12 noviembre 2021 (3) 20minutos (opinión)

12 noviembre 2021

 

La Asociación de Víctimas del 11-M, "abocada" al cierre por una deuda: "Siempre nos han considerado molestos"

"La situación es extrema. La Asociación 11-M Afectados de Terrorismo se ve abocada a su cierre". Es la llamada de auxilio de las víctimas de terrorismo, que advierten de la incapacidad de mantener abierta la asociación, fundada hace 17 años, por no haber justificado correctamente una subvención de 49.500 euros que les dio el Gobierno en 2012 y cuyo importe se les es reclamado ahora con intereses. Desde el Ministerio de Asuntos Sociales aseguran que les "acompañaron" en el proceso de subsanación del error, pero dicen que poco pueden hacer porque el trato no puede ser especial con la asociación.

Según cuenta la Asociación en un comunicado al que ha tenido acceso20minutos, todo se remonta a 2012, cuando el Ejecutivo publicó una convocatoria de subvención a "entidades en defensa de las víctimas de terrorismo", adjudicando a la Asociación un total de 49.500 euros. 

Como ocurre con cualquier subvención pública, tuvieron que justificarla, y así lo hicieron -según afirman en el escrito- al entonces Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Agenda 2030. No obstante, en febrero de 2021, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020, "sin poner en duda la correcta ejecución del programa subvencionado", reclamó a la Asociación el reintegro de 42.494,36 euros, al no dar por válidos los justificantes de gasto que habían sido entregados sin el sello de imputación a la subvención.

"Nos comprometimos a cumplimentar ese sello. Es un ataque sangrante. Es un problema formal, que una persona se olvidó de poner el sello, pero son subvenciones que están auditadas, que están dedicadas a lo que tienen que estar", declara a este diario el presidente de la Asociación, Eulogio Paz. 

Pese a que la Asociación recurrió la resolución y que esa solicitud de reintegro había sido suspendida, "sorpresivamente", la Agencia Tributaria les exigió el pago con un recargo del 10%, que elevaba la cuantía hasta los 46.743,60 euros, "en pleno periodo vacacional del mes de agosto y con el recurso aún sin resolver", denuncia la Asociación 11-M.

Desde el Ministerio, según asevera la Asociación, reconocieron el error y pidieron disculpas, comprometiéndose a anular "cuanto antes" la providencia de apremio "e, incluso, nos instó a no formalizar el pago", explican, lamentando que finalmente terminaran retractándose y negándoles el certificado de suspensión. Apenas pasaron unos días cuando Hacienda les notificó que debían pagar un total de 65.669 euros.

Las víctimas denuncian el "perjuicio" ocasionado y el "incumplimiento de los plazos y los procedimientos legales" por parte del Ministerio competente. Una circunstancia que, según lamentan, les ha "obligado a afrontar el pago con inmediatez" para evitar también los embargos de créditos, "lo que nos ha ocasionado un daño reputacional, adicional al económico, difícilmente reparable". 

Recuerdan que el origen de estas "incongruentes, desproporcionadas y sangrantes actuaciones" radica en el hecho de no haber estampillado adecuadamente los documentos. Y denuncian que, por mucho que hayan recurrido, la situación se resolverá "tarde"; periodo durante el cual no podrán hacer frente a las actividades habituales. 

"En definitiva, la Asociación se ve abocada al cierre. Somos una Asociación de víctimas de terrorismo a la que ninguno de nosotros quisiéramos pertenecer porque nunca quisimos que pasase lo que pasó", lamentan. "Después de 17 años trabajando para víctimas de terrorismo, lo que algunos llevan muchos años intentando, haciéndonos pasar por situaciones muy duras y difíciles, tanto económicas como de todo tipo, terminarían por conseguirlo. Siempre nos han considerado molestos y verían cumplido su deseo de nuestro final, de la desaparición de la Asociación 11‐M Afectados del Terrorismo, recurriendo para ello a cualquier maniobra, incluso la más ruin", concluyen. 

El Ministerio se defiende apelando a la imparcialidad

Fuentes de la Delegación General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales alegan que siguieron el procedimiento que están obligados a seguir con cualquier otra entidad. "A la hora de comprobar que una subvención se ha gastado conforme a derecho, hay que cumplir con la finalidad de la subvención y con los requisitos formales de justificación (sobre todo, como es el caso, cuando estos requisitos están hechos para evitar fraudes)", declaran a 20minutos las mismas fuentes, añadiendo que "la jurisprudencia es clara y hay que aplicarla". 

A pesar de ello, aseguran que "desde el Ministerio de Derechos Sociales se les ha atendido y acompañado en el proceso, pero no se les puede dar un trato distinto al de las restantes entidades, máxime cuando el origen de la situación actual es que la citada entidad no ha cumplido con sus obligaciones, libremente aceptadas, cuando accedió a esa subvención", explican, concluyendo que "una vez constituida una deuda con la Agencia Tributaria, la Dirección General pierde el control de la misma". Por su parte, el Ministerio de Hacienda, con quien también contactó 20minutos para preguntar por este caso, no respondió a las cuestiones planteadas.

La Asociación declara que la versión del Ministerio refuerza su posición. En su opinión, que Asuntos Sociales "no ponga en duda la ejecución del programa subvencionado" supone "un reconocimiento expreso del irreprochable destino de los fondos y de la consecución de los objetivos de la subvención". Además, fuentes de la agrupación exponen que "una cosa es pedir 42.000 euros por no estampar las facturas" y "otra" que se les obligue a reponer 15.000 euros de intereses por la "pereza" de la Administración, pues "han tardado siete años" en comprobarlo.

Opinión:

Pues parece que va llegando el momento de que alguien empiece a explicar cositas que suceden en otras entidades y que, oh sorpresa, a nadie le importa comentar ni investigar.

¿Es normal que se permita que una entidad tarde once meses en presentar públicamente las cuentas del año anterior? ¿Es normal que haya presentado las anteriores diez meses después del cambio de año?

Las entidades sin ánimo de lucro ¿pueden invertir las cantidades recibidas?

Venga ¿quién se atreverá a ponerle el cascabel al gato? Al fin y al cabo, con leer el BOE seria suficiente.

Pero es más fácil meterle caña a una asociación ocho años después del “error formal” cometido justo coincidiendo con la próxima firmeza de una sentencia por unos atentados no investigados con el debido interés…

Raro, raro, raro…

Por no hablar de los cambios sucedidos en algunos estamentos ministeriales que, por lógica, no han agradado a los interesados.