23 agosto 2021
Los sindicatos policiales reconocen que el Gobierno «poco más puede hacer» para impedir la marcha en favor de Parot
Ambos colectivos piden un cambio de legislación que permita actuar con más «contundencia» y prohibir actos de «enaltecimiento» a terroristas
La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL han reconocido que, tras haber remitido este asunto a la Fiscalía, la Delegación del Gobierno en Euskadi «poco más puede hacer» ante el acto convocado en Arrasate-Mondragon en defensa de los derechos de Henri Parot y de otros presos de ETA, por lo que han pedido que se cambie la legislación para tratar de impedir este tipo de manifestaciones.
Representantes de JUCIL y JUPOL se han reunido este lunes, en Vitoria-Gasteiz, con el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, para trasladarle el «malestar» existente en la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como entre diversos colectivos de víctimas, por el acto convocado para el 18 de septiembre en Arrasate.
La Delegación del Gobierno en Euskadi ha remitido a la Audiencia Nacional la petición planteada por la Fundación Villacisneros para prohibir la marcha convocada por Sare en defensa de los derechos de Henri Parot y del resto de presos de ETA.
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y el secretario de organización de JUPOL, Aarón Rivero, han asegurado, en declaraciones a los periodistas tras su reunión con Itxaso, que no entienden «cómo se puede permitir» la celebración de este tipo de actos, que considera un ejercicio de «enaltecimiento» de los miembros de ETA.
«De perfil»
«En democracia, las instituciones no se pueden poner de perfil. Este tipo actos no se deberían permitir en democracia, igual que no entenderemos que se haga un homenaje a quienes cometieron los atentados del 11-M», han manifestado. Desde ambas organizaciones se ha explicado que el delegado del Gobierno también les ha transmitido su «malestar» ante la convocatoria de este acto, que ha escuchado las «preocupaciones», y que ha atendido a la «indignación» que le han trasladado.
En el encuentro, según han explicado ambos colectivos y ha confirmado la Delegación, Itxaso ha recordado que ha remitido los informes correspondientes sobre el caso a la Fiscalía, para que «actúe en consecuencia» si aprecia algún posible delito en la convocatoria de la marcha.
«Borrar el pasado»
JUCIL y JUPOL han lamentado que las instituciones «no muestran la contundencia que deberían» ante este tipo de convocatorias. «Da la impresión de que lo que se está intentando hacer es borrar un pasado doloroso para muchas personas; no entendemos que Parot pueda ser homenajeado sin consecuencias y que las víctimas sean silenciadas continuamente», han añadido. Ambas organizaciones han explicado que la Delegación del Gobierno también les ha trasladado que carece de competencias para prohibir un acto de estas características si no existe un pronunciamiento al respecto de la Justicia.
En este sentido, tras subrayar que «cualquier ciudadano tiene la libertad de manifestarse», han reiterado que se debe ser «más contundente» ante manifestaciones como la prevista en la localidad guipuzcoana. «Estamos hablando de un terrorista que ha matado a 82 personas, y que entre otros 'logros', tiene el del atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que fallecieron cinco niños», han denunciado.
En todo caso, han reconocido que al trasladar el caso a la Fiscalía, la Delegación del Gobierno ha hecho «lo que tiene que hacer». «Poco más puede hacer», han explicado, motivo por el cual ambos colectivos han reclamado que se impulse un cambio de legislación para evitar que se puedan celebrar este tipo de actos.
Desde JUCIL y JUPOL se ha asegurado que no tienen «conocimiento» de que vaya a haber «ninguna presencia» de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado« en Arrasate-Mondragon para expresar su rechazo a la marcha. No obstante, ha considerado que las asociaciones de víctimas sí podrán acudir a dicha localidad para participar en »contramanifestaciones« y para plantear sus reivindicaciones.
Tras la reunión, fuentes de la Delegación del Gobierno han reiterado que esta carece de «competencias» para impedir la celebración de la marcha, motivo por el cual ha trasladado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Opinión:
Un nuevo homenaje público a un asesino… ¿no podría legislarse para que los espacios públicos no sirvieran de escenario para esos homenajes? Quien quiera hacer un reconocimiento a estos criminales, que lo haga en el interior de su domicilio.
Por cierto, el mismo domicilio al que reclaman ser acercados (nada que decir, es legal), pero también el mismo domicilio que les importaba una higa cuando lo abandonaban para ir a destrozar la vida del prójimo sin remordimiento alguno.
Es una postura un poco cínica ¿no?
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