estas alusiones reflejan la visión que una parte de la sociedad mantiene sobre Intxaurrondo y, en general, sobre la cuestión de los abusos policiales. Los esfuerzos de la Administración vasca, de la mano del forense Paco Etxeberria (su informe documentó 4.113 casos de tortura), por arrojar luz no han servido para zanjar el debate. La cuestión incomoda a algunos sectores y preocupa a otros, que creen que abrir el cajón puede ser utilizado para contemporizar la violencia de ETA. Aluden también a los crímenes sin resolver de la banda.

El debate es recurrente. Y parece irreconciliable. Aunque también hay un factor para el optimismo: el tiempo. Al cese de la violencia le siguió una voluntad evidente de mirar hacia delante sin distraerse demasiado con el pasado reciente. Ahora, sin embargo, con más perspectiva y sosiego, se aprecia un interés creciente por abordar incluso las cuestiones más espinosas.