01 marzo 2025 Naiz

 

01 marzo 2025 

BVE, el terrorismo de Estado olvidado

Iñaki Egaña, historiador

Este año se cumple medio siglo del inicio de una de las marcas que conformaron la llamada «guerra sucia», tanto indiscriminada como dirigida contra la disidencia vasca, también contra la española. El Batallón Vasco Español (BVE) tuvo varias franquicias, entre ellas la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista, en similitud con su homónima argentina), ATE (Antiterrorismo ETA), ANE (Acción Nacional Española) y GAE (Grupos Armados Españoles). Como los GAL, tuvieron tres patas, la verde (Guardia Civil), la azul (policías, en particular los que reivindicaban en nombre de los GAE) y la marrón, militares relacionados en su mayoría con el Seced, los servicios secretos de entonces. Hubo particularidades y grupos autónomos, ligados a Fuerza Nueva, Falange o los autodenominados «Guerrilleros de Cristo Rey». Pero todos ellos obedecían a una única estrategia, especialmente los que actuaron contra refugiados vascos.

El BVE y las franquicias citadas causaron 40 víctimas mortales en Euskal Herria o contra ciudadanos vascos (también en París y Caracas) y reivindicaron unos 600 atentados en ese escenario. Actuaron asimismo en España, ocasionando también víctimas mortales como la de los cinco abogados del PCE y CCOO en Madrid en 1977. En 1982, la actividad de estos grupos fue decayendo, siendo sustituidos un año más tarde por los GAL, ya dedicados exclusivamente a atacar a la comunidad de refugiados vascos en Ipar Euskal Herria. Entre 1983 y 1987, los GAL mataron a 27 personas. Compartieron mercenarios con el BVE, que habían sido acogidos por España después de huir de Portugal, Italia, Francia o Argentina, y sus acciones no llegaron al medio centenar, lejos de las 600 del BVE y sus marcas paralelas. Y, sin embargo, cuando citamos a la guerra sucia, parece que únicamente la referencia fueron los GAL.

Así, las señas de identidad académicas sobre los protagonistas que insuflaron de fondos, dieron cobertura política y apadrinaron al BVE han quedado intactas. Apenas algunas críticas a la actividad de sus valedores policiales, como Manuel Ballesteros, Roberto Conesa, Antonio González Pacheco, Billy el Niño, puentes con los mercenarios... Pero los siete ministros del Interior que hicieron posible o arroparon la guerra sucia hoy son respetados por la historia: Manuel Fraga, Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, Antonio Ibáñez Freire, Juan José Rosón y José Barrionuevo, que compaginó el fin del BVE y su transformación en los GAL. Fraga murió siendo presidente honorifico del PP; Martín Villa fue presidente de Endesa y Sogecable; Suárez se ha convertido en aeropuerto madrileño; Lavilla fue miembro del Consejo de Estado e incluso Izquierda Unida le propuso para el Constitucional; Ibáñez Freire falleció con la Medalla de Oro de Bilbao en su chaqueta, una de las 500 franquistas que aún no han sido revocada por la alcaldía; a Juan José Rosón todavía le hace honores la televisión pública española, de la que fue presidente, y de Barrionuevo qué decir que no apareciera en aquella pancarta de sus camaradas a la puerta de la prisión de Guadalajara: «Todos somos Barrionuevo».

La razón de este olvido está en la construcción de una narrativa que se ha convertido en oficial, gracias a la complicidad de medios, grupos políticos que magnificaron la Transición y, sobre todo, jueces. De aquellos 600 atentados, casi todas las diligencias se cerraron, algunas por la Ley de Amnistía de octubre de 1977, pero las posteriores, por falta de interés o lo que es lo mismo, por complicidad. Implicados en esas 40 muertes, la mayoría a partir de 1977, únicamente Zabala e Iturbide (Triángulo de la Muerte) cumplían prisión en España, años después.

Esa narrativa fue construida con diques de contención marcados por las estructuras del Estado. Hoy se puede extraer en ChatGPT que el primer ingenio bajo un vehículo en Europa para hacerlo estallar a su contacto o movimiento fue inaugurado por ETA en una acción en Pasaia en 1983, cuando en realidad lo fue en Biarritz ocho años antes, en junio de 1975 en el coche de Mikel Mugiro que iba a trasladar a Josu Urrutikoetxea y su familia al médico. El artefacto explotó cuando los mercenarios lo estaban preparando. Cuando el abogado Txema Montero aportó pruebas de la participación de policías del cuartel de Barakaldo en el atentado contra el bar Aldana de Alonsotegi (1980), que causó cuatro víctimas mortales, el juez las desestimó. La policía puso a investigarlo a José Amedo Fouce (condenado a 108 de prisión por su actividad en los GAL) del que Wikipedia dice que entonces trabajaba «en labores de espionaje relacionadas con el entorno de la organización terrorista ETA». Cuando en 2015, Aitor Esteban, que será presidente del PNV a finales del próximo marzo, preguntó al Gobierno español por el atentado de Alonsotegi, la respuesta fue concisa: «Una vez consultados los archivos policiales, no existe informe que aporte datos relativos al esclarecimiento de los hechos». En octubre de 2004, la jueza Ángela Murillo se negó a reabrir el caso de José Miguel Etxeberria, Naparra, alegando que no había indicios de que José Miguel fuera secuestrado y «mucho menos de que haya sido asesinado».

Sobre el atentado contra la guardería Iturriaga de Bilbao (1980), con tres víctimas mortales, no hubo investigaciones judiciales. Sorprendentemente, Covite y la AVT lo atribuyen a ETA, a pesar de que el resto de asociaciones, Gobierno central y de la CAV lo imputan al «BVE o satélites». En 2001, la familia de Alfonso Etxeberria solicitó a la Dirección de Víctimas del Terrorismo el reconocimiento de Espe Arana y Jokin Alfonso como víctimas. Un comando del BVE, con la complicidad de la embajada en la que estaba destinado Billy el Niño, mató a la pareja en Caracas en 1980. Interior negó la condición de víctimas: «El asesinato de referencia es un incidente más que rodea a ETA y a su militancia, cuya autoría y motivación no ha podido ser aclarada». Suma y sigue.