22 julio 2020
La mayoría independentista tumba la exoneración del CNI en los atentados del 17-A
Todos los grupos salvo Cs y PP piden que los Mossos
d’Esquadra se integren en organismos de coordinación e intercambio de
información policial internacionales como Europol o Interpol
Rechazada
la conclusión que descartaba que los servicios secretos del Estado tuvieran
conocimiento o información acerca de los atentados
Los
grupos independentistas y los comunes lamentan que no hayan comparecido en
comisión la mayoría de miembros del Gobierno, de mandos de los cuerpos
policiales del Estado o del CNI
JxCat
y la CUP cargan
contra la ley de Secretos de Estado, que protege al CNI
El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles las
conclusiones de la investigación
sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de
2017, tal y como sucedió hace unos días en la comisión que ha indagado la
materia a lo largo de 24 reuniones y 59 comparecencias.
De dichas conclusiones destaca el acuerdo de todos los grupos salvo PP y
Ciudadanos para que el cuerpo de
los Mossos d’Esquadra se integre en organismos de intercambio de
información y coordinación policial internacionales
como Europol e Interpol – en el Centro de Inteligencia contra
el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) ya lo hizo -.
Pero además, ha caído la conclusión que decía que “se
acredita” que el cerebro de los ataques terroristas, el imán de
Ripoll, Abdelbaky Es Satty, era
confidente y fuente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la vez se
descarta que los servicios secretos del Estado tuvieran conocimiento o
información acerca de los atentados que
se perpetraron en la capital catalana. Fue una propuesta del grupo PSC-Units la
que alcanzó el consenso sobre esa cuestión en la comisión, con la abstención
del soberanismo, pero ha caído hoy en el pleno con el voto en contra de los
partidos independentistas.
Sobre ese punto, hay textos presentados por Junts per
Catalunya y Esquerra Republicana –con los votos en contra de Ciudadanos, PP y
PSC– en los que también se deja claro que las piezas del rompecabezas no
encajan y que la relación del imán con la Policía Nacional
y con el CNI levanta muchas dudas.
En la sesión de ayer, cuando tuvo lugar el debate, los
grupos independentistas y los comunes lamentaron que no hayan comparecido la
mayoría de miembros del Gobierno, de mandos de los cuerpos policiales del
Estado o del CNI que fueron citados por la comisión.
En su turno de palabra, desde Cs se reprochó a todos los
grupos que el Congreso de los Diputados no abriera una investigación similar.
El diputado naranja Matías Alonso señaló que la comisión se debería haber
celebrado en al Cámara Baja. “Los muertos del 11-M no se investigaron en la Asamblea de Madrid”,
apuntó. Además, se quejó de que hay “mucha literatura de copy-paste” en las
conclusiones y párrafos que “se dan por verdad revelada”. “Algunas conclusiones
dan pie a pensar que los atentados son consecuencia de nuestra forma de vida y
falta de empatía con los que se han radicalizado”, desdeñó.
El exconseller de Interior Ramon Espadaler, en nombre del
grupo de los socialistas catalanes, subrayó “el tono crítico y constructivo” de
la comisión y pidió “lealtad y cooperación” entre gobiernos y cuerpos
policiales para “una gestión eficiente de la información” junto con los
servicios secretos de información. Además, puso sobre la mesa la propuesta del
PSC que generó consenso. “No se puede desprender que los servicios secretos
conocieran sus intenciones de atentar (de Es Satty). El CNI no es conocedor ni
encubridor”, destacó.
Los comunes, con Marc Parés como portavoz, pusieron el
acento en la prevención de la radicalización, que a su juicio, no ha sido
eficaz y criticaron que se abatiera a los terroristas al neutralizarlos. Por
ello, exigió “revisar los protocolos de actuación policial”, para “evitar que
la búsqueda y captura acabe con fallecidos”.
También la CUP
se posicionó en una línea similar, y la diputada Natàlia Sànchez cuestionó si
se puede haber vulnerado la presunción de inocencia de los terroristas al abatirlos
y preguntó si eran muertes “necesarias” o si sus testimonios no hubieran sido
“útiles” en la investigación judicial.
Además, reclamó no abordar los atentados como “un hecho
aislado” del imperialismo y la estrategia de la OTAN o como “una catástrofe natural” y que se
tenga en cuenta la geopolítica. Así, aseveró que “no se puede entender el
Estado Islámico sin hablar del Trío de las Azores” y que “no se puede desfilar
en nombre de la paz y luego negociar con armas con Arabia Saudí o Turquía”.
“Sus guerras, nuestros muertos”, zanjó.
Tanto los anticapitalistas como JxCat lamentaron que la ley
de Secretos de Estado del franquismo proteja todavía hoy al CNI y que no se
pueda investigar “qué hace o qué deja de hacer”.
Desde el PP, su portavoz Santi Rodríguez,señaló que
“algunos grupos han priorizado un relato partidista en vez de detectar puntos
débiles para mejorar la protección de la ciudadanía de cara al futuro” y
replicó a las quejas de los demás grupos por la ausencia de dirigentes del
Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El Parlament no
puede controlar a los representantes del Estado. Le corresponde al Congreso”,
sentenció.
Rodríguez consideró, en otro orden de las cosas, que fue
“fundamental” la “falta de acierto” en la hipótesis de lo que había pasado en
la explosión de Alcanar unos días antes de los atentados, cuando el nivel de
alera terrorista era 4 sobre 5. Y apuntó que “no se pueden repetir errores”
como que no hubiera policia en Las Ramblas el día del atentado, que se desestimara
un aviso de la CIA ,
aunque no estaba vinculado con esa célula de Ripoll, o que no se hubieran
puesto obstáculos en las zonas públicas de Barcelona para impedir el acceso de
vehículos.
En ERC, por voz de Montserrat Fornells, pidieron que “los
colectivos vulnerables” no sufran “déficit de representación”, ni en la
prestación ni en la recepción de servicios y aseguraron que “la clave es romper
la dicotomía entre ellos y nosotros” y “eliminar posiciones reduccionistas que
simplifiquen y relacionen al mundo árabe con la violencia”. Así, también
reclamaron que se haga un estudio independiente para “identificar riesgos
sociales” que pueden llevar a la radicalización.
Aurora Madaula, de JxCat, realzó que “lo que ha quedado
probado es que el cerebro del ataque era confidente del CNI y que tenía
vinculación con la
Policía Nacional , que hizo desaparecer su ficha tras la
explosión de Alcanar”, algo que cuestionan autos judiciales. También pidió
derogar la ley de Secretos –un punto incluido en las conclusiones y aprobado
por el pleno– y que se priorice la prevención a los sistemas disciplinarios.
Opinión:
El pasado martes tuve la oportunidad de acudir, junto a
Javier Martínez, al Parlament de Catalunya para escuchar, en vivo y en directo,
las declaraciones y las conclusiones que cada representante de los grupos
parlamentarios pudo presentar.
La noticia redacta perfectamente lo ocurrido en la cuestión
técnica. Cada sigla planteó su conclusión y, evidentemente, cada víctima tiene
derecho a aceptar cualquiera de la conclusiones presentadas. Y digo cada
víctima porque son ellas (y las de los atentados de agosto 2017 en especial),
las que tienen el mayor derecho a opinar.
Hago esta salvedad porque tras haber asistido a mas de 200
afectados de esos atentados desde la
UAVAT conozco perfectamente sus opiniones y puedo decir bien
alto y bien claro que la inmensa mayoría coinciden en varias cuestiones: la
decepción/cabreo por no haberse constituido la Comisión de Investigación
en el Congreso de los Diputados, la decepción/cabreo por haber vivido el
desprecio por parte de los responsables políticos que se negaron a acudir a
declarar, la decepción/cabreo por la asistencia recibida desde la
administración competente, la decepción/cabreo por la escasa o nula información
recibida desde las administraciones competentes…
Pero también coinciden en la exigencia por saber quien era
el imam de Ripoll y en cuántos equipos jugaba al mismo tiempo.
Y todas estas dudas y sospechas se habrían podido aclarar,
o al menos intentarlo, en una Comisión de Investigación del Congreso de los
Diputados. No haberla permitido con la excusa patriotera de que habría sido un
riesgo de utilización política es solamente un error más de los muchos que
demasiados políticos han cometido desde agosto de 2017.
Y tengan por seguro que siempre habrán víctimas dispuestas
a luchar pos sus derechos siendo uno de ellos la aclaración de todas las dudas
generadas por esa negativa.
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