15 febrero 2012 (2) La Vanguardia

15 febrer 2012 

Los movimientos sociales vascos se reubican ante el fin de la violencia

Grupos como Gesto por la Paz y Lokarri, que surgieron en respuesta a ETA, reflexionan sobre su nuevo papel en la sociedad vasca

Alrededor de 2.000 personas recorrieron el pasado sábado las calles de Bilbao en la supuesta última movilización ciudadana de Gesto por la Paz Desde el lema Pakea zure eskuan dago (La paz está en tu mano) hasta el que exhibieron los manifestantes este fin  de semana, Lortu Dugu (Lo hemos logrado), han pasado 25 años. Fue el broche final a las convocatorias ciudadanas de esta coordinadora pacifista, que fue la pionera de los movimientos sociales nacidos como resultado del impacto de la violencia de ETA.

A partir de Gesto, proliferaron en Euskadi diversas asociaciones ciudadanas. A grandes rasgos, pueden dividirse en cuatro grupos. El primero, el de las organizaciones formadas por ciudadanos que, sin ser afectados directos de la violencia etarra, han considerado a cada víctima como uno de los suyos. En este grupo es donde se sitúa Gesto por la Paz. Otro gran núcleo surge de las filas de Herri Batasuna, de personas que consideran que hay que orientar el “conflicto vasco” a través de vías no violentas. Es el caso de Elkarri, asociación que más tarde dio lugar a Lokarri. Los movimientos con un trabajo centrado en la situación de los presos y el derecho de autodeterminación constituyen un tercer polo. Sería el caso de Herrira, de la Red Independentistak o de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA. Finalmente, el cuarto grupo corresponde al que componen los colectivos de víctimas directas de la banda, como Covite o Fundación para la Libertad. Ahora, con el cese de la violencia de ETA, estas heterogéneas agrupaciones surgidas en torno a su actividad armada se resitúan para buscar qué papel deben ejercer en una sociedad vasca sin violencia.

Gesto por la Paz
 

El nacimiento de la coordinadora pacifista en mayo de 1986 marcó el inicio de los movimientos ciudadanos desarrollados en el País Vasco en torno a la acción de ETA. Gesto fue la primera organización en concentrar a los ciudadanos en la calle para protestar por cada asesinato de la banda terrorista. Y siempre en silencio. "Aunque en esas primeras concentraciones no estuviese toda la población vasca tras la pancarta, esa imagen sirvió para comenzar a deslegitimar la violencia", cuenta Isabel Urquijo, miembro de Gesto por la Paz. 

La movilización ciudadana y campañas como la del lazo azul han tejido la memoria democrática en Euskadi. Con el paulatino surgimiento de diferentes colectivos de víctimas y el hecho de que las propias instituciones comenzaran a movilizar a la población, la organización ha ido perdiendo ese papel relevante. Ante la nueva situación, celebrará una asamblea general en las próximas semanas para determinar su futuro. "Con el cese de ETA es casi seguro que nos planteemos la disolución, aunque no será inmediata", dice Urquijo. "Lo que es seguro -continúa- es que dejamos la movilización ciudadana, uno de los pilares de la organización".

En cambio, continuará con otra de sus labores: "la búsqueda de la justicia y la verdad y la deslegitimación de la violencia". "La parte de publicaciones y charlas continuará ya que consideramos todavía muy necesaria la sensibilización", explica Urquijo.  

Lokarri

Nacido hace algo más de cinco años y heredero del trabajo de Elkarri, su predecesor, Lokarri es uno de los movimientos cívicos que más presencia ha tenido en la actualidad política vasca durante los últimos meses. El trabajo con el Grupo Internacional de Contacto (GIC) y su papel para organizar la conferencia de paz de San Sebastián, que propició la declaración del cese de la violencia de ETA, lo han colocado en primer plano. "Es verdad que la Conferencia de Aiete, por su trascendencia y resultado a corto plazo, ha sido el movimiento más mediático de Lokarri, pero  nuestro trabajo ha sido sobre todo ciudadano, de sensibilización, de quitar el desánimo que produjo el fin de la tregua de 2006", explica Manu Vilabrille, miembro de la red ciudadana. 

Ante el cambio en el paisaje vasco, Lokarri celebró el pasado sábado una Asamblea General en la que situó como su próximo objetivo la búsqueda del consenso de la sociedad vasca ante el nuevo escenario que se ha creado con el cese de la violencia. Además, el colectivo liderado por Paul Ríos continuará con la búsqueda de soluciones para mejorar la convivencia en Euskadi. "Actualmente tenemos el compromiso de dar cobertura al Grupo Internacional de Contacto (GIC) de Brian Currin, y esta labor continuará como mínimo este año", cuenta Vilabrille. "También continuaremos con las campañas de sensibilización a través de publicaciones y charlas, que van surgiendo según lo que consideramos necesario", subraya.

Herrira

En la actualidad, los presos miembros de ETA superan los 700, distribuidos entre España, Francia y otros cuatro países. Herrira, que nació a comienzos de este febrero, tiene como objetivo el cambio de una política penitenciaria que considera basada en la "represión y la venganza". Así, una de sus principales reclamaciones es el final de la dispersión de presos de la banda. A ella, hay que sumar la petición de libertad para los presos de ETA enfermos, para aquellos que han cumplido tres cuartas partes de su condena y la derogación de la denominada doctrina Parot. 

Etxerat

Surgida hace casi una década como sucesora de las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía, esta asociación agrupa a los familiares de la mayoría de los reclusos de la banda. Al igual que Herrira, su trabajo se centra en promover el cambio de la actual política penitenciaria, comenzando por la dispersión de presos, un "maltrato" a sus familias por los constantes desplazamientos para visitar a sus allegados, con la consiguiente "sangría económica" y el riesgo de accidente que ello supone. Además, Etxerat denuncia una doble consecuencia del aislamiento en los propios reclusos: "el social" ("se les separa de su entorno social y cultural") y "el de grupo" ("una cohesión política y humana para hacer frente al sistema de castigo").

Este colectivo pide también la liberación de los presos de ETA enfermos, de aquellos que han cumplido tres cuartas partes de su condena y la derogación de la doctrina Parot. Además, denuncian la situación de los "exiliados": "aquellos familiares que viven en Venezuela, Panamá, Cuba, México o Cabo Verde, entre otros muchos países, en condiciones extremas, la mayoría sin ningún documento legal, sin un nombre y apellido y a expensas de ser en cualquier momento detenidos y encarcelados". El objetivo: un escenario "sin presos ni exiliados".

Independentistak

Nacida en 2010, esta red social tiene como objetivo estratégico la independencia de Euskal Herria. "Apostamos por un Estado vasco alcanzado por vías democráticas porque, a nuestro entender, es la mejor alternativa de futuro para nuestro pueblo, tanto desde el punto de vista identitario y cultural como social y económico", explica Txutxi Ariznabarreta, uno de los promotores de esta red. Ahora, sin la violencia de ETA en el paisaje político vasco, Independentistak considera que se encuentra ante una gran oportunidad para dar cuerpo a las reivindicaciones democráticas e ideológicas por las que trabaja. "El nuevo escenario debe abrir las puertas al reconocimiento del derecho de las ciudadanas y ciudadanos vascos a decidir el futuro de su pueblo entre todas las opciones políticas, incluida la independencia. Estamos ante una oportunidad histórica para conseguir la luz verde a esa soberanía", sentencia Ariznabarreta.

Covite

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco nació durante la tregua de ETA de 1998. Los miembros de Covite remarcan, en primer lugar, que son afectados directos de la violencia de ETA y que no se dedican profesionalmente a la asociación. Ahora, a pesar del cese de la violencia de la banda, Covite considera que su labor es más importante que nunca. "Todavía queda mucho trabajo en el tema de la deslegitimación de la violencia y, sobre todo, en la defensa de los derechos de la víctimas", cuenta Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, parlamentario vasco asesinado por ETA en 1995.

"Hay 314 asesinatos de ETA sin resolver, lo que, además de la angustia, significa una diferencia de trato para las familias en el tema de las indemnizaciones", explica Ordóñez. "La Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo –continúa- es un desastre: establece que si el crimen tiene sentencia, la familia recibe 500.000 euros y si no, 200.000, lo que los convierte en ciudadanos de segunda". Covite también denuncia el funcionamiento de la dirección de víctimas del Gobierno vasco, que según la organización "no resuelve nada". "Tampoco somos seleccionados para participar en los planes de educación", dice Ordóñez. "Los grandes partidos sólo nos quieren para la foto, nada más, nos sentimos desprotegidos y por eso nuestro trabajo es vital", subraya Ordóñez.

Fundación para la libertad

"Ahora nuestra labor es más importante que nunca: debemos insistir en el desarrollo de valores democráticos y cívicos porque el nacionalismo que aquí existe es extremista y peligroso", cuenta Eduardo Uriarte, exgerente de la Fundación y miembro de su Patronato. Nacida en 2002 del mundo constitucionalista, al calor del espíritu de Ermua y la entente Mayor Oreja-Redondo Terreros, la fundación cree que el problema de Euskadi todavía no se ha resuelto. "El problema en el País Vasco sigue pendiente porque al cese de la violencia de ETA no le ha seguido una condena social de su proyecto totalitario, no puede ser que la derrota policial de ETA se haya convertido en una victoria política", afirma Uriarte.