13 febrero 2018
No usen a las víctimas políticamente
El Gobierno, junto con el partido que lo sustenta, ha
iniciado una intensa campaña para que no se revoque la prisión permanente
revisable, aprobada en 2015. En todos sus actos y declaraciones, exige -a
algunos, no a todos- el apoyo incondicional a esta medida so pena de ser
considerados adláteres de los más crueles criminales de nuestra nación.
Ocurre, sin embargo, que en 2003 otro Gobierno, apoyado por
las mismas siglas, reformó el Código Penal para el cumplimiento íntegro y efectivo
de las penas. Se elevó el límite máximo de cumplimiento a 40 años y se tomó la
totalidad de las penas impuestas como referencia para los beneficios
penitenciarios, la clasificación en tercer grado, la libertad condicional... en
los supuestos de crímenes especialmente graves. Y se estableció un mínimo de
cumplimiento efectivo de la condena previo a cualquier beneficio para el
asesino.
Por tanto, ya teníamos una Ley para impedir la escandalosa
situación de que asesinos múltiples, la gran mayoría etarras, condenados a
cientos o miles de años, pasaban un máximo de 15 años en prisión, merced al
Código Penal de 1973. También teníamos la doctrina Parot, aplicada desde 2006 para intentar
subsanar la levedad de aquel código y que fue oportunamente derogada, en tiempos
del actual Gobierno, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el juez
español Luis López Guerra argumentando en contra de su propio país. 78
criminales, la gran mayoría terroristas, salieron de la cárcel en una
interpretación, nada restrictiva, de la sentencia. Entonces lo consideraron
inevitable. Ahora, defienden a capa y espada la prisión permanente revisable,
una buena medida, pero que no era necesaria con la más estricta, y vigente, ley
de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
No se puede utilizar la defensa de una medida que dos
millones de españoles han apoyado con su firma y que está siendo promovida por
personas que han sufrido terribles tragedias para atacar al competidor
político, mientras al verdadero adversario, al que propuso su derogación, o al
que la apoya, no se le critica porque se le necesita para que apoye los
presupuestos o porque electoralmente no se le considera un rival. Las víctimas
de delitos de asesinato, sus familias, se merecen el respeto de los gobernantes
y de los partidos. No pueden ser utilizadas políticamente con fines ajenos al
interés prioritario de protegerlas y de garantizar su derecho a la Justicia. Hacerlo
es una indecencia y una inmoralidad.
Opinión:
Hoy martes hablaremos precisamente sobre el tema de “Víctimas
y uso partidista” en la “mesa redonda” de la exposición “La ferida de Hipercor,
Barcelona, 1987”
y al mismo tiempo aparece este artículo en el que se denuncia la utilización política
de “las” víctimas… aunque hay un pequeño detalle que debe aclararse: el título
del artículo habla de “las” víctimas mientras que el título de la mesa redonda
habla de “víctimas” sin el artículo “las” delante, con lo que se evita caer en
el error de generalizar a mucha gente en un solo grupo.
Y es que, con todo respeto, hay que decir que durante años hay
quien ha utilizado a “las” víctimas del terrorismo con objetivos partidistas y
parecía que solo importaba a un pequeño grupo de afectados. Por suerte el
tiempo va poniendo a cada uno en su sitio.
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