07 noviembre 2020 France Press
España juzga a los supervivientes de la célula del atentado de Barcelona
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Más de tres años después del doble atentado que mató a 16 personas en Barcelona y otra localidad catalana, la justicia española comienza el martes el juicio contra los supervivientes de esa célula yihadista.
En el banquillo de los acusados solo habrá tres personas: dos presuntos integrantes del grupo y un colaborador. Los autores del ataque de agosto de 2017, reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI), fallecieron por disparos de la policía.
El presunto ideólogo, un imán que radicalizó a una decena de jóvenes de origen marroquí en el pueblo montañoso de Ripoll (a 100 km de Barcelona), también murió cuando estallaron los explosivos que preparaban en un chalet en Alcanar, un municipio entre Barcelona y Valencia.
Esa detonación accidental alteró los planes iniciales de la célula, que pretendía colocar bombas simultáneas, con la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, el estadio del FC Barcelona o la Torre Eiffel de París, como posibles objetivos.
El 17 de agosto por la tarde, uno de los jóvenes lanzó una furgoneta a toda velocidad por el transitado paseo de las Ramblas de Barcelona, mató a 14 personas, en su mayoría turistas, e hirió a más de un centenar.
Horas más tarde, 100 kilómetros al suroeste, otros cinco miembros de la banda atropellaron y acuchillaron a varios transeúntes en la villa costera de Cambrils, antes de ser abatidos por la policía.
Tres días después, el conductor de las Ramblas, Younes Abouyaaqoub, murió a manos de la policía a 30 km de Barcelona.
Discrepancias en las acusaciones
El principal acusado en este juicio, que debe terminar el 16 de diciembre, es Mohamed Houli Chemlal, de 23 años y natural de Melilla (enclave español en la costa marroquí), que sobrevivió a la explosión del chalet. La fiscalía pide para él 41 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
Las mismas acusaciones recaen sobre Driss Oukabir (31 años), hermano de uno de los yihadistas fallecido, para quien la fiscalía reclama 36 años por alquilar la furgoneta del atropello de Barcelona.
El tercer procesado es Said Ben Iazza (27 años), con una petición de 8 años por prestar su vehículo y documentación a la célula.
El ministerio público no les imputa los crímenes cometidos en Barcelona y Cambrils, como sí hacen las acusaciones civiles.
"Para nosotros, tan responsable es el miembro de la célula como el que luego comete el atentado", indicó a la AFP Robert Manrique, asesor de la asociación UAVAT, que representa a 72 víctimas en el proceso.
Luis Álvarez Collado, abogado de Driss Oukabir, dijo a AFP que luchará por la absolución de su cliente que, según él, "casi ni conocía" a los miembros de la célula.
El letrado sostiene que aunque Driss observó la radicalización de su hermano Moussa, tal como recoge el sumario, eso "no implica que él sepa lo que está haciendo su hermano".
"Que él haya alquilado una furgoneta no implica que supiera que se iba a utilizar para realizar el atentado", sostiene el abogado, destacando que su cliente, tras los atentados, "no desapareció; es más, fue a entregarse directamente a la policía".
Preguntas sin respuestas
El trauma provocado por los atentados fue rápidamente eclipsado por la vorágine de acontecimientos políticos ocurridos posteriormente en Cataluña, cuyos dirigentes separatistas organizaron un referéndum ilegal de autodeterminación y proclamaron una fallida república independiente en octubre de 2017.
Desde entonces, quedan muchas dudas por resolver.
¿Cómo pasó inadvertida la radicalización de esos jóvenes? ¿Cómo pudieron comprar material para fabricar explosivos sin levantar sospechas? ¿Establecieron conexiones internacionales viajando previamente a Bélgica, Francia o Marruecos? ¿Por qué no estaba vigilado el imán e ideólogo del ataque, Abdelbaki Es Satty, que estaba en el radar de las fuerzas de seguridad?
Desde UAVAT solicitaron con insistencia, pero sin éxito, una comisión de investigación en el Congreso, como se hizo con los atentados yihadistas de marzo de 2004 en varios trenes de cercanías en Madrid, los más mortíferos del país con 191 víctimas.
"Entendemos que algún fallo tuvo que haber, y esos fallos hay que descubrirlos (...) para que no vuelva a ocurrir", indica Manrique.
Incapaz de superar la muerte de su hijo de tres años en las Ramblas, Javier Martínez también pide una investigación más profunda sobre lo ocurrido.
"No es para mí. Yo ya no recuperaré jamás la vida de mi hijo, nadie lo sacará vivo del nicho (...) Pero la amenaza sigue ahí, como se ha visto en Francia o Austria. Si no investigamos qué falló y qué se debe mejorar, seguirá muriendo gente", afirma.
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