05 marzo 2020
Así blanqueaba la justicia española el terrorismo de
extrema derecha durante la
Transición
Todas y cada una de las sentencias que dictaba la Audiencia Nacional
calificaban a los terroristas ultras como “elementos aislados y desorganizados”,
renunciando a indagar en las conexiones que mantenían con los aparatos
policiales del Estado, todavía anclados en la dictadura, y con los partidos
neofranquistas
La impunidad con la que actuaron los grupos de extrema
derecha durante la
Transición está siendo objeto de investigación y revisión por
historiadores y periodistas. Tras la muerte de Franco en 1975, se organizaron
numerosas “tramas negras” que sembraron el terror entre partidos de izquierdas,
sindicatos y asociaciones obreras. En general, se trataba de grupos formados no
solo por elementos ultraderechistas más o menos estructurados que actuaban por
su cuenta, sino también por funcionarios del Estado. Sin embargo, la realidad
que transmitían las sentencias de la Audiencia Nacional
era bien distinta.
El tribunal creado por el Gobierno en 1977 para investigar
y juzgar casos de terrorismo –y que ha funcionado como un tribunal especial
dedicado a este tipo de asuntos− siempre mantuvo en sus sentencias la versión
de que tales crímenes perpetrados por la extrema derecha española fueron
realizados por “grupos incontrolados”, a pesar de que existía una organización
institucional desde el más alto nivel. “Cuando el tribunal decretó las
amnistías para estos grupos les catalogó como ‘no adscritos’; es decir, como
elementos aislados y desorganizados, sin partido, aunque en todos los casos
estaban afiliados a las mismas organizaciones políticas legales (Fuerza Nueva,
Falange Española de las JONS, Hermandad de la Guardia de Franco,
principalmente) y mantenían vinculaciones concretas con estamentos policiales,
como quedó demostrado”, asegura el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler
en su libro La Transición
sangrienta.
Esta definición de “incontrolados no adscritos” persiste en
todas las sentencias dictadas y en la calificación usada por el Tribunal
Supremo (posteriormente Fiscalía del Reino y Fiscalía General del Estado) en
sus memorias anuales. También en su sinopsis jurídica inscribía estos casos
bajo el capítulo de “terrorismo diverso”, diluidos en un auténtico “cajón de
sastre”, según Sánchez Soler. El escritor llega a asegurar que “esta
sistemática individualización” de las causas instruidas por la Audiencia Nacional
en casos de violencia ejercida por grupos de extrema derecha supuso, en la
práctica, “la renuncia oficial a reconocer el peso que poseían estos activistas
dentro de los aparatos del Estado y la coordinación que podía existir entre las
fuerzas involucionistas que actuaron contra el proceso democrático”.
Sea como fuere, lo cierto es que la Transición española no
fue tan pacífica y civilizada como nos han contado hasta ahora. Desde el 20 de
noviembre de 1975 hasta el 30 de diciembre de 1983, cuando se contabilizaron
los primeros crímenes de los GAL, el tránsito de la dictadura a la democracia
se cobró 2.663 víctimas por violencia política, entre muertos y heridos
hospitalizados, según escribe Mariano Sánchez Soler. En esa cifra se incluyen
los terrorismos de extrema izquierda, nacionalistas, de extrema derecha, la
guerra sucia, la represión en la calle, la tortura y otras manifestaciones de
violencia política “emanadas de las instituciones del Estado”.
De estas 2.663 víctimas, un total de 591 perdieron la vida.
Y de ellas, 188 personas murieron en actos de violencia política de origen
institucional. “Esta cifra resulta relevante si consignamos las 3.173 víctimas
mortales de la violencia en todas sus expresiones (asesinatos, homicidios,
parricidios, terrorismo, robos con homicidio…) documentadas por la Memoria del Fiscal General
del Estado durante los años estudiados”, asegura el autor en su obra, a caballo
entre el ensayo histórico y la investigación periodística.
El análisis de la evolución de la violencia política de
origen institucional durante el período estudiado demuestra tener su punto
álgido en los prolegómenos del intento de golpe militar del 23F de 1981. Fue en ese momento
cuando más violencia política se desencadenó, sobre todo debido a la
efervescencia de los movimientos extremistas, tanto de izquierdas como de
derechas. “A partir de ese momento la violencia política queda prácticamente
desactivada tras la victoria electoral del PSOE el 28-O de 1982. Después, la
única actividad de origen institucional consignable es la guerra sucia contra
el terrorismo”, explica Sánchez Soler.
Por el contrario, el terrorismo nacionalista y de
izquierdas (ETA, Grapo) sufre, entre las elecciones de 1977 y el referéndum de la Constitución de 1978,
un repunte cuantitativo en número de víctimas (85 contabilizados entre el 15 de
junio de 1977 y el 31 de diciembre de 1978 y 94 durante 1979), para
estabilizarse después de la victoria electoral socialista en torno al medio
centenar de víctimas mortales al año.
Opinión:
El pasado 5 de marzo se cumplieron cinco años exactos de mi
visita al Ministerio de Interior para entegarles un listado de 280 ciudadanos
que en Catalunya han sufrido el zarpazo terrorista y en esa relación habían
muchos nombres y apellidos de víctimas de la extrema derecha.
La respuesta de la Dirección General
Por lo tanto, me consta que desde la Administración
competente hay quien no quiere saber nada de todas esas personas….
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