18 febrero 2022 (2) Deia (opinión)

18 febrero 2022

 

Una maniobra ilegítima e inmoral

La petición de medio millar de miembros de la Policía y la Guardia Civil para acogerse a la 'Ley de abusos policiales' es un intento de boicotear la norma que reconoce a víctimas de torturas e incluso asesinatos

La petición realizada por cerca de medio millar de miembros de la Policía y la Guardia Civil y de 50 damnificados por el terrorismo de ETA para ser reconocidos como víctimas de vulneraciones de derechos humanos por motivación política al amparo de la conocida como ley de abusos policiales es no solo insólita, paradójica e incongruente, sino que se antoja ilegítima y se presenta como una maniobra de ciertos sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para boicotear, desvirtuar o adulterar el espíritu de la norma aprobada por el Parlamento de Vitoria. Una normativa similar también vio la luz verde en el Parlamento de Navarra, la Ley Foral de Reconocimiento de las Víctimas de Violencia policial o de grupos de extrema derecha. Es constatable, en primer lugar, que se trata de una operación planificada, puesto que las peticiones de estos agentes o exagentes constan de solicitudes tipo. Los miembros de las FCSE han podido ser víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia de persecución y la amenaza para ellos y sus familias. Otras personas han podido ser también víctimas directas o indirectas de la banda armada y de grupos paralelos. Pero en ambos casos, su reconocimiento como tales tiene su propio ámbito legal y específico en la Ley de Víctimas del Terrorismo. La leyes de Navarra y la CAV que inciden en el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el ámbito de la violencia de motivación política –torturas, malos tratos, desapariciones o asesinatos–, son, precisamente, la norma que otorgan garantía jurídica al reconocimiento y reparación a personas que habían sufrido lo que comúnmente se conoce como "abusos policiales" y que pese a haber sufrido graves conculcaciones en su integridad física y psíquica por actuaciones de agentes públicos no estaban amparadas por disposición legal alguna. Este ofensiva para intentar torpedear el reconocimiento a víctimas de terribles violaciones de derechos humanos tiene también una motivación política: la de evitar el reproche a comportamientos inmorales y delictivos cometidos por agentes públicos y la búsqueda de la impunidad. En ninguno de estos ámbitos encontrarán eco ni soporte ni de las instituciones ni de la sociedad des este país. Negar sistemáticamente la realidad de la existencia de los abusos policiales no es éticamente admisible con la historia de hechos conocida y probada.

Opinión:

No tengo toda la información para opinar sobre lo que marca el editorial de Deia pero, por el trasfondo de la información, me gustaría recordar que en el mundo de víctimas del terrorismo hay ciertos personajes que, utilizando la información aportada por víctimas reales de atentado terrorismo se han creado un relato absolutamente ficticio consiguiendo el reconocimiento como tales sin ningún tipo de vergüenza ni de escrúpulos.

Por ello puedo entender (que no compartir) que haya más gente decidida a vivir a costa del dolor ajeno.

Allá cada cual. Aunque la Administración debería investigar muchos casos, el problema es que si los descubriera quedarían muy claros y diáfanos los errores cometidos durante años.

Errores que en ocasiones y gracias a la pericia teatral de los impostores podría achacarlos a la involuntariedad de la propia administración y algunos que habrán sido el pago a los favores prestados.