10 noviembre 2021 (5) elnacional.cat

10 noviembre 2021 

 

La asociación de víctimas del 11-M, abocada al cierre por un error burocrático

La Asociación 11M de afectados por el terrorismo se encuentra en la cuerda floja. Según denuncia la entidad, "abocada a su cierre". El motivo son los más de 65.000 euros que le reclama la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. Y los reclama, según el comunicado de la asociación, por un defecto formal: por la ausencia de un sello en unas facturas financiadas con una subvención pública que recibieron en el 2013. Del importe requerido, 51.538 euros son de la sanción en sí y 14.313 son en concepto de intereses.

Los hechos se remontan al 2012, cuando el entonces Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad convocó una subvención para "entidades en defensa de las víctimas del terrorismo" para incurrir en gastos durante el año 2013, y se adjudicaron 49.500 euros a la Asociación 11M de afectados por el terrorismo. Y en febrero del 2014, como era obligatorio, enviaron la justificación de la subvención, con un informe favorable de un auditor de cuentas externo. Este informe certificaba que los fondos recibidos se habían destinado correctamente a las finalidades solicitadas, con una relación de todos los gastos.

No fue hasta tres años después, en 2017, que el Ministerio requirió a la asociación los documentos originales de la subvención, que la entidad asegura que entregó. Sin embargo, cuatro años más tarde, en febrero de 2021, el Ministerio de Derechos Sociales requirió el reintegro de 42.494,36 euros. No aceptaba los justificantes de gasto porque no disponían del sello de imputación a la subvención. Según la asociación, ofrecieron la posibilidad de subsanar el defecto "meramente formal", que fue denegada.

Desde la asociación aseguran que enseguida recurrieron la decisión ante los tribunales y contactaron con el Ministerio. Según el comunicado, "el subdirector general reconoció el error cometido, nos pidió disculpas, se comprometió a emitir el certificado acreditativo de la suspensión y nos instó a no formalizar el pago". No obstante, después de semanas de espera, "acabó retractándose y negando el certificado prometido". Poco después, la Agencia Tributaria puso en marcha el trámite de embargo, que los obligó a hacer el pago de inmediato.

Entre otras causas, la entidad ha sido acusación particular en el juicio por el 17-A en la Audiencia Nacional. "Somos una Asociación de víctimas de terrorismo a la que ninguno de nosotros querríamos pertenecer porque nunca quisimos que pasara lo que pasó", asegura la junta directiva en un comunicado. Y concluye: "Siempre nos han considerado molestos y verían cumplido su deseo de nuestro final, de la desaparición de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, recurriendo a cualquier maniobra, incluso la más ruin".

La versión del Ministerio

Desde el Ministerio de Derechos Sociales admiten que es un "tema delicado", que les sabe mal la situación, pero que no pueden saltarse la ley. Justifican que esta entidad no ha justificado la subvención recibida de acuerdo con las normas aplicables que conocía en el momento de acceder. Fuentes de la Dirección General señalan que están obligados a aplicar estas normas en la revisión de las justificaciones, "conocidas e incumplidas por la entidad", y dar traslado a Hacienda. Hay que cumplir tanto con la finalidad de la subvención como con los requisitos formales de justificación "para evitar fraudes". A pesar de todo, sostienen que desde el Ministerio han atendido y acompañado a la asociación, con la que han mantenido reuniones, llamadas e intercambios de correos, pero añaden que "no se les puede dar un tratamiento diferente en el resto de entidades". Una vez constituida una deuda con la Agencia Tributaria, concluyen, ya no pueden hacer nada.