14 octubre 2016
Interior dice que el acercamiento de presos está en manos de ETA
El Gobierno abre el debate del retorno de los encarcelados, una demanda
del PNV
El Gobierno está dispuesto a dar
pasos para acabar con la dispersión de los presos
de ETA pero con la
condición previa que la organización terrorista se disuelva. Este es el mensaje
que ha mandado el ministro del Interior en funciones, Jorge
Fernández Díaz, horas después de ser descubierto un importante arsenal
en Francia, el mayor localizado desde 2004. La presión sobre la dirección
etarra aumenta a pocos días para que se cumpla el quinto aniversario del
anuncio del cese definitivo de su actividad armada.
Con el hallazgo del zulo situado al
norte de París, donde se almacenaban 145 armas cortas robadas en 2006, la
estructura logística de ETA ha quedado “extraordinariamente diezmada y con
menor capacidad de influencia”, según el Ministerio
del Interior. De hecho, este último golpe policial, fruto de la estrecha
colaboración entre los dos países, supone dejarla sin el material con el que,
previsiblemente, quería escenificar el desarme en una hipotética negociación
con Madrid y París, una vía que no se contempla.
De una organización terrorista
“derrotada operativa y policialmente” el Gobierno sólo espera ya que abandone
el “pulso al Estado” y desaparezca de forma unilateral. Las palabras de
Fernández Díaz certifican que sólo si se produce un escenario de estas
características el Estado modificará la política de dispersión “con carácter
general”, una herramienta que se empezó a aplicar a finales de los años ochenta
con el PSOE en la Moncloa.
El otro camino para el acercamiento
a una cárcel vasca, en este caso de forma individual, consiste en que el
recluso se desvincule abiertamente de la violencia, lo que se conoce como Vía
Nanclares. En el seno del colectivo de presos de ETA –formado actualmente por 373
personas– existe un debate sobre su posición de futuro. Sortu, el partido de la
izquierda abertzale, defiende que los etarras deben acogerse a la legalidad
penitenciaria para intentar acelerar su salida en libertad, mientras que los
críticos con el oficialismo, el ala dura, se mantienen aferrados a la bandera
de la amnistía. Arnaldo Otegi, partidario de la primera opción, participará
mañana en una manifestación en favor de excarcelar a los que están gravemente
enfermos.
El ejecutivo de Iñigo Urkullu niega
que las reflexiones del ministro del Interior supongan un punto de inflexión, a
pesar del momento político en que se producen –pendientes de la formación de
gobierno en España y en Euskadi, ambos sin mayoría absoluta– y de la rotundidad
del discurso, ya sin los condicionales que se usaban tiempo atrás. En verano,
el lehendakari pidió a Mariano Rajoy, en una conferencia en Madrid, un cambio
en la política penitenciaria y el traspaso de la gestión de las cárceles del
País Vasco, reivindicaciones que entonces se interpretaron como medidas para
negociar la investidura del líder del PP y que el PNV desmintió posteriormente.
Los nacionalistas vascos mantienen
que hay que poner fin a la dispersión e instan a ETA a no excusarse en la
supuesta “falta de colaboración” del Estado para culminar el desarme. El
socialista Patxi Lóez, en una entrevista en Radio Euskadi, no escondió su
sorpresa por las palabras del Gobierno y se sumó a la doble demanda.
Opinión:
Que alguien me lo explique. ¿Desde cuando el cumplimiento de
la ley depende de una banda terrorista? El tema del acercamiento está legislado
desde hace muchos años y por ello son los jueces quienes deciden sobre el tema.
Así pues, los terroristas son acercados a sus lugares de origen cuando cumplen
los requisitos que marca la ley. Y si no lo hacen, es su problema.
Otra cosa distinta es que el Gobierno intente un acuerdo
político con el PNV, por lo que intuyo que se va a utilizar nuevamente el
terrorismo como arma política. Tampoco sería ninguna novedad porque ya utilizan
a ciertos sectores de víctimas (a las que lo permiten) con el mismo fin.
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