07 mayo 2017
El ‘deshielo’ de PP y
PNV no evita el recurso contra la ley de víctimas policiales
El Consejo de
Ministros acuerda interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la norma
por reconocer víctimas sin sentencia judicial y enfada al Gobierno de Urkullu,
que defiende su "plena legalidad"
Esta semana ha sido la del acuerdo del PP y del PNV. Los
nacionalistas, tras años de fría relación con el Gobierno de Mariano Rajoy, han
arrancado concesiones de calado como la renegociación del Cupo, un calendario
de inversiones ferroviarias valorado en 3.300 millones o que la Ertzaintza pueda
disponer de información antiterrorista al nivel de la Policía Nacional
El Gobierno central, en su primer punto del orden del día,
ha decidido dar por cerrada la negociación que mantenía en los últimos meses
con Euskadi y acudir al Constitucional para tratar de anular una normativa que,
según su criterio, reconoce como víctimas de las fuerzas de seguridad a
personas que no acreditan una sentencia judicial. En este sentido, el Estado ha
actuado en coherencia con el posicionamiento mantenido con la norma de Navarra
y con un decreto anterior del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que fue anulado por
los tribunales y que precisamente empujó a la elaboración de esta ley para
dotar a estas víctimas (unas 400) de seguridad jurídica.
El Gobierno vasco, en un comunicado, no ha podido dejar de
expresar su “profunda decepción” ante la noticia llegada este viernes desde
Madrid. “Es decepcionante porque este recurso se desentiende de la obligación
que tenemos los poderes públicos de dar respuesta a los derechos que
corresponden a las víctimas y es decepcionante porque contraviene el derecho
internacional”, arguyen desde la oficina de Urkullu, que precisamente hace unas semanas presentó un informe en esta
línea de Fabián Salvioli, expresidente del comité de derechos humanos de
la ONU.
El Ejecutivo de PNV y PSE-EE ve este “compromiso” con las
víctimas de la violencia policial, que redondea un conjunto de normas sobre
víctimas que ya reconocen a las de ETA, a las del GAL, a las del franquismo y a
las de la violencia policial hasta 1978, como una “pieza fundamental” para la
“convivencia normalizada y basada en una memoria crítica del pasado”. Aunque
hará una valoración jurídica más detallada cuando conozca el detalle del
recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno vasco asegura que “va a seguir
trabajando intensamente” para defender la “plena legalidad y viabilidad” de
esta ley, aprobada en el último pleno de la pasada legislatura con los votos de
PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu (porque se quedaba corta) y de la ya
extraparlamentaria UPyD. En este sentido, se argumenta que hay expertos “de
ámbito vasco, estatal e internacional” que dan validez jurídica plena a esta
ley a pesar de los recelos que suscita en el Estado que se reconozcan víctimas
sin que exista una resolución judicial expresa.
Fuentes del Gobierno central, por su parte, han señalado
que la interposición del recurso lleva aparejada la suspensión cautelar de los
artículos recurridos por un plazo mínimo de cinco meses hasta que se resuelva
el fondo de la cuestión. En Navarra, el precedente más cercano, la normativa
recobró vigencia en algunos puntos pasado ese plazo aunque no haya sentencia
firme y ello permitió al Gobierno de Uxue Barkos desarrollar un homenaje
institucional a esas víctimas.
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