04 octubre 2016
Aquel lunes negro de
1976
El asesinato, hace 40
años, de Juan María de Araluce a manos de ETA marcó el comienzo de un éxodo en
el País Vasco del que nadie habla hoy
El lunes 4 de octubre de 1976, un comando de ETA-m,
adiestrado en la academia de la policía argelina en Souma, asesinó en San
Sebastián al presidente de la
Diputación de Guipúzcoa, Juan María de Araluce,
su conductor José María Elícegui y los tres policías de escolta Alfredo García
González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores. Fue uno de los atentados más
sangrientos de los años de plomo. Araluce, presidente de Diputación, procurador
en Cortes y consejero del Reino, era el cargo público del Movimiento más
destacado del País Vasco y Navarra. Notario desde 1947, once años antes sus
ideas carlistas le llevaron a alistarse en el Requeté durante la Guerra Civil.
Representaba a un carlo-franquismo que tomaba posiciones, a la muerte del
dictador, desde las filas de Unión Nacional Española (UNE), una de las
asociaciones que formarían Alianza Popular (AP) en 1976. Araluce continuaba al
frente de la corporación provincial porque se lo había pedido el Rey. Llegó al
Palacio de la Diputación
en 1968 con el objetivo de recuperar el sistema concertado y las instituciones
forales suprimidas por Franco en 1937 en Vizcaya y Guipúzcoa.
El
mismo objetivo que uno de sus predecesores, Fernando Aramburu Olarán,
o de los vizcaínos Javier de Ybarra y Augusto Unceta-Barrenechea.
ETA asesinó a todos menos a Fernando Aramburu, desterrado en 1978 por amenazas
de la banda. Araluce lideró desde la diputación guipuzcoana a un grupo de
alcaldes y diputados que terminarían casi todos en las filas de Guipúzcoa
Unida, la marca de Alianza Popular en las elecciones de 1977. También
terminarían casi todos amenazados, varios exiliados, uno asesinado y otro que
se salvó en dos ocasiones por error de sus verdugos. Tres de ellos, que
ocultaron su condición de nacionalistas hasta la muerte del dictador, no
tuvieron ningún problema. Es un ejemplo más de cómo algunas personas que
participaron en las instituciones locales vascas durante el franquismo y se
identificaron posteriormente con el nacionalismo, nunca tuvieron problemas con
ETA, nadie les llamó franquistas ni tampoco les recordaron su pasado. A otros,
identificados con Alianza Popular o UCD, les amenazaron, persiguieron,
insultaron e incluso asesinaron justificando estos crímenes con alusiones a su
pasado.
La
esquizofrenia paranoide con el franquismo en el País Vasco llevó a que
terroristas de ETA, hijos o nietos de franquistas, decidieran asesinar a cargos
públicos del régimen cuando Franco ya había muerto. Quizá esos pistoleros lo
tendrían que haber arreglado primero en su casa: aceptando que la Guerra Civil fue una
contienda entre vascos, y no entre vascos y españoles; que hubo una parte de la
sociedad vasca, en la que estaban sus padres, tíos o abuelos, que luchó a favor
de Franco y legitimó su régimen en las provincias vascas y Navarra. Pero eso
era inaceptable porque rompía su discurso sobre la guerra entre españoles y
vascos, sobre la invasión de Euskadi, el franquismo disfrazado de democracia y
otros delirios parecidos para justificar sus asesinatos en serie. ¿Por qué no
empezaron enfrentándose a sus padres y abuelos franquistas, si tanto odiaban a
los que pensaban como ellos? ¿Por qué no se plantearon hacer con sus familiares
lo que hicieron con otros que pensaban igual, por ser franquistas o carlistas,
por haber combatido en el Requeté, por rechazar la ikurriña o por no haberles
transmitido el euskera? Preguntas sin respuestas 40 años después.
Los
que sí supieron responder siempre fueron la mujer y los nueve hijos del
político asesinado: nunca odiaron a los asesinos del cabeza de familia. El
mismo día del atentado, todavía con el cadáver caliente, la viuda de Araluce
reunió a sus hijos y les dijo: «Papá está en el cielo y nosotros somos
cristianos y tenemos que perdonar. Perdonamos de todo corazón». Aguantaron
hasta septiembre de 1977, cuando decidieron irse a Madrid por el ambiente
irrespirable que sufrían. La misma serenidad puso el Gobierno de Adolfo Suárez, que evitó en todo momento tomar decisiones
drásticas como el estado de excepción que pedía la ultraderecha. El brutal
atentado fue condenado o rechazado por casi todos los partidos, algunos todavía
sin legalizar, lo que reflejaba un inequívoco deseo de concordia para construir
una democracia. Entre los testimonios de condena hubo dos que llamaron la
atención. Por un lado, el del PNV, por un ligero matiz: en su comunicado
«lamentaba» el quíntuple homicidio frente a la firme condena -la primera a una
acción de ETA- seis meses antes del asesinato del empresario Ángel Berazadi,
ideológicamente próximo a los jeltzales.
Según
fue avanzando la Transición ,
el PNV tuvo una postura más clara frente al terrorismo etarra. De hecho, un año
más tarde, el asesinato en Guernica del presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta, y sus dos escoltas fue condenado
contundentemente por históricos del partido, uno de los cuales, Antón Ormaza, asistió al funeral de Unceta
suscitando cierta controversia en filaspeneuvistas.
Volviendo a octubre de 1976, en varios números de Gertu (boletín
informativo de las juntas del PNV de Bilbao) de ese mes, se recogen las
críticas de afiliados en contra de que su partido condenase a ETA. Una junta
local escribía a la ejecutiva protestando porque consideraba que con las
condenas estaban «haciendo el juego al Gobierno español» y se declaraban «la guerra
a nosotros mismos». Por otro lado, los 27 alcaldes del Grupo de Vergara
condenaban o repudiaban el atentado múltiple. Liderados por el empresario José
Luis Elkoro -hijo del primer alcalde franquista de Elgueta-, eran un grupo de
regidores afines al nacionalismo y enfrentados al grupo de la diputación. Su
condena es un dato muy a tener en cuenta, ya que algunos de ellos, un año
después, aparecerían vinculados a la
Mesa de Alsasua, embrión de Herri Batasuna, formación en la
que militarían. Sin solución de continuidad, pasaron de ser ediles del
Movimiento franquista a ser ediles del Movimiento Vasco de Liberación Nacional,
sin problemas por sus adhesiones políticas públicas ni durante la dictadura de
Franco ni durante la dictadura de ETA.
El
asesinato de Juan María de Araluce tuvo dos grandes consecuencias. La primera
fue el comienzo de un éxodo en el País Vasco del que nadie se preocupa hoy. Se
habla de la vuelta de los presos de ETA, pero no de los vascos que se tuvieron
que marchar por las amenazas de ETA, porque no eran nacionalistas o porque no
querían pagar las extorsiones de la banda. No hay día en que los sucesores de
ETA y Batasuna no nos hablen de la dispersión de los etarras encarcelados, de
lo injusto que es para sus familiares y de la supuesta ilegalidad de su
situación penitenciaria desde 1988. Sorprende que siendo así no hayan recurrido
al Tribunal de Estrasburgo, como hicieron con la ilegalización de Batasuna o la doctrina Parot.Ninguno
de ellos habla de la dispersión de los vascos a los que ETA obligó a marcharse
de su tierra, algunos con más de ocho apellidos. La segunda consecuencia de
aquel lunes negro de 1976 fue la culminación de la campaña anti-alcaldes, contra cargos públicos
municipales y provinciales que ETA había anunciado en noviembre de 1975.
Esta campaña provocó
la dimisión o exilio de cientos de cargos locales no identificados con el
nacionalismo vasco, lo que privaría a la derecha vasca, organizada en Alianza
Popular y UCD, de candidatos experimentados para las primeras elecciones
generales, municipales y vascas. Los que hoy tanto se preocupan porque Arnaldo Otegi sea
candidato a lehendakari o protestaban por la ilegalización de Batasuna en 2003,
nunca se preocuparon o protestaron por la ausencia en las urnas en numerosos
municipios vascos de Alianza Popular, UCD o PP, por las amenazas del
pistolerismo etarra. Cuarenta años después de aquel lunes negro, los que se
pusieron de perfil contra ETA quieren pasar rápido de página e imponernos una
memoria selectiva capaz de recordar la Guerra Civil o a Franco, pero incapaz de recordar
el terrorismo que asesinó y obligó a muchos vascos a marcharse de su tierra
desde 1976.
Gorka Angulo Altube es periodista. Desarrolla su labor
profesional en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Opinión:
Es indudable que existen miles de personas que han tenido
que marcharse del País Vasco por causa del terrorismo. Eso nadie lo puede poner
en duda.
Pero, sin ánimo de polemizar…. ¿cuántos se manifestaron por
los atentados etarras fuera del País Vasco? ¿Hipercor, por ejemplo?
Y digo Hipercor por los 15 asesinados el mismo día 19 de
junio… pero podría hacerlo extensivo a cada uno de los atentados perpetrados
por la banda terrorista ETA…
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