09 septiembre 2015
Expertos en
derechos humanos denuncian la falta de "implicación" del Gobierno
español en el desarme de ETA
Critican el
rechazo de la organización a "disolverse" sin condicionamientos
políticos
Estas reflexiones se recogen en un documento
elaborado por los investigadores Covadonga Morales Bertrand, Francisco Rey
Marcos, Jesús A. Núñez Villaverde y Roberto Toscano, para la evaluación del
'Plan de Paz y Convivencia' del Gobierno vasco.
El texto, presentado este miércoles por sus autores
en una rueda de prensa en Gasteiz, analiza los factores de "bloqueo"
del proceso de desarme de ETA. Entre dichos motivos, se señala la
"renuencia" del Ejecutivo español a participar en un proceso de este
tipo.
Al margen de esta valoración general, el informe de
estos expertos reconoce el "bloqueo" existente en determinadas
cuestiones relacionadas con la paz y la convivencia, como ocurre
en refiere el proceso de desarme de ETA. Entre los motivos de la
falta de avances para la entrega de los arsenales de la organización, se señala
la "renuencia" del Ejecutivo español a participar en un proceso de
este tipo.
Los autores de esta evaluación de 'Plan de Paz y
Convivencia' denuncian que el gabinete de Mariano Rajoy "no ha querido
implicarse a fondo en una cuestión que no le reporta beneficio alguno a corto
plazo".
El documento también censura la actitud de "no
desarme" adoptada por ETA, sobre la que afirma que "supone un coste
adicional para una sociedad que abrumadoramente demanda su disolución sin
condicionamientos políticos de ningún tipo".
Sobre la actuación del Gobierno vasco en esta
materia, el informe indica que el gabinete de Iñigo Urkullu "no ha podido
de ningún modo acelerar su materialización". En este sentido, lamenta la
falta de "respuesta efectiva" de ETA a la 'Propuesta para un desarme
efectivo' trasladada por el Ejecutivo autonómico a la banda, basada en una
entrega de arsenales "unilateral" y con "cobertura social,
internacional e institucional".
“Inmovilismo”
de los partidos
Los autores de esta "evaluación
intermedia" del Plan de Paz, basada en cien entrevistas realizadas a
distintos agentes, constatan que este proyecto del Gobierno vasco también se ve
lastrado por la "rémora" del "inmovilismo" de los partidos
políticos.
A su juicio, las formaciones vascas sigue sin
atreverse a avanzar hacia nuevas posiciones, debido a su temor a perder el
apoyo de su "comunidad de simpatizantes". Esta situación es la que,
según han indicado, ha llevado a la
Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco a un
estado de "parálisis".
Jesús A. Núñez Villaverde ha aludido también al
papel de determinadas asociaciones de víctimas del terrorismo. A su juicio,
algunos de estos colectivos han alcanzado un "altavoz" y una
proyección pública que "no se corresponde" con su representatividad.
“Bloqueo”
En este sentido, ha subrayado que la condición de
víctima no convierte a quien lo sea "en una autoridad ni en un
experto". Además, ha lamentado que en algunos casos, estas organizaciones
puedan incluso "bloquear" decisiones de los partidos e instituciones
en el ámbito de la paz y la convivencia.
Ante esta situación, ha defendido la necesidad de
"dimensionar" su proyección. Para ello, ha apelado a la
"generosidad" de determinadas asociaciones de víctimas, sobre la que
--según ha dicho-- "a veces se ha echado en falta". Además, ha reclamado
que los partidos políticos "rompan la cadena de transmisión" que
propicia toda estas situación.
Fin de la
dispersión
En materia de política penitenciaria, han reclamado
el fin de la dispersión de los presos de ETA, la eliminación de la legislación
"excepcional" que se les aplica y la reinserción de los reclusos de
la banda.
En la misma línea que anunció el Gobierno vasco el
pasado mes de abril, estos expertos han constatado la conveniencia de elevar a
rango de ley el decreto autonómico para la reparación de víctimas de motivación
política, entre las que se encuentran los damnificados por abusos de las
fuerzas policiales cometidos en el contexto de la lucha contra ETA.
Dicho decreto se encuentra recurrido por parte del
Gobierno español, por lo que el gabinete de Iñigo Urkullu tiene previsto
elevarlo a rango de ley para reforzar su seguridad jurídica. Con el mismo fin,
este grupo de expertos propone aprobar una nueva ley de víctimas que incluya a
las que no están recogidas en la legislación actual.
Los autores de la evaluación del 'Plan de Paz'
defienden que la actuación en este campo del Gobierno vasco --tanto el actual,
del PNV; como del anterior, del PSE-EE-- es "irreprochable". De esa
forma, han destacado la conveniencia de investigar y reparar "todas las
vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de la violencia de
motivación política".
Valoración
del plan
Este documento valora el desarrollo del 'Plan de Paz
y Convivencia' y destaca su carácter "reconciliador, vivo y flexible".
El informe destaca aspectos del plan relativos a la
memoria y pone en valor la elección de la violación de derechos humanos
"como criterio objetivo para establecer con precisión el relato del
pasado".
También se apunta que "las víctimas forman parte
del eje central del plan" y valora que se aborde la situación de ese
colectivo a través de principios de verdad, justicia, reparación y garantías de
no repetición.
En cuanto a la política penitenciaria los expertos
reconocen las "limitadas" competencias del Gobierno vasco en esta
materia, al mismo tiempo que valoran su apuesta por la reinserción de los
presos.
En el resumen ejecutivo se subraya que el 'Plan de
Paz' es "global, necesario, ambicioso (a la vez que realista) y
equilibrado". Además, destaca que se trata de un documento que
"establece una guía para todos los que estén dispuestos a avanzar desde la
desconfianza y las discrepancias actuales".
“Dimensión
ética”
El informe de evaluación concluye con un apartado de
recomendaciones para mejorar la implementación del 'Plan de Paz y Convivencia'.
De esa forma, propone "continuar sosteniendo en primer plano la dimensión
ética, sobre la base del reconocimiento de la injusticia de la violencia".
Además, plantea incorporar un análisis de escenarios
y ampliar el horizonte temporal de gestión de los objetivos del plan. Por otra
parte, recomienda que todos los agentes implicados en esta materia salgan de
"ciertas zonas de confort" que imposibilitan el acuerdo, para lo que
defiende la necesidad de crear foros para el diálogo y el acuerdo, como la
ponencia parlamentaria sobre paz y convivencia.
También constatan la importancia de ampliar
"consensos" en materias como la "autocrítica", una política
de "gestos de empatía hacia todos los sectores afectados por la violencia",
una nueva ley de reparación a víctimas no reconocidas, el refuerzo de los
derechos humanos "como eje de la construcción de la paz", las
políticas de reinserción o el refuerzo de los aspectos socioeducativos.
Opinión:
Ante tantos agentes que se
dedican a hablar del tema y a opinar sobre la actitud de la banda terrorista
ETA, del Estado e incluso de algunas asociaciones de víctimas aporto mi opinión,
la cual es compartida por muchas víctimas del terrorismo. Las hay que
pertenecen a alguna o algunas asociaciones pero no se sienten representadas.
También las hay que no nos sentimos representados por ninguna porque jamás
consultan las opiniones a sus supuestos representados.
Dicho esto, hay un tema que se debe
recordar y voy a repetir mi comentario en las redes sociales en el día de hoy: “cuando en octubre de 1998 Aznar dijo aquello de "yo y
la sociedad española sabremos ser generosos con aquellos que abandonen la
violencia" pensé y dije públicamente como victima de eta en Hipercor lo
mismo que digo ahora: "lo de la generosidad es un tema solo y
exclusivamente entre victima y terrorista. Lo que digan los demás no es palabra
de dios". La lastima es que a aquel individuo se le permitió hablar en
nombre de... pues en el mio NO, nunca”.
Lo reitero para que los
agentes sociales envueltos en la cuestión se den por enterados. Muchas víctimas
pasamos olímpicamente de lo que digan las asociaciones en este y en todos los
demás temas. Pero el asunto de la generosidad depende del agresor y el
agredido. De nadie más, ni en un sentido o en el contrario.
El problema es que se
cuenta con la opinión de ciertos “representantes” que jamás preguntan a ninguna
otra víctima su opinión, solo siguen los consejos de sus “asesores” (manda
huevos...) que ni tan siquiera son víctimas o han exigido ser reconocidas como
tal y les han confirmado desde el Ministerio que de eso nada. Es más, es
continua la queja de muchas víctimas anónimas en el sentido de que solo reciben
información para ir a balnearios o a excursiones pero que jamás han sido
consultadas sobre qué harían o sobre que no harían en estos momentos tan
delicados e importantes.
Quizás deberían preguntar a
las víctimas que vivimos el día a día desde el anonimato cual es nuestra opinión.
Al fin y al cabo, la generosidad ha sido una constante en este enorme grupo de
víctimas del que hablo. ¿No será que a alguien no le agradaría conocer la opinión
y así seguir fomentando el enfrentamiento?
Les garantizo que se llevarían
una sorpresa.
NOTA: lo de la generosidad
sirve exactamente igual para la palabra reconciliación, la cual se utiliza
mucho últimamente sin conocer la opinión de l@s afectad@s.
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