15 febrero 2019
Afectados por los atentados reivindican sus derechos
Los atentados terroristas de agosto del 2017 en Alcanar, Barcelona, Sant Just Desvern y
Cambrils se saldaron con 16
personas muertas y otro centenar heridas que requirieron asistencia médica de
distinta consideración. ¿Y el resto? ¿Cómo se mide o valora la afectación de
todas aquellas personas que estaban en alguno de los escenarios de los ataques
yihadistas, que los presenciaron y que han podido sentir que su vida ya no es
la misma?
En esos límites complejos se mueven las administraciones para
determinar quién es y quién no es víctima del terrorismo, con los
derechos que ese reconocimiento conlleva. Ayer, el Ayuntamiento de Barcelona denunció que casi la mitad de
las solicitudes presentadas aún no han tenido respuesta.
El Ayuntamiento,
mediante la Uavat ,
atendió y comunicó sus derechos a 175 personas tras los atentados
En su momento, el Ayuntamiento de Barcelona firmó un
convenio con la Unidad
de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (Uavat) que durante los
días posteriores a los ataques se dedicó a buscar a víctimas. Un trabajo que
hicieron sus miembros, en una especie de puerta a puerta, buscando teléfonos,
direcciones y tratando de identificar a todas aquellas personas que habían
estado en alguno de los escenarios, y sufrían algún tipo de trastorno. Ya
entonces se puso de manifiesto que las administraciones volvían a repetir los
errores que se cometieron tras los atentados del 11-M en Madrid, en cuanto al
trato a las víctimas.
Los equipos de psicólogos y trabajadores de la Uavat localizaron y
prestaron distinta atención a 175 personas. En la mayoría de los casos, esas
personas carecían de información sobre sus derechos, ni sabían que tenían un
plazo para presentar la documentación que les otorgaba el reconocimiento de
víctimas del terrorismo. De hecho, el Consistorio barcelonés trató de negociar
con el Ministerio del Interior que se ampliara ese calendario. Pero el plazo se
cerró al año como estaba previsto, lo que dejó fuera algunas solicitudes que
llegaron después.
Una docena de
peticiones han sido rechazadas
De todas las personas atendidas a través de la unidad
financiada por el Consistorio, 104 personas presentaron distintas solicitudes
al Ministerio del Interior. En algunos casos para ser consideradas víctimas del
terrorismo, en otras para que se les financiara el tratamiento psicológico y en
otras por daños materiales sufridos. Casi la mitad de las personas que pidieron
ser reconocidas víctimas del terrorismo no han recibido ninguna respuesta. Una
docena de peticiones han sido rechazadas. Un porcentaje alto de los
solicitantes de ayudas no fueron atendidos en ninguno de los puntos de atención
médica de la emergencia que se habilitaron inmediatamente después de los
atentados. Los especialistas insisten en que en muchos de estos casos, las
alteraciones psicológicas vinieron después, incluso semanas o meses.
Es el caso que en julio del año pasado narró en estas
mismas páginas Yolanda Ortíz. La tarde de los atentados, la mujer salía de
tomar unas cañas y unos refrescos en la Boqueria con su madre, Carme, y sus hijos Iván y Daniela.
Ya se habían incorporado al paseo cuando frente a ellos irrumpió la furgoneta
conducida por uno de los terroristas. Lograron refugiarse en un bar, y desde
ese momento, salvo el trato de un par de guardias urbanos, el sentimiento
general fue de abandono por parte de las administraciones, hasta que les vino a
buscar el personal de la Uavat.
Los trabajadores de esa unidad llevan tiempo alertando de
las consecuencias psicológicas para todas esas personas a las que la
administración sigue sin reconocer sus derechos. Yolanda Ortiz transmitía muy
bien en esa entrevista el abandono y cómo se había sentido durante todo este
tiempo. “Durante meses sentí que me ignoraban porque sólo tenía el derecho de
abrir la boca para agradecer que había sobrevivido”.
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