11 marzo 2025
Las
víctimas del 17-A se quejan del abandono del Estado
Nueva
comparecencia en el Congreso en la comisión de investigación
Nueva
sesión en el Congreso de Diputados de la Comisión de Investigación de los
atentados de Barcelona y Cambrils del año 2017. Una mañana en la que ha
comparecido, Robert Manrique, asesor de la Unidad de Atención y Valoración de
Afectados por el Terrorismo (UAVAT), y víctima del atentado de Hipercor de
Barcelona. Manrique, quien ha sido una de las personas más activas para
encontrar víctimas de los atentados yihadistas, se ha dejado de florituras en
su discurso y en sus respuestas y ha denunciado la condición de “doble víctima”
de quienes han sufrido un atentado y de la “avaricia” del Estado.
La
casualidad temporal ha querido que Manrique haya comparecido en el aniversario
de los atentados yihadistas del 11 de marzo. Un dato que ha servido al
compareciente para pedir un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas que
los congresistas han aceptado. Durante su comparecencia le ha acompañado un
muñeco de Iron Man, la figura de Marvel, que era de Julian, el niño australiano
de siete años muerto en la Rambla aquella fatídica tarde del 17 de agosto. A
pesar de este simbolismo, ha cargado contra el Estado por no cuidar lo
suficiente a las víctimas y ha desgranado varios ejemplos de desamparo.
Impedimentos
legales
Una
de las cuestiones que ha querido remarcar es que como miembro de una entidad de
socorro y ayuda, como en la que trabaja, lo ha de hacer con las manos atadas.
Una situación generada por la ley de protección de datos, que no le permite
ponerse en contacto con víctimas que podría haber identificado en el sumario.
De hecho, no puede contactarlas para ofrecer asesoramiento. Una situación que
clama al cielo porque la Administración no se encarga.
Por
otro lado, ha reprochado que el ministerio del Interior solo tuvo abierta
durante una semana una oficina en Barcelona para atender a las víctimas del
atentado, del 22 al 29 de agosto. Un servicio escaso y desconocido —ningún
anuncio en la prensa informaba de esta oficina— para una lista de 16 muertos y
unos 160 heridos que la sentencia de la Audiencia Nacional elevó a 345. Un
ejemplo que le ha servido para exigir un protocolo post atentado claro así como
una ley catalana de víctimas.
Asimismo,
ha clamado por la necesidad de ampliar los períodos de tiempo para que una
persona pueda ser reconocida como víctima, que actualmente es de un año.
Además, propone ampliar las indemnizaciones, momento en que ha criticado la
estrechez económica del Estado, y establecer sistemas de control para los
impostores que se hacen pasar por víctimas como la geolocalización de los
teléfonos móviles.
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