02 marzo 2020
Una orden secreta permite a la Policía pagar en 'B' a
confidentes sin ningún control
La instrucción que dictó el ministro Belloch en 1995 para
gestionar los fondos reservados permite pagar a los colaboradores policiales
sin autorización judicial, sin que quede rastro de sus identidades y sin tener
que comunicar qué información facilitan
La orden
secreta que el Ministerio de Justicia e Interior dirigido por Juan Alberto
Belloch implementó para gestionar los fondos reservados y el régimen de los
confidentes -plenamente vigente en la actualidad- permite pagar a los
colaboradores policiales sin necesidad de autorización judicial previa, sin que
quede constancia en ningún documento oficial de las identidades de los que
reciben esos abonos en ‘B’, sin que los funcionarios tengan la obligación de
comunicar qué información facilitan y sin que ésta tenga que estar vinculada
necesariamente a una operación determinada.
El Independiente ha tenido acceso al contenido de la instrucción
interna que el ministro Belloch aprobó el 12 de septiembre de 1995 para establecer
las normas de gestión y control de los fondos reservados y que permaneció
oculta hasta mayo de 2019. El juez de la Audiencia Nacional
que investiga el caso Villarejo requirió
dicho documento al Ministerio del Interior en el marco de la pieza separadaKitchen, lo que obliogóal Consejo de Ministros a
desclasificarlo previamente.
La norma veía la luz justo cuatro meses después de que el
Gobierno aprobara una ley que, por primera vez en España, regulaba la
utilización y control de los créditos destinados a los gastos reservados. Fue
un año después de que El Mundodesvelara
el cobro ilegal de sobresueldos por parte de altos cargos de Interior a costa
de dicha partida, entre ellos el ex director general de la Guardia Civil Luis
Roldán.
En su artículo 6, la citada ley obligaba a los titulares de
Defensa; Justicia e Interior (hoy desgajados en dos) y Asuntos Exteriores -los
tres únicos departamentos autorizados al pago de este tipo de gastos para la
defensa y seguridad del Estado- a dictar las normas internas que fueran
necesarias para garantizar que los fondos se destinen a financiar las citadas
actuaciones y no se desviaran. Esa orden debía contar con el preceptivo informe
favorable de la
Intervención General del Estado.
La instrucción aprobada por el macroministerio que dirigió
Belloch (1994-1996) -en el que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles,
estaba al frente de la
Secretaría de Estado de Seguridad- reguló el pago a
colaboradores policiales, distinguiendo entre «fijos» y «ocasionales». De forma
expresa, el texto venía a amparar «los pagos directos, comidas, consumiciones y
regalos» que pudieran recibir aquéllos por proporcionar «información
esporádica» o «con motivo del desarrollo y seguimiento de una operación
concreta».
La redacción de esta orden comunicada abonaba la opacidad y
la falta de fiscalización, dado que no establecía la obligación de comunicar ni
a los altos mandos policiales, ni a los responsables políticos del Ministerio
del Interior, ni a la
Fiscalía , ni tampoco al juez quiénes son los confidentes a
los que se entregan recursos públicos ni por qué información se les recompensa
económicamente.
En el caso de los colaboradores fijos, la norma respalda
que tan sólo aporten «información variada» para el «incremento de la
inteligencia básica», sin necesidad de que los datos guarden relación con una
determinada operación policial que estuviera en marcha ni que formen parte de
una investigación judicial.
La orden tampoco plantea la exigencia de que la captación y
pago a los confidentes cuente con la autorización previa de responsables
policiales o políticos de Interior y no limita dicha cooperación a la lucha
contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado, por lo que abría
la posibilidad a pagar por cualquier información de interés policial. Ni
siquiera detalla los requisitos de idoneidad que debían reunir aquéllos para
prestar ese servicio, por el que el Estado habrá abonado decenas de millones de
euros en los últimos 25 años.
Justificación del
gasto
De la identidad de los informadores policiales tampoco
queda rastro ni siquiera en la fase de justificación del gasto, al reseñarse en
la contabilidad de los fondos reservados un concepto genérico -«colaboradores
fijos» o «colaboradores ocasionales»- y desglosarse por operaciones con un
nombre en clave.
Casi 25 años después de su aprobación, esta orden
comunicada continúa en vigor en el ámbito del Ministerio del Interior, el
departamento gubernamental que más fondos reservados consume al depender de él la Policía Nacional
y la Guardia Civil.
Este diario no ha podido confirmar si Defensa -al que ha estado adscrito la
mayor parte del tiempo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- y Asuntos
Exteriores han modificado las normas internas que debieron dictar en
cumplimiento de lo que establecía la ley de 1995.
Opinión:
A ver si lo entiendo bien… el gobierno no realiza la
labor asistencial y social mínimamente exigible en cuanto a la atención a
colectivos con problemas. Pongamos que hablo de víctimas del terrorismo. Y
cuando estás asistiendo a cientos de personas y solicitas colaboración a ese
Gobierno para que aporte cierta cantidad de recursos, los impedimentos, los
requisitos y las patadas en la boca aumentan exponencialmente. Si lo solicitas
a principios de año, quien lo recibe puede estar contento si le ingresan lo
solicitado en septiembre, con lo que durante meses tienes que seguir
adelantando el dinero para hacer la labor que, repito, debería hacer el propio
Estado.
Además (lógico porque hablamos de recursos públicos)
te exigen auditorías que corren de tu cuenta, te piden periódicamente las
memorias de gestiones… y ahora “descubres” que lo que durante décadas habías
sospechado e intuido se cumple con todas las letras. Es decir, se confirma que
el Estado que tantas explicaciones exige y tantas trabas presenta para ayudar a
efectuar una labor social se dedica a gastar lo que le apetece, lo que quiere,
lo que le sale de (…) para conseguir información de confidentes.
Sin límite, sin recibo, sin facturas, sin control.
Que se confirme todo esto es realmente repugnante y
más cuando tienes fundadas sospechas de que debieron untar con mucho dinero al
que fuera Imán de Ripoll y responsable de la célula terrorista que atentó en
Catalunya en agosto de 2017. Y digo “sospechas” porque hubiera sido todo mucho
mas sencillo si se hubiera aceptado la creación de una Comisión de
Investigación aunque ¿cómo lo iban a permitir? ¿para que alguien “tirara de la
manta” y pidiera explicaciones?
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