27 octubre 2019 La Razón (opinión)

27 octubre 2019 

Marlaska: «En los actos violentos subyace el independentismo radical»

«El problema son actitudes desafiantes como las de Torra”, explica el ministro de Interior sobre la situación que se vive en Cataluña en una entrevista para LA RAZÓN.

Torra incurre en desobediencia con la nueva resolución que tramitará el Parlamento catalán y que reivindica la autodeterminación?

–Los letrados ya han advertido a la Mesa del Parlament de que pueden incurrir en responsabilidades de todo tipo, incluida la desobediencia ante el Tribunal Constitucional. Creo que es muy posible que así pueda ocurrir. Pero hay que esperar a ver si llega a discutirse en el Pleno y si se vota. Ése será el momento de actuar. Todo el mundo debe saber que el Estado de Derecho es permisivo dentro de la ley, aunque muy tajante cuando uno se coloca fuera de ella, como hemos visto con la sentencia del Tribunal Supremo.

–La oposición les ha acusado de «mirar hacia otro lado» por no recurrir de inmediato la tramitación de la última resolución presentada por los grupos independentistas.

–El Estado de Derecho tiene que actuar justo cuando la situación lo exige. No debe hacerlo tarde, pero hacerlo demasiado pronto, con carácter preventivo, es una muestra de debilidad. Esperemos a ver si el Pleno lo debate y en qué resolución se concreta. Si esa resolución vulnerase la Constitución y el ordenamiento jurídico, así como lo establecido por el TC, que nadie dude de que el Gobierno lo impugnará primero ante el TC y actuará con las acciones de todo tipo que considere oportuno. Incluso acciones penales si procediera. Ya impugnamos la reprobación de la Monarquía aprobada por el Parlament, y que nadie dude de que el Gobierno, ante cualquier actitud que vulnere el marco constitucional, ejercitará las acciones necesarias y precisas.

–¿Usted cree que Torra va de farol? ¿Que no dará un paso fuera de la ley por miedo a las consecuencias del «lo volveremos a hacer»?

–Vamos a centrarnos en los hechos. Hay gente que fantasea mucho o que de palabra es muy valiente y luego se echa para atrás, que se mueve sólo en el plano de quedar bien no sé ante quién. Como les he dicho antes, la fortaleza del Estado de Derecho se demuestra actuando cuando tiene que actuar. Cuando alguien se anticipa es porque duda de sus propias fuerzas.

–¿La independencia es un simulacro que nunca llegará a más?

–Son conscientes de que no pueden llegar a más. El reto que se les plantea es cómo le dicen que no es posible la unilateralidad a aquellos que convencieron de que sí era posible.

–¿Qué margen tiene la política después de la sentencia del Supremo?

–La política debe tener el mismo margen de siempre, dentro del marco normativo. Ése es el único margen que hay. No puede haber nada más que eso. Constitución, ley, ordenamiento jurídico y profundizar en el autogobierno, pero con elementos de consenso con los que todos nos encontremos cómodos. Y siempre bajo ese paraguas de la legalidad, del que nadie se puede salir.

–¿Torra es un problema para Cataluña?

–No me gusta personalizar. El problema son actitudes desafiantes como las de Torra.

–¿Qué mensaje traslada usted como ministro del Interior en funciones a quienes temen que Torra abra las puertas de las cárceles a los políticos independentistas condenados por el Supremo?

–¿«Abrir las puertas» para que salgan y huyan? ¿A qué se refieren exactamente?

–A que abuse de sus competencias penitenciarias para convertir en papel mojado la condena del Supremo.

–Los permisos, entonces. El cumplimiento de las penas privativas de libertad gravita en la autoridad judicial. Dos meses después de que se haya declarado firme la sentencia, la autoridad penitenciaria decide. Pero es la autoridad judicial quien dispone las clasificaciones: está el fiscal para poder impugnar y el juez de vigilancia penitenciaria para resolver. Y en materia de clasificación, el propio órgano de enjuiciamiento que es la Sala Segunda. En todos los ámbitos relativos a ejecuciones de la pena privativa de libertad interviene en un sentido o en otro la autoridad judicial, con lo que el margen de maniobra de la Generalitat es muy limitado.

–Se han convocado nuevas manifestaciones en Cataluña este mismo fin de semana. ¿Si vuelve la violencia enviará más refuerzos policiales en atención a las quejas de que faltaron agentes?

–De mí dependen la Policía y la Guardia Civil, pero en esta valoración voy a incluir también a los Mossos, porque estos días no ha habido diferencias de uniformes sino uno solo, en un trabajo coordinado y conjunto. Nuestro balance es que las cosas se hicieron bien. Siempre se puede mejorar, pero el dispositivo fue el correcto para actuar con proporcionalidad y garantizar la seguridad de todos los catalanes y de los agentes implicados. Quiero aprovechar para señalar que no hay dos violencias, como sostienen algunos en una equidistancia inaceptable. La violencia es sólo de los violentos radicales independentistas, que son los que perturban el orden público y la seguridad de todos. Los cuerpos policiales sólo utilizan la fuerza legítima para garantizar la seguridad de todos en caso de que sea necesario. Son los únicos que en un Estado de Derecho pueden utilizar la fuerza en términos de legitimidad.

–¿Entiende que se diga que ha faltado apoyo político a la Policía?

–Si alguien se ha sentido así, lo siento. Yo me he manifestado en todo momento y desde el principio ofreciéndoles todo el apoyo político mío personal y de todo el Gobierno. Como ministro mi obligación es garantizarles las mejores condiciones para el ejercicio de sus funciones, evitar situaciones de tensión por tantas horas de trabajo en una situación difícil y que hubiera los medios personales necesarios y convenientes para reemplazos y relevos. Se ha cuidado todo eso y se seguirá cuidando. En el centro de coordinación se establecen los criterios de actuación, dentro del principio general de responder a la violencia con proporcionalidad y progresividad para salvar su integridad física y del conjunto de la sociedad, como dicen todos los protocolos.

–¿Por qué no se apoyaron y se apoyan más en la Guardia Civil?

–El plan de previsión del operativo fue establecido tiempo antes de la notificación de la sentencia del Tribunal Supremo. Y el centro de coordinación, que ha trabajado las 24 horas del día, fue estableciendo cuándo se debía actuar, cómo, qué infraestructuras se iban a cubrir y por quién. La Guardia Civil se ha destinado a la protección de infraestructuras críticas muy relevantes como aeropuertos o puertos, algo muy importante porque no estamos hablando de viajes de placer. De esa garantía depende, por ejemplo, un trasplante de órgano que viaje en avión o la seguridad en el traslado de material peligroso. Mi obligación ha sido exigir que la violencia independentista no afecte a las infraestructuras críticas, que no pare la vida de los catalanes, que funcione la cooperación con los Mossos, y que haya garantías para la seguridad física de los agentes y de la autoridad. A partir de ahí, los especialistas operativos son los que toman las decisiones técnicas. Tanto es así, que la Guardia Civil ha intervenido en disturbios producidos en varias ciudades catalanas, como Reus o Girona.

–Después de escucharle, ¿el balance es que las cosas se hicieron bien y éste será el modelo si se repiten los altercados?

–El dispositivo estuvo bien medido. Perfectamente se pudo observar la coordinación, cooperación y que no hubo ningún momento de disfunción. Otra cosa es que la violencia ejercida fuera más intensa y más grave de lo que esperábamos.

–¿Les sorprendió?

–A todo el mundo; nadie esperaba este tipo de violencia.

–¿Falló la información, como con las urnas del 1-O?

–Son situaciones que no son comparables. Sabíamos que iba a haber violencia. Pero todos los operativos han dicho que hubo una violencia de mucho mayor impacto que la del País Vasco, por ejemplo. No se habían enfrentado nunca a una violencia de esa naturaleza por cómo buscaban el cara a cara, además de los medios que utilizaron. Ahora bien, que nos sorprendiera no quiere decir que no se previera adecuadamente y se respondiera como tenía que hacerse. Hubo más de doscientos detenidos, y treinta de ellos está en prisión provisional, que no es un número menor. Espero que todos los independentistas violentos sean conscientes de la fortaleza del Estado de derecho.

–«Independentistas violentos». ¿No hay «infiltrados», como denuncia Torra?

–No me gusta que se difumine la realidad. En los actos vandálicos y violentos de Cataluña subyace el independentismo violento. En todas las democracias modernas hay movimientos antisistema que siempre se suman cuando puede haber un foco de violencia, pero eso no cambia en este caso el origen de la violencia, que es el independentismo radical y violento. Aunque hay quien intente difuminarlo está acreditado por la naturaleza de las detenciones.

–¿Quién está detrás de esos grupos de «independentismo radical y violento»?

–Los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil llevan tiempo, no sólo como consecuencia de estos hechos, estudiando este movimiento violento. Y habrá conclusiones, aunque, lógicamente, no podemos ir radiándolas mientras estamos trabajando. Los ciudadanos deben tener confianza en que todos los responsables pagarán por sus acciones. Las detenciones no cierran la investigación, la abren y no habrá impunidad. Como dije antes, podemos haber fallado en algo y siempre se pueden prever mejor las cosas, pero se ha actuado muy bien y el mérito es de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

–¿Esto grupos de independentistas violentos, como subraya usted, se han podido organizar sin un apoyo político, institucional, estructural y de financiación?

–Dejemos que las investigaciones avancen. Como ministro del Interior sería un temerario y un irresponsable si adelantara algo sin que las investigaciones hayan concluido.

–¿Quién está detrás de «Tsunami Democràtic»? Hay quien dice que los «jefes» son los mismos que los de las urnas que no encontró el Gobierno de Rajoy.

–Hay un procedimiento judicial abierto y mi obligación es no interferir en nada y dejar que la investigación siga su curso. Entiendo el interés, pero no es el momento de hablar.

—¿Los Mossos ya no reciben órdenes políticas como antes? ¿O por qué ha funcionado esta vez la colaboración?

–Que yo haya podido comprobar, la Policía nunca recibe órdenes políticas salvo para garantizar la seguridad pública de todos. La coordinación y cooperación con los Mossos ha sido perfecta.

–También con la Generalitat?

–En el Centro de Coordinación estaba el consejero de Interior Buch y el director de los Mossos.

–Sánchez no ha querido entrevistarse con Torra, ¿usted mantiene interlocución con su homólogo en la Generalitat?

–Sí, pero se trata de realidades diferentes.

–Quizá la diferencia con el 1-O es que ahora los Mossos necesitaban a las Fuerzas de Seguridad del Estado para soportar el asalto de los violentos. ¿Han colaborado por necesidad?

–Se ha visto claramente que, sin el Cuerpo Nacional de Policía, los Mossos no podrían haber afrontado solos la situación. Pero también se ha visto claramente que los Mossos han hecho todo lo que estaba en sus manos para garantizar la seguridad pública en cooperación con nosotros.

–¿Los centros de menores extranjeros son un problema, una amenaza social?

–Son un reto de orden social. En España hay unos 14.000 menores extranjeros en centros tutelados por las comunidades autónomas, y la mayor parte de ellos están perfectamente socializados. Representan un reto social que hay que abordar y para ello hay una comisión sectorial que dirigen la vicepresidenta y la ministra de Sanidad con competencia de las comunidades. Se han habilitado unos créditos importantes y ésa es la línea en la que hay que trabajar.

–En esta campaña hay partidos como Vox que piden su expulsión inmediata.

–Son respuestas populistas. ¿Expulsar dónde? ¿A qué país? ¿A dónde llevamos a estos menores? Incluso aunque ellos nos digan de dónde son, si el país de origen no les da un salvoconducto no podemos hacer nada. Hay países como Marruecos que están trabajando con nosotros para la repatriación de sus menores, pero hay muchos otros que no.

Opinión:

En cuanto a las opiniones del señor Ministro de Interior en lo relacionado con la situación política y la “violencia” voy a reservarme lo que pienso, entre otras cosas porque vivo y disfruto en Barcelona y veo cada día el pulso de la ciudad.

Pero sí me veo en la obligación de responder a la mentira y a la estupidez que en boca del señor Ministro de Interior se comenta en la portada:  “En Cataluña la violencia ha sido de mayor impacto que la del País Vasco”.

Mire señor Ministro, su labor como responsable al frente del Ministerio del Interior en lo relacionado a la Oficina de Apoyo a Víctimas del Terrorismo es realmente mejorable… Se lo dije en un acto en Barcelona y Usted me contestó que yo estaba equivocado porque esa oficina funciona “excelentemente”. Pues mire, pues no. Pero este no es el motivo para esta escrito.

El motivo es que el titular de la portada es patético. No esperaba que su desconocimiento llegara a tal extremo pero creo que unos datos se lo van a aclarar: según datos oficiales, la banda terrorista ETA asesinó en el País vasco a 576 personas y en Catalunya a 54… seguramente sus conocimientos matemáticos le harán ver que es una proporción de 10 a 1.

He querido esperar un par de días para ver si usted tenía a bien rectificar esas declaraciones y está claro que ha hecho lo que hacen la mayoría de políticos como muestra de ineptitud: decir que si el contexto, que si “donde dije digo…”… pero no puede argumentar nada que pueda contrarrestar ese titular de portada (quizás tendencioso pero ante el que, hasta ahora, Usted no ha presentado reclamación alguna).

¿Conoce Usted la revista benemeritaaldia.org? Seguramente, dado que tanta confianza tiene en el trabajo de ese Cuerpo de Seguridad del Estado. Voy a recordarle un dato que aparece en esa revista y que se publicó antes en la revista Interviu de fecha 13 de abril de 2015 e iba firmado por Ana María Pascual. Bajo el título “Síndrome del Norte: la asignatura pendiente” (citado al final de esta opinión), se ofrece la espeluznante cifra de 15.000 (quince mil) afectados por tal patología destinados al País Vasco. “Los sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil calculan que en torno a 15.000 agentes sufren estrés postraumático por haber estado destinados en el País Vasco entre 1975 y 1990”…

Señor Ministro de Interior… ¿puede decirme cuántos guardias civiles ofrecen tal patología por los altercados ocurridos en Catalunya?

Para acabar de rematar, lo dije en un tuit en el que no me cabían los nombres… ya sabe, el número límite de caracteres…

“A ver ministro. Cuando tenga un rato y deje de mentir, venga a la puerta de Hipercor a contarnos su versión de “violencia”. Le esperaremos Enrique, Nuria, Enric, Francesc, Rosa, Marc, Mina, Marta, Rosa María, Ricard, Marga, Robert, Asun, Jordi, Xavi, Rafa, Anna, Elena, Jesús…”

Señor Ministro y adláteres, por favor… no banalicen ni minimicen ni trivialicen el terrorismo comparándolo con situaciones que son mucho mas graves comparativamente. Hagan el favor de respetar el dolor ajeno.

Trancripción de artículo en “Interviu”  13 de abril de 2015 (Ana Maria Pascual)

Se cumplen treinta años del primer diagnóstico oficial de la patología mental de policías y guardias civiles que lucharon contra ETA en el País Vasco

'Síndrome del Norte', la asignatura pendiente

En 1985 un guardia civil que había estado destinado en el País Vasco mató a un transexual en Barcelona. Los forenses dictaminaron que el agente padecía el 'síndrome del Norte' por la gran tensión que sufrió debido a la amenaza etarra. Desde entonces, la patología, que no está reconocida oficialmente como enfermedad profesional, se ha diagnosticado con cuentagotas. Los afectados -unos 15.000 agentes- se quejan de la ardua lucha en los tribunales que deben emprender para que su incapacidad irreversible por estrés postraumático sea considerada como un atentado. 

El guardia civil José Antonio Sánchez, de 25 años, fue el primero en conseguir un diagnóstico de `Síndrome del Norte´, hace ahora treinta años. Estaba acusado del homicidio de un transexual y los forenses dictaminaron que la situación psicológica y emocional del encausado no era normal como consecuencia de haber estado destinado en Euskadi durante ocho meses.

Eran los años de plomo de la ofensiva etarra contra los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Más de 400 policías y guardias civiles perecieron en atentados terroristas; pero hay muchos más afectados, además de los heridos. Los sindicatos y asociaciones de la Policía y la Guardia Civil calculan que en torno a 15.000 agentes sufren estrés postraumático por haber estado destinados en el País Vasco entre 1975 y 1990.

El guardia Sánchez fue condenado finalmente por homicidio, pero su condena se redujo considerablemente debido al informe pericial sobre su estado psicológico: de 24 años de cárcel a once. No se conoce el número de casos diagnósticos por esa patología, porque la Administración no la reconoce como enfermedad laboral. Las asociaciones profesionales calculan que solo el uno por ciento de los afectados puede haber logrado la incapacidad permanente por acto de servicio debido a su trabajo en Euskadi.

El miedo a estallar por los aires, a recibir un disparo a bocajarro, la angustia de estar acuartelado días enteros, la muerte de los compañeros en los numerosos atentados… la tensión que sufrieron los policías y los guardias civiles en el País Vasco de los ochenta se convirtió para algunos de ellos en un cuadro clínico de ansiedad y depresión irreversible, conocido como Síndrome del Norte.