25 marzo 2025
Análisis de comparecencia en Comisión Investigación Congreso Diputados por atentados agosto2017
Atentados
agosto2017: Son más de 500 víctimas
Tras
las comparecencias del martes 25 de febrero (Javier Martínez y Sara Bosch) y la
del martes 11 de marzo (Robert Manrique), llegó el turno de la representación
del Gobierno español por parte de la Directora de la Subdirección General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo (en adelante Subdirección), señora Montserrat
Torija el pasado martes 18 de marzo.
Vaya
por delante que mi relación personal con la señora Torija es correcta y cordial.
Pude comprobarlo cuando el pasado viernes 14 de marzo (casualmente entre mi
comparecencia y la suya en la Comisión de Investigación) recibí su visita en
Barcelona. Estaban también presentes una trabajadora social de la Subdirección
y Javier Martínez junto a su hija Mireia.
Cierto
es que fue la primera visita personal en siete años y medio, pero “más vale
tarde que nunca”. Soy de los que siempre piensa que el vaso está medio lleno.
He
dedicado varias horas en el fin de semana a analizar y revisar la comparecencia
de la señora Torija, que duró poco más de una hora. He contrastado mucha de la
información que presentó y, muy especialmente, la que tiene relación con la
asistencia a las víctimas de los atentados de agosto2017, que es parte
importante en la Comisión de Investigación.
Creo
con toda honestidad que si alguien del Ministerio de Interior tiene acceso a
esta información, deberá pensar con detalle qué se ha hecho mal para no repetir
los errores. Y más todavía cuando mucho de lo que comentaré a continuación ya
lo he publicado en este blog en varias ocasiones.
Me
voy a centrar en varias de las declaraciones de la señora Torija, empezando por
la que algunos medios han publicado:
“Solo
170 de las 233 víctimas de los atentados del 17-A han cobrado su indemnización
a través de la Dirección de Apoyo”.
Bien,
esa cifra de 170 ¿puede tener relación con las que se mencionan en el Auto de
Procesamiento de octubre de 2018? Ese fue el primer listado de víctimas
“oficial” al que tuvimos acceso aunque a nivel de información únicamente
aparecen el lugar del atentado, el nombre y el apellido de la víctima. No se
mencionan ni la nacionalidad ni mucho menos la dirección, el teléfono o el
e-mail de contacto. Es importante no olvidar ese detalle. Que aparezcan tres
víctimas repetidas o que se aporten víctimas confundiendo el lugar del atentado
son detalles “sin” importancia… lo peor fue que ese primer listado oficial se
hizo público cuando ya había pasado más de un año de los atentados, el tiempo
marcado por ley para solicitar el Reconocimiento como Victima Terrorismo (en
adelante RVT).
En
relación a los familiares de los 16 asesinados podríamos aportar, como promedio,
dos familiares por víctima, lo cual nos daría 32 personas afectadas que
deberían tener RVT.
Ahora
un dato muy importante: en la sentencia aparecen 345 heridos pese a que el Auto
de Procesamiento solamente relacionaba 170 aprox. ¿Es normal ese aumento, esa
diferencia, en el número de víctimas? No debería serlo, pero tiene una lógica
aplastante: en febrero de 2018 se presentó la UAVAT y desde el minuto uno nos
dedicamos a la búsqueda y localización de muchas víctimas que realmente
deberían haber figurado, desde un primer momento, en aquel listado paupérrimo
realizado en la investigación. ¿Se cometieron fallos en la filiación y
localización de víctimas? El resto de la historia se explica por sí sola… y se
consolidó en las páginas 992 a 994 de la sentencia de mayo de 2021. Aprovecho a
enviar un enorme agradecimiento y reconocimiento a la Sala.
Además
de las 377 víctimas (32 + 345) en sentencia, el estudio detallado de los más de
68.000 folios del sumario nos descubrió la existencia de otras 125 personas que
aparecían en el sumario, pero no en la sentencia. ¿Es normal? No. ¿Ha ocurrido?
Sí. Total: 502 víctimas. Más de 500.
Con
algunas de estas víctimas habíamos contactado e intentamos que les aceptaran el
RVT, pero les fueron denegados por no presentar la solicitud dentro del periodo
establecido del año posterior al atentado o a la consolidación de las secuelas,
pese a la promesa que el ministro Grande-Marlaska había hecho llegar a la
entonces alcaldesa en Barcelona, Ada Colau, en el sentido de que cada
expediente se revisaría “con sumo cuidado y atención”.
Seguimos.
Si damos por resueltos los expedientes a nombre de los familiares de las
víctimas asesinadas (solo faltaría …) cuando leemos que “solo 170 de las 233
víctimas de los atentados del 17-A han cobrado su indemnización a través de la
Dirección de Apoyo” es obvio hacer dos operaciones aritméticas:
La
primera, que todavía quedan, después de siete años y medio, 63 víctimas
pendientes de indemnización de estas 233.
La
segunda sería que si han habido 233 expedientes abiertos ¿quedan todavía 112
víctimas a las que abrir expediente hasta las 345 que constan en sentencia? Ello
sin contar las 125 que aparecen exclusivamente en el sumario… ¿sigo o dejamos
de hablar de números? Lo único que queda claro es que hay muchas víctimas de
las que no consta que hayan sido informadas de sus mínimos derechos hasta, al
menos, cuando se declaró la firmeza de la sentencia. Hablaremos de este detalle
más tarde.
Y
no olvidemos que tanto en la sentencia de la Audiencia Nacional de mayo 2021
como en la del Tribunal Supremo de noviembre de 2023 hay más de 50 víctimas de
las que, textualmente encontramos definiciones como “no consta informa de
sanidad”, “no consta informes de lesiones de sanidad”, “no informe”… ¿Desde
agosto 2017 hasta noviembre de 2023 nadie desde la Subdirección pensó en ellas,
en su estado año tras año?
Por
otro lado, que nos digan que la asistencia post-atentado a las víctimas fue
excelente y que se pusieron todos los medios para ello cuando está demostrado
que la Subdirección puso una Oficina de Atención en Barcelona solamente durante
UNA SEMANA, del 22 al 29 de agosto de 2017, parece poco menos que una burla. Mientras
se están enterrando a los familiares, extraditando sus cuerpos a otros países,
permaneciendo ingresado en los hospitales o escondido sin salir de casa por
miedo a lo vivido y presenciado ¿alguien se puede creer que hay quien está
pendiente de buscar si hay una oficina donde pedir “apoyo”?
Es
más, si la ley marca un año tras el atentado para solicitar el RVT ¿por qué no
estuvo esa oficina de “apoyo” durante un año en Barcelona? Las víctimas
superaban los 30 países… ¿en serio alguien puede pensar que estaban pendientes
de “buscar por su cuenta” qué hacer o a dónde ir esa semana?
Otra
de las frases que merecen análisis a fondo es la que tiene relación con el
argumento de que se pasaba la información a las víctimas a través de las
asociaciones, pero parece que nadie entendió algo obvio: que excepto la UAVAT y
los compañeros de la Asociación 11-M Afectados por Terrorismo, no había ninguna
otra asociación de víctimas que las representara.
Lo
habrían podido descubrir haciendo una simple revisión de las páginas 2 a 6 de
la sentencia 000015/2021 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de 27 de
mayo de 2021. Allí aparecen las personaciones de diversos ayuntamientos,
sindicatos de Mossos d’Esquadra, acusaciones particulares a nombres de algunas
víctimas… pero como asociación de víctimas solamente aparece la Asociación 11-M
Afectados por Terrorismo representando penalmente a las víctimas que asistíamos
desde la UAVAT. Por lo tanto, la vía que la Subdirección adoptó no fue la
correcta. ¿Por qué no saltó la alarma en la Subdirección al ver que no se
personaban víctimas a través de las numerosas asociaciones, plataformas,
colectivos y demás “de” víctimas del terrorismo?
En
cuanto al tema de los protocolos, escuchar que “conviene una relación de
todas las personas que se encontraban en el lugar del atentado, acreditar la
presencia”… nos confirma nuestras sospechas: ¿de qué estamos hablando? ¿Es
que todavía no existían protocolos de filiación en 2017 tras los trágicos
atentados de marzo de 2004 en Madrid? ¿Es que las FCSE no tienen esos
protocolos difundidos entre sus componentes? Podría hablar de cómo encontramos
víctimas en los actos de aniversario… en el quinto, en el séptimo… no son solo nombres
y apellidos, son PERSONAS, que ni sabían que constaban en la sentencia y que
nos decían que nadie hasta ese momento les había explicado nada.
Hay
que aclarar un tema que no es menor. Una revisión detallada de los más de
68.000 folios del sumario nos aporta información sobre los afectados con datos
que no aparecían ni en el Auto de Procesamiento ni en las sentencias. Sí, esos
datos nos podrían ayudar a contactar con ellas pero la Ley de Protección de
Datos lo impide. Dicho lo cual, si hemos hecho esa revisión exhaustiva por
nuestra cuenta ¿no puede hacerlo la administración competente, según el
artículo 11.1 de la Ley 29/2011, que sí tiene la obligación legal de atender e
informar a LAS víctimas? Es más ¿lo han hecho?
Antes
decía que hablaría sobre la firmeza de la sentencia de diciembre de 2023. Una
nota de prensa de 21 de diciembre de 2023 del Ministerio de Interior dice que “La
Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio de Interior
se está dirigiendo a más de doscientos afectados por los atentados yihadistas
perpetrados en agosto de 2017 en Cataluña para informarles de los derechos que
les asisten en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que les
reconoció la condición de víctimas”… por lo tanto ¿qué gestiones hicieron
por esos más de 200 afectados desde el momento del atentado hasta seis años y
medio después? ¿Lo pueden explicar?
Podría
extenderme mucho más en el análisis de la información presentada por la
directora de la Subdirección, pero huelga decir que la asistencia a “LAS”
víctimas es manifiestamente mejorable… empezando por algo tan obvio y tan
urgente como la localización de todas y cada una de ellas.
Desgraciadamente,
aquella frase que me dijeron tras una visita a la Subdirección en la primavera
de 2014 sigue vigente: “Quien quiera algo que venga a vernos”. Queda muy claro
que aquella otra frase de “no damos abasto, aquí solo somos cuarenta personas
trabajando” que dijeron en 2023 también sigue vigente. Señor ministro de Interior, usted sabrá
si hay que aumentar la plantilla.
En
cambio aquí, en Catalunya, solo cinco amigos sin recursos y de modo voluntario…
creo que se me entiende.
Y
ante todo mucha calma. Otro día ya hablaré del abandono por parte de la
administración catalana porque da para un escrito mucho más largo. Son 37 años
esperando.
Y
ahora, a escuchar detenidamente las comparecencias de Fernando Reinares, investigador
i ex director del Programa sobre radicalización violenta i terrorismo global
del Instituto Elcano y de Ali Yassine , Expresidente de la Mezquita Annour de
Ripoll donde ejerció el iman Abdelbakky Es-Satty desde abril de 2016 hasta
junio 2017.
Por
cierto ¿a dónde fue después de junio 2017 ese iman asesino? ¿Nadie lo tenía controlado?
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