01 abril 2014 (31.03.14) (2) La Vanguardia

01 abril 2014 (31.03.14)

Penalista cree Interior puede prevaricar al denegar ayudas a víctimas del GAL

El catedrático de Derecho Penal de la UPV y autor de un informe sobre ayudas a víctimas de los GAL y otros grupos terroristas, Ignacio Muñagorri, ha apuntado hoy que el Ministerio del Interior y su titular, Jorge Fernández Díaz, han podido prevaricar al denegar y revocar ayudas a este colectivo.

Muñagorri ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco para presentar las conclusiones de este informe encargado por la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Vitoria al Instituto Vasco de Criminología.

Este informe fue solicitado después de conocerse que al menos una decena de víctimas de los GAL y de otros grupos como el Batallón Vasco Español y la Triple A han denunciado que en el último año el departamento de Fernández Díaz ha rechazado ampliar las indemnizaciones que perciben.

La Ley de Víctimas de 2011 actualizó y amplió las ayudas para las víctimas del terrorismo que recogía la legislación anterior, de 1999, pero en 2012 se modificó esa ley y se introdujo una disposición transitoria para evitar que personas condenadas por acciones terroristas puedan percibir esas indemnizaciones.

Esta reforma se hizo al amparo de un convenio europeo que establece que no podrán cobrar ayudas aquellos que participen "en la delincuencia organizada" o pertenezcan a "una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos".

El Gobierno Vasco tiene constancia de que una treintena de víctimas se han visto afectadas al haber rechazado el Ministerio sus solicitudes. Al menos a cinco se les ha dado la razón y han visto ampliadas sus ayudas, mientras que al menos una decena de solicitudes han sido denegadas y el resto de casos están aún por resolver.

El Gobierno Vasco solicitó el informe presentado hoy en el que se señala que las resoluciones del Ministerio y de su titular por las que se deniegan las ayudas no tienen encaje en la Constitución, son "arbitrarias" e "ilegales".

Muñagorri ha explicado que en estas denegaciones se ha podido producir un "ilícito penal grave", recogido en el artículo 404 del Código Penal, que hace referencia a la prevaricación.

En el informe se critica que informes policiales se eleven a categoría de prueba de cargo para denegar las ayudas por el mero apunte de que un solicitante sea "simpatizante de la izquierda abertzale" o que perteneciera a una formación política, en su momento legal, como Herri Batasuna en 1980, en algún caso.

Íñigo Iturrate (PNV) ha criticado el "abuso de poder" por parte del Ministerio; Julen Arzauaga (EH Bildu) se ha preguntado si esta denegación de ayudas puede considerarse una "humillación a las víctimas" y Rodolfo Ares (PSE-EE) ha apoyado que todas ellas tengan derecho a la reparación y a la verdad.

Por su parte, Carmelo Barrio (PP) ha calificado de "absolutamente exageradas las afirmaciones" del catedrático porque, ha dicho, las resoluciones del Ministerio seguro que están "fundamentadas en los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a la tutela judicial efectiva". Gorka Maneiro (UPyD) ha dicho que este "contundente informe" hace "graves acusaciones al Gobierno de España".