03 març 2023 (2) Ara Info (opinió)

03 març 2023 

"Víctimes en so de pau": un altavoz para la verdad, la justicia y la reparación

El periodista e investigador catalán Àlex Romaguera firma este libro construido con los testimonios de 15 familiares de personas asesinadas por motivaciones políticas en el Estado español. Sus relatos "tienen un valor humanizador, y ponen al Estado delante de un espejo que no le gusta: mientras unas víctimas han sido reconocidas, otras han sido ninguneadas y despreciadas".

2 de marzo de 1974. El militante antifranquista y libertario del MIL, Salvador Puig Antich, es asesinado en la prisión Modelo de Barcelona. Condenado a muerte por un Tribunal Militar hace ahora 49 años, fue el último ejecutado por medio de garrote vil. 3 de marzo de 1976. En Gasteiz, cinco trabajadores son asesinados y más de cien heridos, la mayoría de bala, por los disparos de la policía armada española al desalojar una iglesia, previamente gaseada, en la cual se celebraba una asamblea. Se cumplen 47 años. Hoy, sus familias, amistades, compañeras y compañeros continúan luchando por la memoria y la verdad, por justicia y reparación.

Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, y Pilar Barroso, hermana de Romualdo, obrero asesinado en Gasteiz, son dos de las voces que construyen "Víctimes en so de pau" (Pagès editors, 2021). Una crónica valiente contra el silencio y la impunidad de Àlex Romaguera (Barcelona, 1970), periodista e investigador, colaborador de El Temps, el diario vasco Gara y la Directa, especializado en movimientos sociales y en la lucha por los derechos humanos y la memoria. En las páginas de su libro, ha unido los testimonios de 15 familiares de personas asesinadas por violencia política en el Estado español en el último medio siglo, ya sea por acciones de ETA, los GAL, la extrema derecha o el yihadismo. Víctimas diferentes pero con un denominador común.

¿Qué te empuja a escribir este libro?

En 2010 o 2011 conocí, mientras trabajaba en un medio de comunicación catalán (El Triangle), el caso de Robert Manrique que se puso en contacto con esta revista porque había recibido una carta de Rafael Caride Simón [condenado como ideólogo del atentado de Hipercor en Barcelona en 1987]. Me encargaron a mí el tema y entré en lo que era la situación en la que viven víctimas de grupos armados y los victimarios. Paralelamente, tuvo conocimiento que en Euskadi se estaban desarrollando los encuentros restaurativos (2011-2012) entre familiares de víctimas de ETA y sus victimarios. Esto me acercó a ese colectivo de víctimas que me pareció relevante en la medida de que lejos de instalarse en el discurso del odio, la venganza o el rencor, encontraban que su testimonio, y entablar un diálogo con sus victimarios, podía allanar el camino del proceso de paz en Euskal Herria, y más cuando ETA ya había declarado la tregua definitiva en octubre de 2011.

Esto tendía un horizonte donde el papel de las víctimas podría tener una relevancia. Por una parte, me interesó a nivel periodístico dar esa voz; y al mismo tiempo, para mí era un ejercicio ético porque esas voces contrastaban con el discurso monolítico que hemos escuchado, que se vincula a través de la derecha, de esas víctimas que tienen un discurso basado en la venganza y el castigo, de buenos y malos, muy centrado en el nacionalismo español. Era relevante la noticia de esos encuentros. Y era importante dar voz a esas víctimas, personas que para mí son una referencia ética, que aportan una mirada constructiva para resolver los conflictos, desde el diálogo, la conciliación, el reconocimiento del otro, y de la vida humana.

El libro se construye con un conglomerado muy variado de voces. Son 15 entrevistas a familiares de personas que han sufrido algún tipo de violencia política en el Estado español en los últimos 50 años, víctimas de ETA, el GAL, de grupúsculos de extrema derecha y del yihadismo. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Por qué estas personas y no otras?

Empecé con una lista bastante amplia, de unas 40 o 50 personas, que compartían, no solo el rechazo a la violencia como método para dirimir los conflictos, sino también la necesidad de exigir verdad, justicia y reparación para todas las víctimas independientemente de su color político o cuál fuera el victimario. Y todas ellas me parecían interesantes porque habían padecido una doble victimización. Es decir, el daño por la muerte de su familiar, pero también el desprecio del Estado al no dedicarles ni un acompañamiento psicológico ni reconocerlas como víctimas también. Y por otro lado, porque habían experimentado todas ellas un proceso de resiliencia con el cual, sin dejar de lado el drama que les acompaña toda la vida, han hecho de eso un motor para implicarse en procesos de diálogo y de paz. Son personas proactivas en defensa de la justicia, de los derechos humanos. Y lo que quería era visualizar que en esos 50 años de historia, desde el tardofranquismo, la llamada “transición”, y hasta la actualidad, ha habido víctimas de todos los colores. Y que la violencia ha sido un método utilizado permanentemente, de forma sistemática, que hay muchas víctimas que no han sido reconocidas, de perfiles muy diversos. Que dentro del más de millar de personas asesinadas, hay detrás un colectivo, que son los familiares directos. Y dentro de este colectivo hay algunos familiares que, a mi entender, su voz es muy pedagógica porque nos insta, nos emplaza, a trabajar por una sociedad más justa, más resiliente, donde no haya víctimas de primera y de segunda, ni asesinatos de primera y de segunda. Que tenemos que avanzar a una sociedad donde se respeten los derechos humanos, a una sociedad donde el diálogo, la colaboración, estén en el centro de todas las actividades cotidianas y políticas.

En el libro encontramos desde los testimonios de Pilar Manjón, madre de un chico asesinado en los atentados yihadistas, a Guillem Agulló, padre de antifascista valenciano, a Mavi Muñoz, madre de Carlos Palomino, hasta Rosa Rodero, mujer de un ertzaina que hoy se manifiesta en favor de los derechos de las y los presos vascos. O por ejemplo, María Rueda, hermana de Agustín Rueda, sindicalista libertario asesinado en Carabanchel en 1980. Todas ellas tienen un nexo común, son personas que han transformado ese duelo en un activo para dar lo mejor de sí mismas y posicionarse por una sociedad más justa. Su relato tiene un valor humanizador, y pone al Estado delante de un espejo que no le gusta: mientras unas víctimas han sido reconocidas, otras han sido ninguneadas y despreciadas. Para mí tienen ese elemento en común, pese a ser de contextos y de periodos políticos diferentes, son todas personas que han hecho del dolor un motor para exigir los tres derechos básicos: verdad, justicia y reparación, y, después, reconocimiento y garantías de no repetición. Son referentes morales.

Has comentado algunas cosas interesantes que tenía apuntadas para la reflexión. La instrumentalización por parte de las derechas y la ultraderecha de las víctimas de ETA, buscando esa especie de “venganza”, e imponiendo un relato único, en contraste con mujeres como Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, o Rosa Rodero, viuda del sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, que se han posicionado abiertamente en espacios por el diálogo y la convivencia.

Aparte de ese episodio que te comentaba, que me permitió sumergirme en este mundo, hay después dos encuentros de víctimas muy paradigmáticos, de diferentes trayectorias, muy interesantes. Uno es en 2014, en la parroquia San Carlos Borromeo de Madrid. Y la otra, en 2015, que se quería hacer en el Congreso pero PP, PSOE y Ciudadanos se opusieron, y se hizo en el Auditorio Marcelino Camacho de la capital del Estado. Allí, Rosa Rodero, Pili Zabala, Axun Lasa, incluso la nieta de Carrero Blanco, se reunieron para exigir al Estado que actúe para que no haya víctimas de primera y de segunda, que todas las víctimas sean atendidas de igual forma y que el Estado tiene que emprender una serie de reformas para que no haya episodios silenciados, que no se continúe con la impunidad. Es decir, reformas estructurales para avanzar a una sociedad donde se respeten los derechos humanos y donde la violencia no tenga cabida. Estos dos encuentros, que fueron silenciados por los grandes medios y por los grandes partidos, son una aproximación a cómo estas víctimas, pese a la estigmatización que ha hecho la derecha, pese al silencio, han continuado trabajando desde la sombra para crear redes, complicidades. Incluso ahora, en estos meses, se ha creado el Colectivo por los Olvidados de la Transición donde, por ejemplo, está la familia de Yolanda González, el hermano que también aparece en el libro, y muchos otros. Hay toda una corriente de víctimas que han dado el paso para decir: “Oye, no, las víctimas no tenemos una ideología prefijada, no estamos por un discurso maniqueo y criminalizador de la disidencia política, estamos por avanzar hacia los derechos humanos”.

Cuando título el libro “Víctimas en son de paz” es porque ellas consideran que las víctimas tienen que ser todas reconocidas, todas por igual, y, después, que la paz, el otro concepto, no es sólo ausencia de violencia, sino que interpretan que es un marco de justicia, de igualdad, y donde se acabe la impunidad. Por tanto, son personas que, a través de su ejemplo, proyectan estas ideas, y me parecen muy emblemáticos. Con la selección intenté encontrar testimonios de los tres periodos políticos, que sus familiares fueran víctimas de grupos armados muy diversos y de los aparatos del Estado, pero que eso no haya sido obstáculo para que todas ellas acaben reuniéndose y compartiendo esa posición ética y cívica, el diálogo como método para gestionar los conflictos. Para mí ese es el valor del libro, que desmonta también el relato hegemónico dictado por los grandes partidos, los partidos dinásticos del régimen. Y a la vez, humaniza las relaciones sociales, porque pone rostro a dramas concretos. Y ellos, por lo que luchan no es tanto por el perdón, sino porque no se repita nunca más.

En todas las entrevistas que te he leído sobre el libro ahondas en esto. Un titular que dejaste en La Directa es precisamente que “en el Estado español sigue habiendo víctimas de la violencia política no reconocidas y víctimas reconocidas que no lo son”. ¿De cuántas víctimas no reconocidas estamos hablando?

Solo en el marco de la “transición”, ya sea por el método del “gatillo fácil” o por la represión directa de elementos vinculados al aparato del Estado, las tramas negras o grupos de extrema derecha, puede haber unas 300 o 400 víctimas que no solo no han tenido un proceso de justicia adecuado o una reparación, es que, aún hoy, no se ha encausado a sus victimarios, o incluso se ignora quienes fueron. Ejemplo en el libro es el caso de Sanfermines 78, la muerte de Germán Rodríguez por disparos de la policía. No hubo ningún tipo de investigación ni de detención, cuando hay pruebas claras de que fue un agente de policía quien asesinó a Germán. Otro ejemplo, los cinco asesinatos de obreros el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Los familiares siguen denunciando que no solo no hubo ninguna investigación ni ninguna depuración, sino que incluso los mandos políticos de la época, Rodolfo Martín Villa y Manuel Fraga Iribarne, justificaron la masacre porque a su entender en el Estado no se podía tolerar según qué protestas. Y así muchos. Como el caso de Salvador Puig Antich, cuya ejecución no implicó ningún tipo de responsabilidad, ni a posteriori, y, aún hoy, Ley de Secretos Oficiales impide a la familia saber más detalles y que se haga justicia.

En todos los periodos hay desidia, una falta de interés y una intención deliberada del Estado de no reconocer los crímenes que han perpetrado bajo su amparo y depurarlos. Estamos hablando de centenares de crímenes, sobre todo durante la “transición”, donde hay más opacidad, más silencio. Y todas las leyes, desde la de Amnistía de 1977 hasta la de Secretos Oficiales, son un tupido velo para impedir cualquier tipo de esclarecimiento. Pero también incluso en el periodo “constitucional”, con, por ejemplo, el secuestro, torturas y asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Pili Zabala [hermana de Joxean], que aparece en el libro, está intentado desde hace años que la Justicia habrá el melón de los GAL, y sistemáticamente les han desestimado cualquier posibilidad de enjuiciar y de investigar el papel de Felipe González y otros responsables del Estado.

Y cuando hablas de “víctimas reconocidas que no lo son”, ¿a quién te refieres?

El Estado español hace una lista de aquellas víctimas que sí reconoce oficialmente. Hablamos de unas 6.000 personas, de las cuales unas 1.200 o 1.500 son personas muertas en atentados cometidos por ETA y los GRAPO, algunos de extrema derecha, y también en misiones en el extranjero como en Afganistán. Las otras son heridas y familiares. ¿Qué pasa? Que estas listas excluyen como víctimas del terrorismo a todas las perpetradas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y a algunas de la extrema derecha, aunque menos, porque ya han empezado a reconocerse, aunque tarde, alguna incluso hace dos años de hechos ocurridos en la década de los 80. Cada una de esas 6.000 personas que aparecen en la lista tienen un número de identificación y son víctimas en la medida que cumplen una serie de requisitos. Cuando investigas, ves que muchas víctimas aportadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Covite no cumplen estos requisitos, porque son personas que, a lo mejor, o no estaban en el lugar de los hechos o después han dicho que se sintieron víctimas por la razón que sea. Pero los requisitos son claros, haber padecido daño físico y psíquico, o tener un segundo grado con el familiar asesinado. Y aquí hay toda una perversión. Seguramente porque cuantas más víctimas tengan asociadas las asociaciones, más recursos obtienen. Hasta ahora el Estado ha sido muy flexible y ha introducido en esta lista a personas que, quizás, no cumplen los requisitos para ser consideradas oficialmente víctimas, y al revés, muchas de las que son, como las de la “transición” o las de los GAL, el Estado no las reconoce y por tanto no aparecen entre las 6.000 personas consideradas víctimas del terrorismo.

Aquí hay una anomalía clarísima. El Estado solo reconoce como víctimas a aquellas personas que han padecido daños a manos de grupos que actúan contra el poder. Las que han provocado los aparatos propios del Estado no son consideradas víctimas del terrorismo. Y esta es una de las batallas de estos familiares. Que no haya doble vara de medir. Las 15 personas que aparecen en el libro no solo dicen que no haya víctimas de primera y de segunda, es que ellas, aunque personalmente consideran que son supervivientes o resilientes y que considerarse víctimas las cronifica en este rol, quieren que, a nivel judicial y a nivel legal, se las considera como tales, porque eso implica que el Estado admite que causó un daño sobre ellas y sobre sus familiares. Y esto, las habilita también a recibir un apoyo psicológico, material y económico como han tenido las víctimas de ETA, GRAPO, FRAP, Comandos Autónomos Anticapitalistas o Terra Lliure. Mientras unas han tenido garantizados los principios de verdad, justicia y reparación, las otras han quedado al margen. Reclaman, simplemente, igualdad en el trato.

Has nombrado la Ley de Secretos Oficiales. Los atentados de los GAL continúan amparados por esta ley, que sigue blindada. ¿Hay miedo a que conozcamos la verdad?

Sí. Aquí todas las víctimas coinciden. Incluso Rosa Lluch y Rosa Rodero cuyos victimarios han sido ETA, entienden que, en la medida que han empatizado con las otras, hay víctimas excluidas del derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Y para ellas, esto implica que no tiene que haber ni estructuras ni dispositivos que blinden la impunidad, que permitan esa anomalía democrática.  Sobre todo, cuando dicen que no solo tiene que haber un cambio cultural para ir hacia una paz positiva, a proyectos que favorezcan el sentido de comunidad, las relaciones humanas, también se tiene que deconstruir el diseño institucional surgido de la “transición” que permite blindar los crímenes perpetrados por el Estado. Y aquí se refieren, básicamente, a la Ley de Indulto de 1969 del franquismo y la Ley de Amnistía de 1977, que el mismo relator de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, que lo cito en el libro, como Amnistía Internacional, exigen su derogación porque exonera a los criminales franquistas. Incluso que desaparezca otro elemento, que es estructural, como es la Audiencia Nacional, que es un sucedáneo del Tribunal de Orden Público (TOP). Es decir, que para avanzar hacia lo que se llama una justicia restaurativa esto tiene que desaparecer porque lo que hace es blindar y proteger a los criminales.

Muchas de las víctimas que hablan en el libro, como Merçona Puig Antich [hermana de Salvador], Eva Barroso [hermana de Romualdo, asesinado en la masacre de Vitoria de 1976], María Rueda, Fermín Rodríguez [hermano de Germán], Asier González [hermano de Yolanda], Pili Zabala, son familiares que no han podido conocer la verdad. No han tenido acceso a estos derechos fruto de estas leyes que blindan, que ocultan, que exoneran o que dan protección a los crímenes del Estado. Por eso, es muy relevante como estas víctimas no se quedan simplemente en denunciar que la violencia es mala sino también que la paz tiene que ir acompañada de esta reformas.

Al hilo de esto venía otra de las preguntas, que ya has contestado: ¿Qué debería hacer el Estado español para reparar esta deuda pendiente? Pero… ¿Se atreverá algún día a hacerlo?

Pienso que los cambios y las transformaciones sociales solo serán posibles si hay una sociedad empoderada, que sea activa y agente de cambio. Lo hemos visto en muchas demandas sociales, como los derechos de las mujeres o la lucha por la insumisión, pero también en el proceso de paz y los encuentros que están habiendo, aún hoy, en muchas poblaciones de Euskal Herria entre vecinos que no se hablaban o se odiaban por razones políticas. Ha sido la sociedad la que ha tomado la iniciativa y ha arrastrado a los políticos y al Estado a tomar medidas. Pero todavía estamos muy lejos. Hay una serie de víctimas que no han tenido satisfechos los derechos fundamentales. Y los reconocimientos que se están haciendo van a cuentagotas y son los que han salido a contracorriente de las autoridades, por iniciativa social. Por ejemplo, cuando Manuela Carmena, siendo alcaldesa de Madrid, dedicó una placa a Carlos Palomino, o como ha pasado con la placeta en el barrio de Deusto de Bilbao para homenajear a Yolanda González. Pero han sido posibles por la presión social. Y aun así, creo que tendrán que pasar muchas generaciones porque estamos en un Estado donde, a diferencia del alemán y del italiano, triunfó el fascismo. Y esto queda en el imaginario colectivo, y en la continuidad de nuestra estructuras judiciales y policiales que impiden todos estos cambios, el avanzar hacia un marco realmente democrático donde se reconozcan las vulneraciones de derechos, los crímenes de odio y se haga justicia.

De hecho, aún hoy, con la Ley Mordaza, se persigue la libertad de expresión con la persecución de raperos. O en el campo de los crímenes del franquismo sigue habiendo miles y miles de personas enterradas en cunetas, siendo el español el segundo Estado del mundo en este aspecto. En este proceso, el Estado español está muy al inicio de avanzar y esto es porque aún subyace la cultura de la violencia, la cultura de la imposición. Por eso digo que la violencia se expresa de formas muy diversas y la falta de verdad, justicia y reparación continua hoy muy presente, muy latente. O los casos de abusos policiales. Aún hay prácticas que provienen de esa cultura de la impunidad que sembró el franquismo, que la “transición” no depuró y que los grandes partidos del Estado han permitido para mantener el poder.

Como las infiltraciones de policías en movimientos sociales que está destapando la Directa estos días, que parecían cosas del pasado…

Sí, sí. Incluso el hecho insólito, sin parangón en todo el mundo, de la única organización armada que aún operaba en el Estado se ha autodisuelto contra la propia voluntad del Estado, y ha sido la sociedad civil quien ha tomado la iniciativa y ha gestionado el abandono de las armas y el proceso de paz, mientras el Estado aún hoy utiliza el espantajo de ETA para perseguir la disidencia. O sea, que estamos en un escenario de anomalía, de cómo se utiliza a las víctimas por parte de los grandes partidos con fines espurios, con fines partidistas, y esta es otra de las cuestiones que los testimonios del libro sí que denuncian. Las víctimas de toda sensibilidades tienen que ser reconocidas y no utilizadas con fines partidistas. Y yo creo que en ese sentido, en ese colectivo, que antes tenía una posición muy escorada hacia la derecha, que demonizaba según qué tipo de víctimas por su por su orientación política, sí que hay cada vez más víctimas que están abriendo los ojos, viendo como al Estado no le interesa la reparación ni la justicia, sino utilizarlas como un instrumento electoral.

Pero estamos muy al inicio de que el Estado haga los deberes en el terreno de la memoria. Incluso, por ejemplo, en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que se inauguró en Vitoria parece que solo haya habido una sola violencia. Es una vergüenza que no se hiciera con una mirada amplia. Y para pasar página de la violencia política antes tienes que leer esa página, que está muy incompleta, en la que faltan todas las miradas de víctimas que han sido menospreciadas y estigmatizadas por parte del Estado, las que pretendían cambiar las cosas y, sobre todo en la “transición”, luchaban por un marco democrático más justo.

El asesinato de Yolanda González, de la que hablas en el libro, es especialmente duro. Su verdugo, Emilio Hellín, militante de Fuerza Nueva, fue condenado a 43 años de prisión. A los siete años se escapa de la cárcel, aprovechando un permiso penitenciario y se fuga a Paraguay. Y con los años, termina trabajando para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. ¿Cómo es posible este tipo de impunidad tan evidente? ¿Es un caso aislado?

Es un “modus operandi” que demuestra como el Estado ha generado un marco de impunidad para los criminales franquistas, para todos esos policías y funcionarios que se dedicaban a perseguir la disidencia política. Lo de Emilio Hellín es brutal, porque le admiten una identidad falsa, a través del servicio secreto creado por Carrero Blanco, y el Estado le ha permitido trabajar, dando formación de seguridad informática a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Hellín también ha sido contratado como perito por la defensa de Laura Borràs en la causa por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Institució de les Lletres Catalanes. Esto genera en la familia de Yolanda una doble victimización, ver que la persona que asesina a tu hermana opera impunemente y no ha rendido cuentas.

Hay otros ejemplos, como el que denuncia Merçona Puig Antich. Carlos Rey González, ponente de la sentencia de muerte de Salvador, fue el abogado de Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán desde julio de 2008 hasta marzo de 2017. Y así muchos otros. Hay una continuidad de agentes, de funcionarios, que lejos de rendir cuentas de sus crímenes, han pasado de puntillas y el Estado los ha ido recolocando para ejercer sus funciones sin ningún problema.

Nos sorprende mucho el caso Emilio Hellín porque se destapa su actividad. Pero si buscamos en cada una de las víctimas, encontramos más. Otro ejemplo, el caso de Pili Zabala, siendo Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 71 años de prisión en el año 2000 por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, ascendido a general de la Guardia Civil. No son aislados. Muchos victimarios han sido condecorados o ascendidos, sabiendo su actividad criminal. O en el caso de Guillem Agulló, cuyo asesino, el neonazi Pedro Cuevas, se pudo presentar a unas elecciones por Alianza Nacional. Está claro que no ha habido una actuación diligente por parte del Estado, sobre todo con las víctimas del GAL, viendo como de todas las condenas solo se han cumplido un 10% del cómputo total, con excarcelaciones y beneficios penitenciarios sin fundamento.

Salvando las distancias, a mí todo esto me recuerda un poco a las ratlines de finales de la Segunda Guerra Mundial, esas rutas de escape para que los nazis se fugaran a América Latina. Algunos como Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, que fue ayudado por los servicios secretos de EEUU, y que, con una identidad falsa, acabó siendo el asesor del presidente y dictador Barrientos en Bolivia, el que mató al Che Guevara, con una red de tráfico de armas incluida. Por lo que todo esto que cuentas no es algo nuevo, parece que estén reciclando y copiando los estilos de la CIA, los planes Cóndor...

Sí, sí. Incluso el Estado español fue santuario de muchos nazis y de fascistas italianos. La falta de sensibilidad no está resuelta, porque aún hoy se permite en el Estado el negacionismo del Holocausto. Por eso, David Duke (exlíder del Ku Klux Klan) y otros líderes supremacistas blancos han podido impartir charlas. En la ley actual está penado la justificación, pero no la negación. Es una puerta para que muchos supremacistas o neonazis vengan aquí a lanzar sus proclamas. Hay muchos deberes pendientes para asentar las bases de una justicia restaurativa y asentar las bases para una sociedad sustentada en valores democráticos y en los derechos humanos. Por eso creo que las víctimas que hablan en el libro abren una ventana para poder ser conscientes de lo que supuso la violencia y de que hay mucho recorrido aún para depurar los crímenes, para que todas las víctimas sean tratadas por igual. También se están dando pasos interesantes en el campo audiovisual, con películas y documentales como ‘Lasa y Zabala’, ‘Non Dago Mikel?’ o 'La Mort de Guillem' que están poniendo luz a crímenes silenciados, permitiendo a la sociedad tomar conciencia y descubrir esa parte de la historia que ha sido deliberadamente ocultada.

Cuando dices que la sociedad civil es la que coge el timón podríamos hablar del caso de Germán Rodríguez, asesinado en los Sanfermines de 1978 por la Policía Armada, heredada del franquismo. Un crimen sin resolver, y que PP, Cs y PSOE se oponen a la desclasificación de los documentos. Han sido la asociación que lucha por su memoria, Sanfermines 78 Gogoan, y la Federación de Peñas de Pamplona, las que interpusieron una querella en 2019 para que se reabriesen los sumarios cerrados temporalmente en 1983. Cuatro años después, siguen sin saber si es admitida o no a trámite.

Y este caso es muy ejemplificador, junto al de Salvador Puig Antich o el de Marzo 1976 de Vitoria, porque han tenido que ser las familias las que trasladaran las causas a la justicia en Argentina, a la jueza María Servini. Que tenga que ser Servini la que dirima los hechos perpetrados en el franquismo y la “transición”, denota que el Estado español no tiene ningún interés en hacer justicia. Tiene que ser la jueza de otro país, en virtud del derecho a justicia universal, y pese a todos los obstáculos que está poniendo el Estado español, la que intente poner luz y encausar a los criminales. Y no sea el propio Estado quien haga esa labor, que no habilite una Comisión de la Verdad, como si han hecho otros estados como Argentina, Uruguay o Brasil con sus dictaduras, para hacer un rendimiento de cuentas, una depuración pública. Pero es que, además, todos los pronunciamientos institucionales han sido muy tímidos. La nueva Ley de Memoria Democrática, que reforma la ley de Zapatero, ha quedado muy lejos de satisfacer. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Puig Antich viene a decir que había una cierta legalidad del franquismo.

Para acabar, estuviste en noviembre presentando tu libro en Fraga. ¿Cómo fue?

Fue muy bien. Lo organizó la CNT/AIT y el Centre d’Estudis Llibertaris José Alberola que tiene el espacio para charlas. Se generó un debate muy interesante. Cada uno de los testimonios del libro permite que el lector se acerque a aquella víctima o aquel caso que a lo mejor más empatice. Pero después, si vas leyendo otros casos ves que hay elementos en común, como el proceso del dolor, la falta de justicia y la voluntad de avanzar hacia una sociedad más resiliente, más democrática. Y la charla estuvo muy bien porque permitió analizar cómo desde la “transición” hasta ahora hay mucho todavía que avanzar. Y aunque había un cierto interés por el caso de Agustín Rueda, libertario asesinado en 1978 por funcionarios de extrema derecha en la prisión de Carabanchel, también se preguntaron por otros casos.

¿Te volveremos a ver pronto en algún otro sitio de Aragón?

Ahora estoy volcado en encontrar una editorial que edite el libro en castellano, de momento solo está en catalán que tiene un gran público, pero me gustaría llegar a más gente. En todas las charlas procuro que venga alguien que aparece en el libro, y de momento he contado con Rosa Lluch o Merçona Puig Antich. También hay casos que he dejado fuera de este libro y que desearía poder contar en el algún momento. Pero encantado de ir a donde sea a presentar el libro y dar voz a estas personas que para mí son una referencia, por su papel humanizador, pedagógico y ético, y poner en valor que la sociedad es el verdadero motor del cambio, que por iniciativa de las instituciones difícilmente se avanzará, que tiene que ser la sociedad civil la que empuje para lograr estos cambios.

Opinión:

Solo recordar que el contacto con Alex fue posterior al encuentro con el terrorista. Antes de esa fecha (15 junio 2012) tuve que hacer muchas filigranas para no aportar información sobre esa reunión tal y como había pactado con Instituciones penitenciarias… aunque el entonces ministro Fernández Díaz ya se había encargado de dar pistas por su cuenta…