30 junio 2018 elindependiente
Cuando Aznar y el PP
no dudaron en trasladar 190 miembros de ETA
Entre los años 1996 y
1999 el primer Gobierno popular accedió al traslado de casi dos centenares de
etarras a Euskadi, facilitar el regreso de los huidos y mejorar su grado
penitenciario.
Cuando lo anunció, José Antonio Ortega Lara llevaba cinco meses secuestrado en una
‘jaula’ oculta en el subsuelo de una nave de Mondragón. Esa mañana del 23 de
junio de 1996, ETA acababa de hacer público que concedía una semana de tregua
al Gobierno para negociar una “salida al conflicto”. Un anuncio inesperado en La Moncloa , donde aún estaban
de mudanza, acomodándose, y en el Ministerio del Interior poniéndose al día. El
Ejecutivo de José Maria Aznar apenas
llevaba mes y medio en el poder –tras 14 años de gobiernos socialistas- y su
titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, no lo dudó; había que aprovechar
aquella oportunidad y tender la mano a la banda terrorista con un gesto de
distensión.
El gesto a
ETA fue anunciar que se iniciaría un proceso de acercamiento de presos de la
banda a cárceles del País Vasco, incluidos etarras con delitos de sangre.
Formalmente, el Gobierno de José María Aznar lo justificó asegurando que era una
respuesta a una petición del Parlamento Vasco para acabar con el alejamiento de
etarras, pero la realidad fue otra: el PP y Mayor Oreja acababan de inaugurar
los cuatro años con más acercamientos de presos de la banda a Euskadi hasta el
momento: 190, casi tantos como los que hoy cumplen condena en las prisiones
españolas, 239.
Las reticencias a acercar etarras apenas afloraron. Ni
dentro ni fuera del PP. No parecía un precio elevado si facilitaba la
consecución de la paz y el final de la violencia. Aquel 1996 no fue un año
sencillo. Además del secuestro del funcionario de prisiones, iniciado el 17 de
enero de ese año, -y que no concluiría hasta 532 días después-, ETA asesinó a
Francisco Tomas y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, al
suboficial de la Ertzaintza ,
Ramón Doral y al sargento del Ejército, Miguel Angel Ayllón. En la lista de
crímenes mortales cometidos esos meses también figura el llevado a cabo el 6 de
febrero en San Sebastián contra Fernando Múgica, el histórico abogado y
militante socialista vasco y hermano del que había sido ministro de Justicia
entre 1988 y 1991, Enrique Múgica Herzog.
Fue
precisamente durante su mandato al frente de la Justicia en España cuando
se activó la política de dispersión de presos de ETA que tres décadas después
podría tocar a su fin. En 1989 Múgica Herzog, de la mano del entonces ministro
del Interior, José Luis Corcuera, y el director general de Instituciones
Penitenciarias, Antonio Asunción, acordaron poner en marcha un plan para romper
el colectivo de presos de ETA.
Arzalluz y Aznar,
apoyo a la dispersión
Los
terroristas habían logrado agruparse y hacerse fuertes en las cárceles. Con más
de medio millar de etarras cumpliendo pena, y agrupados en un puñado de centros
penitenciarios vascos o cercanos a Euskadi, habían convertido las prisiones en
otro ‘frente’ más de su lucha. Con el visto bueno del PNV, que entonces presidía
Xavier Arzalluz, se comenzó a dispersar a los etarras en el casi medio centenar
de centros penitenciarios activos en España. Y así continúan.
Cuando
Aznar y su Gobierno se estrenó en La
Moncloa habían transcurrido siete años y no pocos asesinatos,
secuestros y amenazas desde que se comenzó a dispersar etarras. Cuando Mayor
Oreja acercó a los primeros presos a Euskadi no hubo requisitos previos.
Aquella primera lista la conformaban 33 etarras. En esos días de 1996, los
jueces de vigilancia penitenciaria también concedieron 13 terceros grados a
otros tantos etarras que ya sólo tendría que acudir a la cárcel a dormir.
La breve
tregua de siete días no se prolongó. Los gestos hacia ETA y su mundo de
Interior y Justicia tampoco sirvieron para mucho: Ortega Lara seguía
secuestrado y algunos de los episodios más crueles de ETA estaban por llegar.
1997 fue el año que cambió la actitud social hacia ETA, el
año de la liberación de Ortega Lara y del secuestro y posterior asesinato de
Miguel Angel Blanco. Fue la segunda ocasión, la segunda lista de presos de ETA,
que el PP acercó a Euskadi. También entonces modificó el grado penitenciario de
varios de ellos. De nuevo la búsqueda de la paz como justificación última en un
país roto por el dolor terrorista.
Un año
después, en 1997 el Gobierno del PP trasladó a 26 etarras e Instituciones
penitenciarias concedió el tercer grado a 16 etarras. En aquella ocasión se
limitó la medida a etarras que hubieran repudiado a la banda o rechazado la
violencia o crímenes como los de Miguel Angel Blanco.
Los populares no
tardarían en volverlo a hacer, a romper el alejamiento de etarras lejos del
País Vasco. De nuevo sucedió a raíz de la enésima tregua de la banda. En 1998,
coincidiendo con la tregua parcial anunciada por ETA en septiembre, el
Ejecutivo trasladó a 26 presos y se otorgaron cuatro terceros grados. Al igual
que puede suceder ahora con etarras como Santiago Arróspide, (Santi Potros)
también hace dos décadas el Ejecutivo español accedió a trasladar a uno de los
autores de la matanza de Hipercor, Domingo Troitiño.
1999, el año del gran
acercamiento
Pese a
todo, el mayor gesto penitenciario hacia ETA, con la esperanza de forzar un
final, estaba por llegar. El PP lo dio en 1999. Meses antes, la banda había
anunciado un “alto el fuego indefinido”. Lo hizo el 16 de septiembre de 1998,
sólo cuatro días después de que los partidos nacionalistas vascos y diversas
organizaciones sociales y sindicales firmaran la llamada ‘Declaración de
Lizarra’, un compromiso para caminar juntos por la “construcción nacional de
Euskadi”. Hasta que el alto el fuego se rompió -el 28 de noviembre de 1999-,
Gobierno y ETA mantuvieron contactos que no fructificaron pero que estuvieron
acompañados de gestos en forma de acercamiento y terceros grados. Fue sin duda
del momento de mayor generosidad: 105 traslados 9 terceros grados.
Y no fue
todo. Aznar no dudó en abrir la puerta al regreso a España de cientos de
etarras huidos. La propuesta hecha pública por el Gobierno contemplaba la
llegada de 304 presos de ETA, sin causas pendientes con la Justicia o crímenes
prescritos. El entonces presidente del Gobierno llegó a denunciar incluso
presiones del entorno abertzale para que los etarras no se sumaran.
Pero esos fueron otros tiempos. Eran años en los que la paz
se anhelaba y el acercamiento de presos fue posible, incluso con ETA activa y
en alguno de sus periodos más sanguinarios. Ahora, con la banda oficialmente
disuelta desde hace casi dos meses, el PP se muestra reacio a repetir sus
pasos, al menos en público. Respaldar al PSOE en una medida que llevó a cabo en
sus tiempos más vigorosos no parece que se vaya a producir. La presión de
algunas asociaciones de víctimas, el inesperado desplazamiento a la oposición y
la posibilidad de desgastar a un inexperto presidente del PSOE, son una
oportunidad a exprimir. Dejar ese mensaje sólo en manos de Ciudadanos, una
amenaza a evitar.
Los populares ya
han anunciado que saldrán a la calle si las víctimas deciden hacerlo. La
llegada de Grande Marlaska a Interior fue bien recibida por la mayoría de
entidades de víctimas. Se trata de un juez con el que la mayoría han tenido una
buena interlocución como uno de los referentes de la lucha contra ETA.
Sin
embargo, los acuerdos que Sánchez debió asumir para imponerse en su moción de
censura para derrocar a Mariano Rajoy, han comenzado a cobrarse. El
acercamiento de presos de ETA apenas formaba parte de su discurso político,
salvo en Euskadi, donde los socialistas vascos no han dudado en reivindicar un
cambio de política penitenciaria desde hace años. Ahora el mensaje lo ha hecho
suyo Sánchez y el PSOE, presionados también por el que ha pasado en sólo un mes
de socio preferente del PP a aliado prioritario del PSOE: el PNV.
Víctimas y PP,
¿volver a la calle?
La
advertencia hecha por Javier Maroto esta semana en la Cámara Baja de salir a
la calle de la mano de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo sonó a
un ‘deja vú’ de los tiempos en los que los populares y las víctimas hicieron una suerte de
‘pinza’ contra el Gobierno de Zapatero.
Por el momento no hay movimientos perceptibles. Fuentes
penitenciarias consultadas por El
Independienteaseguran que la información está “actualizada” y que
Interior dispone de la ficha y situación de cada uno de los presos de ETA. En
realidad, gran parte de la documentación se la dejó preparada su antecesor en
el cargo, Juan Ignacio Zoido al actual titular de Interior. Fernando Grande
Marlaska sólo ha tenido que reclamar la última actualización, que en algunos
casos es semanal de los presos que hipotéticamente pudieran ser trasladados.
El viernes
el Ejecutivo de Sánchez dejó claro que no habrá progresiones de grado ni
excarcelaciones y que los pasos previstos son acercamientos individualizados,
bajo el marco de la ley uy con plena transparencia e información hacia las
víctimas. “Se sabe perfectamente quienes son los que tiene una mejor evolución
y situación. Sabemos quién está colaborando, quién se ha arrepentido, etc. La Administración
tiene una fotografía muy real de la situación de cada preso; quienes son, qué
hacen, cómo piensan”, aseguran fuentes penitenciarias. De los algo más de 230
presos de ETA que aún cumplen pena en España “más de la mitad diría que tiene
un buen pronóstico”, señalan estas fuentes.
A la espera de
cambios
Hasta ahora
las prisiones no han recibido ninguna indicación. Tampoco las ubicadas en
Euskadi o cerca del País Vasco para prepararse ante una hipotética llegada de
presos de ETA. En todas son conscientes de que muchos de los reos de la banda,
tanto por su edad, por su estado de salud y por su evolución, parten de una
situación “factible” a un cambio de su régimen penitenciaria. Una decisión que
recaerá en todo caso en las Juntas de Tratamiento.
Los casos
de Santiago Arrospide Sarasola, ‘Santi Potros’ (70 años), Joseba Arregi
Erostarbe, ‘Fitipaldi’ (75 años) y Sebastián Etxaniz Alkorta, (75 años) son los
más significativos de los posibles candidatos a ser trasladados por razones de
edad. Junto a ellos, los enfermos, que según la asociación de familiares de
presos, ‘Etxerat’, rondaría la veintena. Cifra al “inflada” según fuentes
penitenciarias pero que sí podría dar una aproximación de las magnitudes sobre
las que se podrían mover los primeros pasos de acercamientos.
Por el
momento se ha apuntado a la edad, mayores de 70 años, y la salud, gravemente
enfermos, como las razones que guiarán el proceso. Pero sin duda, el grado de
cumplimiento de su condena o su evolución en el interior de la cárcel y en su
relación con la violencia terrorista jugarán un papel importante, aseguran
fuentes conocedoras de estos procesos. Interior no ha reclamado por ahora a los
presos ningún tipo colaboración con la justicia o repudio de la violencia, como
le reclaman las asociaciones de víctimas, pero sin duda son elementos que
también constan en los informes periódicos que sobre cada reo se elabora.
Opinión:
Aunque no es cuestión continuada, de vez en cuando aparecen
artículos que muestran la realidad de la historia de este país y ofrecen datos
que demuestran que algunas víctimas no estábamos equivocadas cuando explicábamos
estos temas.
Fue en 1999 cuando la ANTIGUA AVTla AVT para que no le molestara
en sus pactos con el PNV y compañía? ¿Quizás fue esa la razón para introducir
los cambios en la AVT
y, evidentemente, poner a los fieles en la dirección? ¿Fue esa la época en la
que se apropió de la Fundación
de Víctimas del Terrorismo? ¿Se inició entonces el uso partidista del dolor
ajeno? ¿Empezaron en aquel fin de siglo a preparar campañas con aquello de “ponga
una víctima de ETA en el mitin?
Sí, ya se que son preguntas capciosas pero merecen
respuesta. En el artículo se avanzan muchas….
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