25 febrero 2019
Banalización del
terrorismo. Covite y caso Alsasua
Jon Arrieta Alberdi
El autor es profesor de la Universidad del País
Vasco
En el diario El
País de 15 de febrero pasado
aparecen unas amplias declaraciones de Consuelo Ordóñez, presidenta del
Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), en las que se explaya de forma
detallada y contundente contra Pablo Casado, por las comparaciones que este ha
hecho entre los independentistas catalanes y ETA, al llegar incluso a decir que
los primeros aplican la estrategia y método de la extinta organización
terrorista. La señora Ordóñez ha reaccionado precisamente por considerar que
esas manifestaciones del líder del Partido Popular incurren en una utilización
espuria del concepto de terrorismo, y en una banalización del mismo que
perjudica a las víctimas, al “mezclar cosas que nada tienen que ver”.
La tesis que voy a desarrollar a lo
largo de estas líneas es que esto que la señora Ordóñez critica a Pablo Casado,
con razón, es exactamente lo que ha hecho Covite en el caso de Alsasua.
En primer lugar, es un hecho claro
que en el caso citado Covite intervino precisamente para que fuera posible
reorientar el caso a través de la Audiencia Nacional , al ser competencia de esta un
posible caso de terrorismo. Esa posibilidad la brindó Covite con su denuncia,
como acusación popular, solo tres días más tarde de los hechos, al considerarse
legitimada en la medida en que, según sus estatutos, que ponen la persecución
del terrorismo como objetivo principal, podía presentarse como persona afectada
y constituirse en parte procesal.
Esta intervención de Covite, es
importante aclararlo, no era la primera en la causa, pues ésta se hallaba ya
abierta en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, donde constaban los
atestados de la Guardia
Civil y de la Policía Foral sobre las agresiones sufridas por
dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka de Alsasua la madrugada del
15 de octubre de 2016. Estos atestados daban pie, como mínimo y en función de
los indicios, a un proceso penal por lesiones, atentado a la autoridad y, en su
caso, por el delito de odio. El proceso por vía ordinaria de jurisdicción
navarra, competente en el caso, abarcaba todo el arco posible de delitos,
excepto el de terrorismo. Pero en ese momento inicial, la denuncia de Covite
fue admitida por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional
(auto de 25 de octubre de 2016) a través de su entonces magistrada titular
Carmen Lamela, que se dirigió al Juzgado de Instrucción de Pamplona que
instruía la causa para que se inhibiera, como así hizo mediante auto de 8 de
noviembre. Unos días más tarde, el 10 de noviembre, la instructora Lamela ya
actuaba como tal, “para el conocimiento de los hechos denunciados por Dña.
Consuelo Ordóñez Fenollar, en nombre y representación de Covite”.
Pues bien, de toda esta inicial
trayectoria del proceso se deduce que Covite se empeñó en modificar el curso
procesal del asunto e introducir en todo lo que le afectaba, sobre todo a
efectos del impacto externo, la acusación de terrorismo y odio. Se había conseguido
poner en el escaparate de toda España a ocho jóvenes de Alsasua como
terroristas dignos de aparecer en la portada de La Razón (7-12-2016) como peligrosos
delincuentes, o como miembros de “la otra manada” (El Mundo en entrevista con la víctima y testigo
María José Naranjo, 14-5-2018). La presunción de inocencia era ya inexistente
para una parte muy amplia de la opinión pública. De una forma simple, rápida e
intensa, es decir, banal, se había catalogado a estos jóvenes de terroristas.
En suma, se habían mezclado cosas que nada tienen que ver y se había propiciado
un clima de culpabilidad extrema que están sufriendo los acusados e,
indirectamente, sus familias, además de tener que oír, mientras están en
prisión, que no se les “distingue” de las víctimas: cualquiera diría que todos
están en libertad y el debate es meramente teórico.
Después de año y medio en la fase
de instrucción, con tres de los acusados en prisión y otros cinco en libertad
provisional, se celebró el juicio y la Audiencia Nacional
dictó sentencia, el 1 de junio de 2018, en la que se pronunció en contra de la
pretensión de Covite de condenar a los acusados, tanto de terrorismo como de
odio. El recurso de apelación contra esta sentencia lo debe resolver la propia
Audiencia Nacional, a través de su Sala de Apelación, que se encuentra,
precisamente en estas fechas, deliberando sobre la misma.
En los recursos presentados para
esta segunda sentencia se debate sobre la autoría, la participación, las
agravantes aplicadas, pero está claro que, en contra de lo que se ha dicho, no
pasamos de terrorismo a “gravísimos delitos”, sino de terrorismo a lesiones y
atentado contra la autoridad. Esta conclusión es el punto de llegada que tenía
haber sido el punto de partida. Además del terrorismo, Covite contempla la
investigación y prevención de la radicalización. Para ello, puesto el caso en
sede judicial, era suficiente el escenario navarro, pues nada le impedía a esta
asociación estar al corriente, opinar, presentarse y cumplir sus objetivos.
La inesperada intervención de la
señora Ordóñez ante Pablo Casado me ha dado pie a pergeñar este comentario, que
se une al artículo que publiqué en este mismo DIARIO DE NOTICIAS de Navarra el
pasado 2 de septiembre, titulado Una
oportunidad para Alsasua (http://www.noticiasdenavarra.com/2018/09/02/opinion/una-oportunidad-para-alsasua).
Quisiera que este de hoy fuera una segunda parte. Me cuesta entender las
razones por las que tras casi dos años y medio de condena ya cumplida por
algunos de los acusados a Covite le parece (ojalá no sea así, esté yo
equivocado e incluso esté siendo injusto al pensarlo) que tienen que cumplir
diez o doce. Quiero creer que estamos a tiempo de recapacitar, de hacer un
balance y de poner entre todos algo muy necesario siempre, pero especialmente
en este caso: sentido común.
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