07 septiembre 2013 El Correo

07 septiembre 2013

Los amenazados por ETA desde 1960 serán indemnizados si lo demuestran

Leopoldo Barreda Portavoz adjunto del PP «Supone la expresión de reconocimiento y compromiso de la sociedad con las víctimas» Mari Mar Blanco.

Fundación de Víctimas «Acaba con las desigualdades y blinda la posibilidad de que los terroristas puedan ser beneficiarios»

El nuevo reglamento de damnificados por el terrorismo incorpora esta figura y actualiza las compensaciones con efecto retroactivo.

Los amenazados por organizaciones terroristas desde el 1 de enero de 1960 hasta la actualidad tendrán derecho a ser resarcidos por el Estado. El nuevo reglamento de la ley de víctimas del terrorismo incorpora esta figura, que afecta a miles de personas y que no figuraba hasta ahora en la normativa legal

El nuevo reglamento, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, llega con año y medio de retraso dado que su aprobación estaba prevista para marzo de 2012 después de que la ley de víctimas del terrorismo fuera aprobada por unanimidad en septiembre de 2011. Entonces se fijó un plazo de seis meses para la elaboración del reglamento que debía desarrollar la norma y precisar los ámbitos de aplicación.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó que entre las nuevas figuras está la de los amenazados. Quienes crean estar dentro de esta situación, explicó, tendrán que acreditarlo para percibir las ayudas, pero no detalló en qué forma se pueden probar las amenazas. Las personas que hayan recibido cartas de extorsión o amenazantes o quienes hayan sido objeto de pintadas podrán aportar pruebas físicas de las coacciones si es que conservan los documentos, pero no así las miles de personas que figuraron en las listas de objetivos de ETA u otras organizaciones terroristas.

El reglamento establece que las compensaciones para los amenazados, cuya cuantía no se fija, se otorgarán por traslado de la localidad de residencia, abandono de la vivienda, tratamientos psicológicos, gastos de escolarización y reinserción laboral.

Fernández Díaz justificó el retraso en la aprobación porque su departamento ha consultado con los distintos colectivos de víctimas qué aspectos se tenían que retocar o incorporar al reglamento, y esa tarea ha requerido tiempo. Pero apenas unas horas después de que el ministro diera estas explicaciones, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la mayoritaria, denunció que en ningún momento ha sido consultada.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, se mostró «cauta» con el contenido del texto, pero reprochó a Interior que hable de consultas con los colectivos de afectados cuando, al menos, su organización no lo ha sido. «Me hubiera gustado mucho conocer el contenido del reglamento antes de su publicación», dijo Pedraza.

Por su parte, el titular de Interior se felicitó de que, con esta norma, se evitará que los terroristas puedan acogerse a las ayudas del Estado. En el anterior reglamento, explicó, no quedaba claro que las víctimas de las fuerzas de seguridad estaban excluidas de las indemnizaciones, pero ahora sí. «La ley –sostuvo Fernández Díaz– ha cerrado la puerta a cualquier resquicio legal para que pudieran ser beneficiarios quienes no fueron víctimas sino que hicieron sufrir». Una situación que era «un sarcasmo», además de contraria a la voluntad del legislador.

Ventanilla única

El reglamento establece la ventanilla única para percibir las indemnizaciones y las ayudas. A esa instancia deberán dirigirse todas las víctimas para plantear su caso y no a otras dependencias autonómicas. Interior busca así acabar con las diferencias en las compensaciones en función del territorio.

Al tener el reglamento efecto retroactivo a 1 de enero de 1960, las víctimas podrán solicitar la actualización de las ayudas percibidas hasta ahora. Fernández Díaz calculó que esta equiparación supondrá un desembolso de 77,5 millones de euros que se pagarán entre 2015 y 2016. Las víctimas tienen un año para pedir la actualización. Plazo que también tienen quienes nunca han sido reparados por atentados terroristas en sus distintas vertientes, es decir daños materiales, personales, tratamientos médicos o asistencia psicológica.

Las indemnizaciones por los daños en la vivienda habitual pasan de 90.000 euros a 113.680; las ayudas para alojamiento provisional pasan de 90 euros por persona y día en hotel, y se mantiene la de 1.500 euros al mes por alquiler. Los daños en las sedes de los partidos u organizaciones de otro tipo se elevan de 90.000 a 113.680. Los desperfectos en vehículos por atentado se incrementan de 21.035 a 30.500. Las aportaciones para los tratamientos psicológicos suben de 3.000 a 3.600. Y las ayudas educativas oscilarán entre 300 y 1.500 euros.

El ministro del Interior detalló además que hasta ahora han sido beneficiarias de las ayudas un total de 10.045 personas, con un desembolso total por parte de la Administración de 790 millones de euros. Han sido atendidas las familias de 1.412 fallecidos, 4.535 heridos, 60 secuestrados y 4.038 personas que han sufrido daños materiales en sus bienes a causa de atentados.