17 febrero 2018 (15.01.18) eldiario.es
El
Gobierno quiere usar el nuevo fichero de viajeros antiterrorista para cualquier
investigación policial
El Anteproyecto de
Ley ampara que las Fuerzas de Seguridad pidan los datos a las compañías
por "delito grave" y los utilicen ante "indicios" de
uno menor
El texto abre la
puerta a consultas anónimas por parte de los funcionarios: su identidad
quedará registrada "en la medida de lo posible"
Los datos que
suministren las compañías se destruirán a los 5 años siempre que la Policía no quiera seguir
utilizándolos para "prevenir, detectar o investigar"
Interior establecerá unos “criterios” de
alerta para los vuelos que no se basarán en raza, opiniones políticas, religión
u orientación sexual
El Gobierno prevé que los datos incluidos en el próximo
fichero de pasajeros sean utilizados en investigaciones policiales que nada
tienen que ver al terrorismo y otros "delitos graves", cuya
prevención precisamente ha motivado la creación de este registro en España y el
resto de países de la
Unión Europea. Así figura en el Anteproyecto de Ley que acaba
de aprobar el Ejecutivo de Mariano Rajoy y al que ha tenido acceso eldiario.es.
El Registro de Nombres de Pasajeros
(PNR, en sus siglas en inglés) permitirá a las autoridades acceder a una serie
de datos de los viajeros con el objetivo de prever o detectar la presencia en
los vuelos de sospechosos de terrorismo u otros delitos graves. Para ello se
creará una Unidad de Información sobre Pasajeros al que las Fuerzas de
Seguridad del Estado podrán realizar peticiones de datos.
Esas solicitudes deberán estar
"motivadas y con suficiente base" y siempre deberán responder a
investigaciones por terrorismo, narcotráfico, trata de seres humanos,
corrupción u otros considerados "delitos graves". Sin embargo, una
vez los datos estén en poder de las Fuerzas de Seguridad, éstas podrán
utilizarlos en cualquier tipo investigación, incluso aquellas que no estén
judicializadas, con tan solo alegar que de su análisis han obtenido
"indicios" de cualquier delito, aunque no sea grave.
Es en el apartado 9.4 del texto
donde el Ejecutivo abre la puerta a utilizar el PNR a funciones ajenas a los
objetivos de la Ley.
"Los datos remitidos por la
Unidad de Información sobre Pasajeros a las autoridades
competentes podrán ser objeto de tratamiento posterior por éstas, únicamente
con los fines específicos de prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, sin perjuicio de las
actuaciones policiales o judiciales que puedan llevarse a cabo en el caso de
que, como consecuencia del tratamiento de dichos datos, se detecten otros
delitos o indicios de ellos", recoge el Anteproyecto, que lleva la firma
del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
En cualquier caso, los delitos
delitos "graves" que recoge el Anteproyecto de Ley son cualquiera que
lleve aparejado una condena superior a tres años de cárcel. Así, son incluidos
en este grupo los delitos informáticos o el de ayuda a la entrada y residencia
de ilegales, entre otros.
La implantación del PNR en los
países de la Unión
Europea viene precedida de una fuerte polémica que ha
mantenido paralizado el proyecto en la Eurocámara durante varios años. La
intensificación de las acciones terroristas del ISIS en territorio europeo
contribuyó a desbloquear un proyecto del que asociaciones civiles y partidos
políticos criticaban por considerarlo un ataque a la privacidad de los
ciudadanos.
El 14 de abril de 2016, el
Parlamento Europeo aprobó el proyecto con 416 votos a favor, 179 en contra y 9
abstenciones. Sus detractores siguen pensando que a menudo los autores de los
atentados en Europa son nacionales y residentes en países de la UE y no toman un avión para
desplazarse por los países que integran la Unión. En la posición contraria se sitúa, entre
otros, el ministro Zoido, quien ha defendido el PNR recuperando el caso del
cerebro de los atentados de Barcelona, Abdelbaki Es Satty, del que dijo podría
haber sido detectado en uno de sus viajes a Marruecos de haber existido el
fichero.
Antes del vuelo y cuando se cierran sus puertas
El Anteproyecto de Ley del Gobierno
establece qué es un dato PNR. Entre ellos figuran la dirección, el correo
electrónico y el número de teléfono utilizados para realizar la reserva del billete
y la fecha en la que se realizó. También el itinerario del viaje, pasajeros
frecuentes y todo tipo de información sobre menores de edad, incluida la edad,
idiomas que habla o la dirección del acompañante.
Esta información deberá ser
comunicada por las compañías entre las 48 y 24 horas anteriores a la salida
programada del vuelo y una segunda vez, una vez cerrado el mismo, es decir,
cuando ya nadie puede acceder al avión ni abandonarlo.
Con esa información que las
compañías están obligadas a suministrar a la Unidad de Información sobre Pasajeros, ésta
realizará un análisis y establecerá “criterios útiles para identificar a las
personas que puedan estar implicadas en delitos de terrorismo y delitos graves.
"Esos criterios de evaluación
predeterminados" no podrán estar basados "en el origen racial o
étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la
pertenencia a un sindicato, la salud o la vida u orientación sexual de la
persona", según recoge el Anteproyecto de Ley, que debe pasar ahora por el
Consejo de Estado y el Congreso de los Diputados.
El objetivo último es poder
"realizar una evaluación de los pasajeros, de la tripulación, así como de
cualquier persona a bordo de la aeronave, antes de la llegada o salida
programada del vuelo, a fin de identificar a las personas que pudieran estar
relacionadas con delitos de terrorismo o delitos graves", según figura en
el texto del Ejecutivo.
Los datos PNR facilitados a la Unidad de Información sobre
Pasajeros serán conservados durante cinco años, pero transcurridos seis meses
desde su recepción, aquellos que permitan la identificación directa del viajero
serán "despersonalizados mediante enmascaramiento". En el plazo
posterior a los seis meses será necesaria una autorización judicial, aunque el
borrador también prevé simplemente !una expresa autorización del responsable de
tratamiento de los datos".
A los cinco años deberían ser
destruidos, pero de nuevo, el Anteproyecto establece una relevante salvedad.
Bastará con que las autoridades antes citadas quieran conservarlos alegando que
pertenecen a un "asunto concreto" y este no tiene por qué ser
únicamente una investigación judicial en curso. También se puede tratar
simplemente de una tarea consistente en "prevenir, detectar o
investigar".
El texto presenta otro posible
agujero al tratar las consultas al fichero. "Los registros de consulta y
transferencia mostrarán, en particular, la finalidad, la fecha y la hora de
tales operaciones y, en la medida de lo posible, la identidad de la persona que
consultó o divulgó los datos PNR y la identidad de los receptores de dichos
datos". O lo que es lo mismo, puede que el funcionario que acceda a los
datos de los ciudadanos deje una "huella" de su consulta, o puede que
no.
Guardados en "lugares seguros del territorio
nacional"
El director del CITCO y el
secretario de Estado de Seguridad tendrán la potestad de ampliar los criterios
del PNR a vuelos nacionales, según consideren que existen trayectos que
impliquen determinados riesgos.
Las "autoridades
competentes" que podrán solicitar específicamente datos del PNR son las
direcciones de Policía, Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia,
Vigilancia Aduanera, jueces y tribunales, Fiscalía y también las
correspondientes a aquellas comunidades autónomas que hayan asumido
competencias en materia de seguridad y tengan una policía propia, esto es, los
Mossos d'Esquadra y la
Ertzatinza , como
adelantó elperiódico.com Los países miembros de la UE también podrán intercambiar
datos entre sí, de forma bilateral o a través de Europol.
Opinión:
Es muy curioso observar como se legisla a golpe de
telediario. Ahora se trata de conocer datos personales que cualquier
funcionario de cierto nivel podrá revisar sin obligación de que se sepa cuando
lo ha hecho.
Por otro lado, leyendo este tipo de noticias es cuando me
llegan respuestas a la pregunta que siempre me hago cuando determinadas marcas
o empresas que ni siquiera conozco contactan conmigo teniendo una enorme
cantidad de información personal sobre mi. ¿Venta de datos? ¿Alguien que hace
negocios con listados de entidades o asociaciones? ¿A que bolsillos ira a parar
la mordida por realizar este trabajo por "nuestra seguridad"?
Mientras tanto, no existe la esperable y exigible coordinación
entre cuerpos policiales.
Para terminar, recordar que al lado de todo esto, lo de la
"patada en la puerta" de la época de Corcuera será un juego de
niños...
¿Que será lo siguiente?
Si creen que es correcto hacer estos controles en aras de
la seguridad, allá ellos. Pero por si acaso y con la intención de ayudar al
Gobierno a hacer bien su trabajo, les aporto una muestra de lo que podrían
investigar como hecho delictivo, con la suerte de que el autor está totalmente
localizable…
Por cierto, puestos a controlar y a vigilar, a ver cuando
nos explican quien era realmente el tal Abdelbaki Es Satty y para quién co…
trabajaba…
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