11 marzo 2019 (2) El País

11 marzo 2019 

Tres presos del 11-M mejoran su situación en la cárcel por buen comportamiento

Bouharrat y Toro están en el régimen de vida ordinario, mientras El Gnaoui, autor material, logra que se le suavice el primer grado, el más duro

Quince años después de los atentados del 11 de marzo en Madrid, permanecerán en prisión ocho de los 18 condenados por el Tribiunal Supremo a penas de cárcel. De ellos, tres han conseguido mejorar su vida carcelaria por buen comportamiento, según fuentes penitenciarias. Entre ellos, un autor material de la masacre, Otman El Gnaoui. Los otros cinco presos permanecen en el régimen más duro. De ellos, Hassan el Haski, que iba a ser excarcelado el 3 de junio, seguirá en prisión tras ser imputado recientemente por integrarse  en una red de radicalización. 

El caso de El Gnaoui es el más llamativo. Condenado, junto a Jamal Zougam, a 42.922 años de cárcel como autor material de la masacre, su salida de prisión está prevista para el 19 de marzo de 2044. Recluido en la prisión pontevedresa de A Lama, está clasificado, como la mayor parte de los condenados por terrorismo, en primer grado penitenciario o régimen cerrado, reservado a internos de “peligrosidad extrema o de inadaptación grave y manifiesta”. Este régimen impide, por ejemplo, optar a permisos de salida, además de tener menos horas de salida al patio que el resto de los internos. Sin embargo, en su caso estas medidas se le han suavizado con la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, según confirman a EL PAÍS diversas fuentes penitenciarias. Gracias a ello, se le permite estar más tiempo en el patio e, incluso, se le ha dado una celda en el módulo 12 de la cárcel, en el que está recluido junto a presos en segundo grado o régimen ordinario. Según detallan fuentes penitenciarias, el motivo ha sido “el buen comportamiento” que muestra desde su ingreso en prisión.

Ese es el mismo argumento que también ha permitido mejorar las condiciones de su estancia en prisión a los otros dos condenados. Mohamed Bouharrat, a quien el Supremo impuso una pena de 12 años de cárcel y cuya excarcelación está prevista para el 30 de octubre de 2022, fue clasificado en 2012 en segundo grado penitenciario o régimen ordinario. Ello le permitiría disfrutar de hasta 36 días de permiso al año para salir de prisión ya que hace tiempo que tiene cumplido un cuarto de su condena, uno de los requisitos para hacerlo. Sin embargo, hasta el momento Prisiones no le ha concedido ninguno, según confirman fuentes penitenciarias. Recluido en la cárcel de Valladolid, ocupa una celda en el módulo 3, donde están aquellos presos que por su buen comportamiento tienen un destino laboral dentro de la cárcel. En su caso, es el de ordenanza encargado del polideportivo del centro. Fuentes penitenciarias destacan que en todos los años que lleva encarcelado no ha sido nunca sancionado.

Los permisos de Toro

Quién sí disfruta de permisos, y desde hace años, es Antonio Toro Castro, cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, el exminero que facilitó a la célula yihadista el explosivo con el que cometió los atentados. Toro fue condenado por el Supremo a cuatro años de cárcel después de que la Audiencia Nacional le absolviera en primera instancia. Esta pena ya la ha cumplido, pero permanece en prisión porque acumula otros 18 años de condena por delitos de tráfico de droga y tenencia de explosivos en otras causas. Por ello, permanecerá en prisión hasta el 30 de marzo de 2022. Recluido en el Centro Penitenciario de Bonxe (Lugo), está en uno de los llamados módulos de respeto, destinados a presos poco conflictivos que, además, se rigen por una normas de convivencia cuyo cumplimiento se comprometen a respetar. Fuentes penitenciarias destacan que participa en cursos formativos que se imparten dentro de la cárcel.

Los otros cinco presos del 11-M están clasificados en el primer grado penitenciario que fija el artículo 91.2 del Régimen Penitenciario, destinado a aquellos reclusos que “muestren una manifiesta inadaptación” al régimen de vida ordinario dentro de prisión. De ellos, el que tenía prevista antes su salida de prisión era Hassan el Haski, acusado de ser uno de los cabecillas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), aunque en el juicio solo se pudo probar que estaba al corriente de los preparativos de los atentados. Fue condenado por ello a 14 años de prisión. Recluido en la prisión de Albocàsser, en Castellón, su excarcelación estaba fijada para el próximo 3 de junio, aunque su reciente imputación por formar parte de la red de radicalización desmantelada por la Guardia Civil en octubre en la Operación Escribano la retrasará, según coinciden en señalar fuentes jurídicas.

En esta nueva causa también es investigado Zougam, el otro condenado como autor material de los atentados. Recluido en la prisión de Teixeiro (A Coruña), la pena de 42.922 años le mantendrá en prisión hasta el 2 de marzo de 2044. En la misma prisión está Abdelmajid Bouchar, bautizado en su día por la policía como El Gamo tras escapar de una primera detención a la carrera. Bouchar fue condenado a 18 años de cárcel y su excarcelación está prevista para el 12 de septiembre de 2023. La misma pena se le impuso a Rachid Aglif, El Conejo, recluido en el Centro Penitenciario de Albocàsser (Castellón), la misma que El Haski. Su salida de prisión está prevista para el 1 de abril de 2022.

Finalmente, Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años por suministrar el explosivo con el que se cometieron los atentados, permanece en la prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), desde que a finales de 2018 fuera trasladado desde la cárcel de A Lama (Pontevedra) tras amenazar a un funcionario del centro. Entonces, el exminero asturiano estaba en segundo grado penitenciario e, incluso, se había reunido con uno de los supervivientes de los atentados para pedir perdón, por lo que aspiraba a disfrutar de permisos. Sin embargo, desde el incidente ha vuelto a estar en el régimen penitenciario más duro.

139 RECLUSOS YIHADISTAS Y 130 RADICALIZADOS

Las cárceles españolas acogen en la actualidad a 139 presos por yihadista, según datos de Instituciones Penitenciarias. Esta cifra triplica la que había en 2012, cuando eran 41, aunque es menor a la registrada en marzo de 2018, cuando eran 146, o en diciembre de 2017, en el que eran 150. A todos ellos, Interior los somete a control, lo que ha permitido desarticular dos redes de radicalización islamista en los últimos meses dentro de las cárceles. Prisiones también somete a especial vigilancia a otros 130 internos que, si bien ingresaron en la cárcel por delitos comunes, se han radicalizado entre rejas. A estos últimos, los divide en dos grupos. El primero, formado por 49 internos, está integrado por aquellos que no solo se han radicalizado, sino que realizan labores de captación entro otros internos. Los otros 81 son los que han empezado a mostrar signos de radicalización. En total, 269 reclusos, una cifra que supera al colectivo de presos de ETA, compuesto en la actualidad por 229 internos.