04 febrero 2018
Interior excluye a
Yolanda González, asesinada por el Batallón Vasco Español, del Mérito Civil
para Víctimas del Terrorismo
La joven bilbaína, de cuyo crimen
se cumplen 38 años, no figura en el listado de distinciones otorgadas por el
Estado a quienes murieron en actos terroristas. Su hermano lamenta el “doble
rasero” de quienes “utilizan a las víctimas para hacer política”.
Por su cabeza pasan flashes. Son imágenes fugaces, pero no
se borran. Están ahí. Siempre están ahí. “Entonces yo tenía seis años. Era
sábado a la mañana. De repente aparecieron mis tíos en casa. Les dijeron a mis
padres que se sentaran, que tenían que darles una noticia sobre mi hermana”,
recuerda Asier González. Más que una noticia era una pesadilla. La peor
pesadilla posible. A la madrugada, mientras ellos dormían
en su vivienda del barrio bilbaíno de Deusto, Yolanda había sido asesinada en
Madrid, donde se había instalado para estudiar electrónica. Fue el peor
despertar que un ser humano pueda imaginar.
A partir de ese
maldito momento, Yolanda González se convirtió en un
símbolo de la brutalidad que encarnaban los grupos paramilitares creados en
plena transición. Su asesinato, producido en la noche del 1 de febrero
de 1980, fue reivindicado por el Batallón Vasco Español (BVE) una de las
organizaciones terroristas parapoliciales que por entonces se dedicaban a
“cazar” a militantes de izquierda.
Yolanda, que
tenía 19 años, era vasca y militaba en el Partido Socialista de los
Trabajadores (PST), se convirtió en una víctima perfecta para los asesinos.
Aquel día por
la tarde, varios individuos se presentaron en el piso que alquilaba junto a su
novio y una amiga en el barrio madrileño de Aluche.
Yolanda estaba sola. Aquellos tipos dijeron que eran integrantes de las Fuerzas
de Seguridad del Estado, y no mentían del todo: uno de ellos, Juan Carlos Rodas
Crespo, pertenecía a la
Policía Nacional.
Primero revolvieron la casa. Luego la subieron a un coche.
Fue entonces cuando empezó la fiesta de la crueldad: camino a la muerte, sus
captores se divirtieron torturándola. El vehículo conducido por Emilio
Hellín, un ultraderechista que militaba en Fuerza
Nueva, se detuvo en el kilómetro 3 de la carretera que une Alcorcón con
San Martín de Valdeiglesias. La hicieron bajar del coche, apuntaron a su cabeza
y la mataron. Los primeros dos disparos los realizó Hellín, mientras que su
compañero Ignacio Abad Velázquez, también militante de Fuerza Nueva, se encargó
de rematarla. Luego se marcharon.
Su cadáver fue
descubierto a la mañana siguiente por dos trabajadores. “Era sábado, así que
mis padres estaban en casa. Fue entonces cuando aparecieron mis tíos, que se
acababan de enterar lo que había ocurrido…”, relata Asier. El asesinato de su
hermana fue reivindicado poco después por el BVE en
un comunicado enviado a la agencia EFE. En aquel texto, los terroristas
acusaban a Yolanda de formar parte de un comando de ETA (algo absolutamente
falso) “del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid
y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología
trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades. Por una España grande,
libre y única. ¡Arriba España!”, escribieron los asesinos.
Condenas y reconocimientos
En 1982, la
Audiencia Nacional
condenó a Hellín y Abad a 43 y 28 años de cárcel respectivamente,
mientras que los otros cuatro ultras que participaron en el secuestro
recibieron penas de entre tres meses y seis años de cárcel. La más baja recayó
en el policía que formaba parte del comando del BVE por su “colaboración con la
justicia”.
“Mis padres
tuvieron que luchar mucho. Aquel juicio, en plena transición, fue muy duro”,
recuerda Asier. Por ejemplo, los jueces que condenaron a los asesinos del BVE
rechazaron imputarles los delitos de asociación ilícita e integración en banda
armada.
Varios años
después, Yolanda fue reconocida por el Estado como víctima del terrorismo, y
así figura a día de hoy en el listado oficial del Ministerio de Interior. Sin
embargo, su nombre no aparece en la otra gran base de datos que maneja el
Gobierno del PP: según ha podido confirmar Público, Yolanda González fue
excluida de la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, una condecoración
creada por el gobierno de José María Aznar en 1999. Actualmente, esta
distinción se rige por la
Ley Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al término
de su mandato.
El Ministerio
del Interior explica en su página web que la Gran Cruz del
Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo se concede a título póstumo
“a los fallecidos en actos terroristas”. Tal distinción debe producirse
“mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del
Ministerio del Interior”. Además, se establece que los familiares directos de los
fallecidos en acciones terroristas recibirán una insignia honorífica. El último
distinguido fue Ignacio
Echeverría, el joven que murió en el atentado yihadista del pasado mes
de junio en Londres.
En ese listado
aparecen las distinciones otorgadas desde el año 2000. Entre los primeros
homenajeados estuvo el torturador franquista Melitón Manzanas, muerto en un
atentado cometido por ETA en 1968. Tras hacerse público ese reconocimiento, las
formaciones políticas PNV e IU y la Associació Catalana
per a la Defensa
dels Drets Humans recurrieron a los tribunales para reclamar su retirada. En
cada uno de esos casos, el Tribunal Supremo rechazó tales peticiones y mantuvo
el premio póstumo otorgado a Manzanas.
Sin embargo,
ni Yolanda González ni sus hermanos o padres han recibido este reconocimiento
oficial. Lo mismo ocurre con las restantes 80 personas asesinadas por el BVE,
los GAL y otros grupos similares que actuaron en el marco de la guerra sucia:
para el Estado, ninguna de ellas es merecedora del reconocimiento civil como
víctimas del terrorismo.
Al ser
consultado por este periódico, el hermano de Yolanda afirmó que en el ámbito
gubernamental “sigue anclados en una clasificación” de víctimas “de primera y
segunda categoría”. “A nivel institucional no les quedó más remedio que incluir
a otras víctimas, pero las que el gobierno siempre considera como víctimas del
terrorismo son las de ETA”, señaló.
Asier González tiene un ejemplo cercano sobre lo que
denominó como “doble rasero” de quienes “utilizan las víctimas del terrorismo
como bandera para hacer política”: el pasado miércoles 31, el equipo de
gobierno del PP en el ayuntamiento de Alcorcón se negó a apoyar una propuesta
del PSOE para hacer un minuto de silencio en homenaje a Yolanda, coincidiendo
con la víspera del 38 aniversario de su asesinato en ese municipio. “No tengo
palabras”, afirmó su familiar.
Formador de policías
Hace cuatro
años, los familiares de la joven bilbaína sufrieron otro golpe: según publicó
entonces el diario El País, Emilio Hellín se dedicaba
a dar cursos de formación a miembros de la Ertzaintza , Policía
Nacional y Guardia Civil. Posteriormente, en noviembre del año pasado,
conocieron por otras informaciones periodísticas que el asesino de Yolanda
había sido contratado como perito judicial por el abogado de una de las
acusadas en el denominado caso Taula, relativo a las prácticas corruptas de
cargos públicos del PP en Valencia.
Así, entre golpes
y más golpes, los familiares y amigos de Yolanda se han encargado de mantener
viva su memoria. Coincidiendo con el 38 aniversario de su asesinato, este
domingo se realizará un nuevo homenaje en la plazuela del barrio bilbaíno de
Deusto que lleva su nombre desde 2016. Asier, su hermano pequeño, volverá a
estar allí para recordarla.
Opinión:
No me extrañan lo mas mínimo estas decisiones tomadas por
la administración… de hecho, cabe recordar que también denegaron una mínima
solicitud de recursos económicos para localizar a 280 víctimas del terrorismo
en Catalunya, de las que muchas serían susceptibles de ser víctimas del
terrorismo de la llamada “ultra derecha” de las décadas de los años 1960 hasta
1980 aproximadamente…
Por desgracia, “nada nuevo bajo el sol”…
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