04 abril 2014 La Razon (opinion)

04 abril 2014

Los otros 326 crímenes sin resolver

El caso del guardia civil Antonio Ramos no es el único asesinato etarra que permanece impune

Las víctimas piden a los jueces que se investiguen

Frente al silencio del paso del tiempo, las capertillas traspapeladas o sumarios inexsistentes, extraviados, las víctimas del terrorismo siguen luchando por el derecho a la Justicia y el derecho a la verdad. Ya en 2010, y en virtud de un informe elaborado por la Fiscalía, la Fundación Víctimas del Terrorismo dio a conocer que había 326 crímenes sin resolver a manos de la banda terrorista ETA. Pero lo cierto es que, según cálculos de Covite, estos ascenderían a casi 400 asesinatos sin esclarecer ya que existen incluso alrededor de 115 sentencias que están incompletas porque o bien no se han encontrado a todos los comandos o sólo hay condenas parciales sin dar con el autor material o los colaboradores de los asesinatos.

Esos 326 crímenes sin resolver eran asesinatos en los que no existía ni un solo condenado por ello y de los que hasta 2011 no se encontraron los sumarios de más de 50 casos. Contra la impunidad, por la Verdad, por un final de vencedores y vencidos, las víctimas trabajan de manera incansable aportando pruebas e incluso yendo a la cárcel para arrancar alguna confesión etarra, una pista con la que hacer Justicia. Es el caso de Miguel Ángel Madariaga, cuyo atentado, en el que fue asesinado un compañero sigue sin resolverse. Fue a pedir respuestas a la cárcel de Zaballa, en Álava, y tras las evasivas de su atentado buscó esclarecer otro más: el del estanquero Carlos García, un crímen sin resolver, ya prescrito, del que Pikabea se confesó en ese momento autor, pero no implicó a nadie más cuando los testigos destacaron que fueron dos los que entraron aquel día en el negocio donde le asesinaron.

El caso de Bolinaga, al que el juez le citó a declarar para acusarle de asesinar a un guardia civil en 1986, se repite. Covite logró que otro asesinato que había sido sobreseído en 1993 volviera a abrirse dos semanas antes de que prescribiera: el de José Ignacio Pérez Álvarez, asesinado en Galdácano justo cuando se disponía a entrar en su coche, momento en el que una bicicleta bomba hizo explosión. Las víctimas, luchando por esclarecer los asesinatos sin resolver, detectaron que había información en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que no tenía la Justicia y consiguieron con ello que se imputara por el asesinato a la etarra arrepentida Carmen Guisasola. Covite incluso apunta al caso del policía municipal Alfonso Morcillo, un caso que la Justicia considera resuelt;, sin embargo, sólo hay dos condenados de los tres que participaron. No van a pasar página, porque «no se puede», porque las víctimas no van a permitir que se borre la historia, ni esconder debajo de ninguna alfombra tanta sangre derramada. Porque para que haya esa «Justicia» que piden las víctimas, los etarras que cumplen condena deberían colaborar y contar lo que saben. «No basta con pedir perdón, porque el perdón sólo le sirve al etarra, para sus beneficios», aseguran. Lograrlo, apunta Covite, «no es nuestro éxito», sino la constatación de los errores del Estado de Derecho.

Opinión:

Pese a que nunca estaré de acuerdo en la utilización del artículo “las” para dar a entender que en el colectivo de víctimas del terrorismo hay quien pueda representarnos a todas como si fueramos un único grupo, en esta ocasión me adhiero plenamente a la noticia por la que se exige que se resuelvan los atentados que todavía están pendientes de resolución.

De hecho conozco a muchas víctimas que se encuenstran es esa situación. Aunque aclaro que me refiero a víctimas, no a nietos de una víctima.