02 julio 2020
La batalla legal emprendida en las últimas semanas por las
víctimas y la
Fundación Abogados de Atocha arroja su primer resultado. La Fiscalía ha aceptado uno
de los argumentos alegados por el colectivo para tratar de impedir la pronta
excarcelación de García Juliá, que se adelantó al próximo noviembre después de
que se recalculase la pena que le quedaba por cumplir tras su extradición a
España desde Brasil.
En un primer momento, cuando el asesino ingresó el pasado
febrero en la prisión de Soto del Real (Madrid) tras permanecer 25 años huido
de la justicia española, la Audiencia Nacional decretó que aún tenía pendiente
más de 10 años (3.854 días) de los 193 a los que fue condenado. Su abogado,
disconforme entonces con el cómputo, recurrió. Y, en lugar de hacerlo en dicho
órgano judicial, llevó el caso a la Audiencia Provincial
de Ciudad Real, donde se había dictado la última sentencia contra García Juliá
—otros tres años de cárcel por tratar de fugarse de prisión en 1979 cuando,
precisamente, aguardaba para ser juzgado por el crimen que marcó la Transición —.
En este nuevo escenario, la Audiencia Provincial
revisó el cálculo y concluyó que no se tuvieron en cuenta beneficios
penitenciarios que el asesino había consolidado antes de huir. Por ello,
adelantó la salida al 19 de noviembre (justo un día antes del 20-N, aniversario
de la muerte de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco). Una decisión
que las víctimas recibieron con sorpresa, por lo que tratan de revocarla.
Así, como expone el fiscal jefe de Ciudad Real en su
escrito, uno de los periodos que se ha restado a García Juliá es el tiempo que
estuvo en libertad condicional en la década de los noventa, antes de fugarse a
Sudamérica. El ministerio público subraya que, hasta ahora, se había
considerado que había estado casi cinco años en esa situación: desde que se la
concede el juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid el 23 de
septiembre de 1991 hasta el 14 de agosto de 1996. Pero las víctimas alegaron en
su recurso que existe un auto previo, del 13 de enero de 1995, donde ya se le
revoca al ultraderechista la libertad condicional a petición de la propia Fiscalía,
después de que este no se presentase para su control en la embajada española en
Paraguay, a donde viajó con permiso de la justicia y desde donde emprendió su
fuga de más de dos décadas.
Un detalle que puede resultar “determinante”, subraya ahora
el ministerio público —que ha pedido a la Audiencia de Ciudad Real que se busque ese
escrito, como solicitan también las víctimas—, ya que podría “variar” la fecha
prevista actualmente para la excarcelación. “Este punto deberá ser aclarado a
la mayor brevedad, acudiendo para ello a los antecedentes que obren en el
juzgado de vigilancia penitenciaria”, incide el fiscal jefe de Ciudad Real,
Luis Huete, que apostilla: “Por cuanto hay año y medio de diferencia entre una
fecha y otra”.
Pero las víctimas y la Fundación son aún más contundentes y han expuesto
al tribunal que, a la hora de adelantar su salida, no se le puede contabilizar
a García Juliá ningún día del tiempo que estuvo en libertad condicional, ya que
aprovechó esa situación para fugarse; ni otras de las reducciones de pena que
se han tenido en cuenta, ya que “el reglamento penitenciario de la época
prohíbe expresamente redimir penas a quien haya intentado quebrantar la
condena” fugándose. En esto no cuentan con el apoyo del fiscal. Pero será la Audiencia Provincial
la que decida.
El movimiento de la Fiscalía es relevante ya que, en su momento, no
recurrió la nueva fecha de salida de prisión de García Juliá. De hecho, solo se
ha abierto a que se estudie el caso después de que lo hicieran las víctimas y
desvelasen el auto de 1995, como consta en un escrito enviado por el ministerio
público a la
Audiencia Provincial , donde también defiende que dicho
tribunal es el que debe decidir sobre la excarcelación.
Las víctimas querían, en cambio, que fuese la Audiencia Nacional ,
aunque esta ya lo ha rechazado, según consta en una resolución del pasado 19 de
junio. Pero, en un auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, los
magistrados rechazan las pretensiones de las víctimas de devolver la causa a
este órgano y sacarlo así de la
Audiencia de Ciudad Real. “Nos reafirmamos en la decisión de
que el órgano competente, nada menos que desde hace casi veinte años, es la Audiencia Provincial ”,
escriben los jueces.
García Juliá —habitual de los actos de Fuerza Nueva e,
incluso, abanderado de su antiguo líder, Blas Piñar— irrumpió en la noche del
24 de enero de 1977 en el despacho laboralista de Atocha, vinculado a
Comisiones Obreras (CC OO), junto con dos compañeros: José Fernández Cerrá y
Fernando Lerdo de Tejada. Asesinaron a tiros a Enrique Valdevira, Luis Javier
Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.
También hirieron gravemente a Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Miguel Sarabia
y María Dolores González.
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