El pleno
acuerda por unanimidad la excarcelación de otros 13 terroristas
Los jueces
rechazan oír a las víctimas antes de liberar a más miembros de la banda
La sala penal de la Audiencia Nacional
decretó ayer la puesta en libertad de otros 13 etarras, una grapo y un
delincuente común, y acordó dejar en manos de las secciones la excarcelación
del resto de presos afectados por la doctrina Parot. Fuentes
de este tribunal adelantaron ayer que el proceso de liberaciones por aplicación
de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la citada doctrina culminará
en unos 15 días. La decisión de los jueces fue adoptada por unanimidad, aunque
algunos magistrados se reservaron la posibilidad de formular un voto
concurrente (se comparte el fallo con otros argumentos) cuando se redacten los
autos de libertad.
Los ocho jueces que el pasado viernes se opusieron a
liberar a nueve etarras apoyaron ayer las excarcelaciones tras el acuerdo
alcanzado el martes por el Tribunal Supremo, que finiquitó la doctrina
Parot y avaló las puestas en libertad acordadas por la Audiencia el pasado
viernes.
Por ello, los togados acordaron que no esperarán al
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que la próxima semana resolverá la
demanda presentada en el 2008 por las victimas
Una de las cuestiones más discutidas por los jueces
en el pleno fue la petición de las víctimas del terrorismo de ser oídas por el
tribunal antes de decretar la puesta en libertad de más etarras. Sin embargo,
los magistrados rechazaron esta posibilidad porque la ley de enjuiciamiento
criminal establece que es competencia de los tribunales ejecutar las sentencias
y que en estos trámites no tienen que recabar el parecer de las partes como
ocurre en los casos de petición de indulto, según fuentes de la Audiencia Nacional.
«No tenemos que preguntar qué es lo que hay que hacer, la ley es clara, tenemos
la obligación de ejecutar las sentencias», explicaron las citadas fuentes.
Esta cuestión, no obstante, no se sometió a
votación, a pesar de que algunos jueces plantearon incluso que no era necesario
solicitar dictámenes al fiscal, como ha ocurrido hasta ahora en las 25
excarcelaciones de etarras acordadas.
Entre los liberados ayer figura José Antonio López
Ruiz, Kubati, asesino de la etarra María Dolores González
Cataraín, Yoyes, y la miembro del comando Madrid Inmaculada
Noble. También ha sido liberado Antonio Alza, un terrorista de la banda acogido
a la vía Nanclares, a la que se han apuntado los etarras
arrepentidos; la miembro del GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero
de Octubre) Olga Oliveira y el preso común Pompeyo Miranda, un español que fue
condenado en Bolivia por asesinato y al que se le aplicó la doctrina
Parot cuando optó por cumplir la condena en España.
La deuda de
Ines del Rio
Además, los
magistrados de la
Audiencia Nacional acordaron mantener el embargo de la
indemnización que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció a favor de
Inés del Río. La compensación de 30.000 euros está retenida en la caja de
depósitos y el Gobierno deberá entregarla a la Audiencia Nacional
cuando se la reclame la terrorista. Este dinero se destinará al pago de las
indemnizaciones que tiene pendiente por sus asesinatos, ya que aún debe al
Estado los 19 de millones de euros pagados a sus víctimas tras declararse Del
Río insolvente.
A partir de mañana, las secciones de la Audiencia Nacional
comenzarán a liberar a unos 30 etarras a los que se les aplicó la doctrina
Parot para alargar su estancia en prisión.
Opinion:
Sigo pensando que el ser victima del terrorismo no
me otorga un plus para creerme con el derecho y la exigencia de marcarle a un
gobierno la linea a seguir, del mismo modo que no se les permite a los
ciudadanos afectados por el desempleo (el adjetivo “parados” no me gusta) hacer las leyes en torno a ese problema tan grave.
Por ello, acatare la legislación del mismo modo que
también espero que la acaten los terroristas condenados por atentados
posteriores a 1995.
Tambien es importante que se conozca la realidad en
cuanto a las indemnizaciones. Los terroristas deben esas cantidades al Estado,
ya que en su momento ese Estado indemnizó a las víctimas. De hecho, los mas de
500 expedientes que preparé el año 2000 son buena muestra de ello.
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