11 enero 2019
Las
víctimas acusan a Interior de «ocultar» el traslado de tres etarras
«Ocultación»,
«traición» o falta al «compromiso de transparencia» son acusaciones que la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) y la
Fundación de Víctimas del Terrorismo lanzaron ayer contra el
ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, tras tener conocimiento por
una información periodística del traslado carcelario de tres etarras, uno de
ellos Sergio Polo, autor de tres asesinatos, por el último de los cuales fue
condenado en marzo pasado a 110 años de prisión.
En un comunicado, la AVT – que no la Fundación de Víctimas –
utiliza el término «acercamiento» para lamentar el cambio de ubicación de estos
reclusos «a espaldas de las víctimas», al tiempo que recuerda que Marlaska
aseguró a su llegada al departamento que habría comunicación previa a los
colectivos de víctimas de estos movimientos y que en ningún caso beneficiarían
a reos con delitos de sangre. Desde el Ministerio, fuentes consultadas por este
diario precisaron ayer que Polo ha sido llevado del centro penitenciario de
Algeciras (Cádiz) al de Herrera de la
Mancha , en Manzanares (Ciudad Real), a 578 kilómetros de su
Bilbao natal, lo que significa que sigue estando «en la mitad sur de España»,
por lo que – añaden – «no se consideró que se tratara de un acercamiento al no
producirse el traslado dentro de un radio cercano al País Vasco».
En todo caso, la Directora General
de Apoyo a Victimas del Terrorismo, Sonia Ramos, se puso ayer en contacto con
los colectivos de víctimas para pedir disculpas y dar explicaciones como las
aquí expuestas.
La mudanza de Sergio
Polo, alias «Lur», se autorizó el 29 de noviembre por razones de salud, – al
parecer, un «trastorno de estrés postraumático » – ante lo que la AVT reprocha que tal
diagnóstico no le eximió de tener que acudir como acusado al juicio contra él
en marzo, vista en la que agregan que Polo no mostró «síntoma alguno de
arrepentimiento» ni de «colaboración con la justicia ».
En espera de un hijo
Los otros dos etarras
que están en una nueva prisión son María Lizárraga Merino e Íñigo Gutierrez
Carrillo, condenados la primera a 20 años por pertenencia a banda armada y el
segundo a 8 años por colaboración, que han ido de la cárcel de Villena, en
Alicante, a la de Picassent, en Valencia. Las mismas fuentes del Ministerio del
Interior explican que ambos son pareja y van a tener un hijo, por lo que tienen
que estar en un centro con una «unidad de madres », que no existe en Villena
pero sí en Picassent, donde cumplirán su sentencia en módulos distintos.
Con independencia de
promesas o de discrepancias sobre lo que es o no «acercamiento» de presos, la Fundación de Víctimas
del Terrorismo cita la Ley
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que
establece en su artículo 51 la existencia de «cauces de información a la
víctima acerca de todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria, hasta el
momento del cumplimiento íntegro de las penas. Particularmente, en los
supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados»,
algo que – reprochan – ha sido claramente obviado en este caso concreto.
Información previa
Desde la toma de
posesión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el Ministerio del
Interior ha autorizado a través de Instituciones Penitenciarias el acercamiento
de una quincena de etarras y de dos miembros de los Grapo, que han sido
comunicados previamente a las asociaciones de víctimas del terrorismo. El
primer traslado fue el 13 de septiembre para Kepa Arronategi, condenado a más
de 158 años por, entre otros delitos, participar en el intento de asesinato del
Rey Juan Carlos en el Guggenheim de Bilbao en 1997. Pasó de la cárcel de
Almería a la de Zuera, en Zaragoza. El 26 de noviembre se aprobó el mayor traslado
para cuatro presos de ETA y dos del Grapo, entre ellos Fernando Silva Sande,
que colabora con los investigadores ofreciendo pistas sobre el lugar donde se
encuentra el cadáver del empresario aragonés Publio Cordón. Tiene por delante
una condena de 30 años y fue llevado a Teixeiro (La Coruña ).
Condenados
Sergio Polo (Bilbao,
1974) Condenado a 110 años por asesinar al comandante Luciano Cortizo, en León
en 1995. Acumula otros 29 años de prisión por el asesinato de un hombre de un
tiro en la cabeza, 48 años por asesinar a un guardia civil y 11 años por
colocar dos artefactos explosivos en Renfe, todo ello en 1993.
María Lizárraga
(Pamplona, 1984) Condenada a 20 años en 2010 por pertenencia a banda armada.
Íñigo Gutiérrez
Carrillo (Getxo, 1983) Condenado a 8 años de prisión por un delito de
colaboración en el atentado contra la casa cuartel de Legutiano.
Las víctimas acusan a Interior de «ocultar» el traslado de
tres etarras
El Ministerio no vio
«acercamiento» en llevar a uno de Cádiz a Ciudad Real y a los otros dos de
Alicante a Valencia Un asesino y una pareja terrorista que buscó matar De los
tres traslados de etarras, el más doloroso es el de Sergio Polo, que integró
varios comandos de ETA y cumple condenas por tres atentados que provocaron la
muerte de tres personas. Los otros dos no mataron por falta de acierto. En la
sentencia contra María Lizárraga por pertenencia a banda armada se advierte de
que con sus fechorías pretendía cometer actos de «superior envergadura en pro
de ETA». En cuanto a su pareja, Íñigo Gutiérrez, es culpable de «colaboración»
en un atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de
Legutiano, en el que murió un sargento, aunque logró ser absuelto de otro
contra la casa cuartel de La Rioja. Pendientes de cada caso Desde la llegada
de Sánchez a La Moncloa
se han autorizado una quincena de acercamientos de miembros de ETA al País
Vasco y dos de grapos
Opinión:
Nuevamente se coloca
al colectivo de LAS víctimas en la información sobre una noticia de la que la
inmensa mayoría de víctimas no tiene ni la más remota idea. Es curioso
constatar que se explica, como si fuera una realidad, que las asociaciones de
víctimas son informadas de esos traslados pero… ¿de qué sirve si Lugo esas
asociaciones no informan a sus asociados?
¿Para qué sirve estar en una asociación cuya única labor es informar si luego
no cumple con ese cometido? Lo digo porque hace casi diez años que muchas
víctimas no recibimos información de ninguna asociación de víctimas en las que
todavía constan nuestros nombres y apellidos en los listados.
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