21 enero 2019
Gobierno aprueba nuevas estrategias contra terrorismo y
el crimen organizado
El Gobierno ha aprobado hoy estrategias
nacionales contra el terrorismo y el crimen organizado, que incluirá también la
considerada "delincuencia grave", así como el Plan Nacional de
Biocustodia para evitar la creación de armas bacteriológicas con el uso
delictivo de patógenos.
Presidencia del Gobierno indica en un
comunicado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha mantenido hoy un
encuentro con el Consejo de Seguridad Nacional, que se ha celebrado en el
denominado "bunker de la
Moncloa ".
"Se ha determinado la nueva Estrategia
Nacional Contra el Terrorismo, que actualiza la Estrategia Integral
contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización de
2012, vigente hasta 2017", señala en la nota.
Asimismo, en la reunión se ha revisado y
actualizado la
Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave
2019-2023, tras la revisión y actualización del plan anterior.
"En concreto, se ha decidido incluir la
amenaza de la delincuencia grave, un tipo de delincuencia que sin poder ser
catalogada como organizada, sí supone un peligro para la seguridad no sólo
individual, sino de barrios y ciudades", explica el Gobierno.
Añade que, respecto al desafío de los flujos
migratorios irregulares, "el consejo ha sido informado de la elaboración
de un plan de contingencia global frente a posibles llegadas
extraordinarias".
Con el Plan Nacional de Biocustodia,
elaborado por el Comité especializado de no proliferación de armas de
destrucción masiva, se pretende evitar que cualquier patógeno empleado en
investigación médica pueda caer en manos criminales que los transformen en arma
bacteriológica.
En la reunión se ha tratado la reciente
constitución de la
Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional ,
un órgano previsto en la Ley
de Seguridad Nacional, que aún no había sido puesto en funcionamiento y que
preside la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
En dicha conferencia estarán representadas
todas las comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla.
El Ejecutivo recuerda que "es un
instrumento que articula la participación autonómica en asuntos de seguridad
nacional que afectan a materias que han sido transferidas a la administración
autonómica, sin olvidar que el responsable de la seguridad nacional es el
presidente del Gobierno
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