10 febrero 2012 (2) La Razón (opinion)

10 febrer 2012

Las tilda de «extremistas» por rebatir el texto de las «víctimas» de la Policía

El Gobierno vasco insulta a las víctimas por oponerse a su decreto

 

MADRID- Representantes de las asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado  y de la Ertzaintza, víctimas del terrorismo y Covite se reunieron ayer con el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo para exponer sus alegaciones contra el decreto que prepara el Gobierno vasco sobre la «reparación integral de víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida en la Comunidad vasca entre 1968 y 1978». 

Durante una hora y media las asociaciones de víctimas exigieron la derogación del decreto y expusieron sus alegatos, aunque no lograron convencer a los representantes del Gobierno vasco que seguirán con ello para adelante. Cabe señalar que el Consejo Vasco está compuesto por cinco representantes de la Administración pública  y cinco representantes sociales de los cuales tres son asociaciones de víctimas directas y dos asociaciones cívicas (que se mostraron partidarias del decreto).

El Gobierno vasco reiteró a las víctimas el compromiso de que  no serán beneficiarios de las ayudas ni los terroristas muertos al manipular la bomba que preparaban ni por enfrentamientos con la Policía. Pero las asociaciones desconfían y creen que se acabarán colando todos los supuestos por lo que los miembros del Consejo las tildaron de «extremistas». La reunión se saldó sólo con el compromiso de que harán llegar sus alegaciones a la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco. Las víctimas consideran que se las ha consultado sólo como mero trámite, pero que en realidad su opinión «no les importa».

Según Covite, esta norma, que prevé indemnizaciones  para lo que han venido a llamar «víctimas de abusos policiales», es «un intento de crear una historia paralela al más puro estilo de la izquierda abertzale radical con la que matizar la sangre y el dolor de las víctimas del terrorismo». En un alegato de 18 folios, esta asociación indica que «la norma es de escaso rigor jurídico y que las instituciones que la han impulsado lo han hecho por oportunidad política». «Las instituciones que ningunean a las víctimas del terrorismo se vuelcan» con las víctimas de abusos policiales, critican.

Las asociaciones policiales de víctimas destacaron que se han olvidado de  Ley de Amnistía de 1977, pero para el Ejecutivo vasco  «no tiene nada que ver», porque esto es «un reconocimiento de derechos». Desde Covite no ven la necesidad de tramitar un decreto sobre esta materia ya que entienden que «los objetivos perseguidos por la norma se encuentran suficientemente  protegidos» por la Ley  de Memoria Histórica, a no ser que este decreto esté «persiguiendo intereses espurios tendentes a integrar dentro de la nueva norma». Ya que ambos, la Ley de Memoria Histórica –que recoge supuestos que cita la nueva norma– y el decreto «son incompatibles». 

¿Qué dice el decreto?

El objetivo de esta normativa es declarar la condición de víctima y la reparación integral como tal de las personas que sufrieron entre 1968 y 1978 alguna lesión o fallecieron por las acciones de las Fuerzas de Seguridad. Una comisión entrevistará a las personas que tramiten su solicitud y tomarán la decisión.


Opinion:

Según la información de que dispongo  y estudiada la misma, no me queda muy claro que las opiniones vertidas por algunas víctimas, que parecen ser las opiniones oficiales, sean las mas acertadas.

Intento explicarme y, por favor, si alguien tiene datos que demuestren que estoy equivocado ruego me rectifique.

Primeramente, el asunto de las víctimas de abusos policiales se lleva desde la Dirección de Derechos Humanos dependiente del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. No olvidemos que ese Gobierno está formado por PSE con el apoyo parlamentario de PP.

 El Decreto elaborado difiere en relevancia formal y de fondo de la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo. Una lectura detallada y meditada tanto del Decreto como de la Ley ofrece toda la información que muestra las diferencias entre uno y otro, lo cual queda aún más manifiesto al hablar de un simple Decreto mientras que el otro obtiene un rango de Ley.

Las cantidades establecidas como reparación para aquellas personas que acrediten mediante procedimiento administrativo seguido al efecto el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto son las mismas que fija la Ley de Memoria Histórica. Esas cantidades son sensiblemente inferiores a las determinadas para las víctimas del terrorismo en la nueva Ley estatal. Ello me demuestra que en ningún momento se equiparan al mismo nivel las víctimas del terrorismo con las víctimas de los denominados abusos policiales.

Además son incompatibles, de manera que no se pueden recibir las dos al mismo tiempo. Es decir, el Gobierno Vasco pagará a aquellas que no hayan recibido indemnización por parte del Estado. Entiendo también que cuando se conozca la identidad de las personas afectadas se comprobará cuantos miembros de la banda terrorista ETA hay entre los reparados y a cuantas se les puede enumerar bajo un epígrafe común, llamémosles personas normales y corrientes.

Del mismo modo entiendo que se excluye expresamente a miembros de ETA que hubieran muerto a consecuencia de sus propios actos (entiéndase como aquellos a los que les estalló el artefacto explosivo, fueron abatidos en enfrentamientos con las FCSE…). Este detalle es de una capital importancia al quedar RADICALMENTE EXCLUIDOS este tipo de supuestos. Ello me lleva a concluir que es FUNDAMENTAL LA INOCENCIA DE LA VICTIMA.

También, según mis informaciones recibidas en mi época como Coordinador del SIOVT (Servei de Informació i Orientació a Víctimes del Terrorisme y cerrado desde julio pasado), el proceso de creación del Memorial de Víctimas del Terrorismo ya se ha iniciado  con la constitución de la Comisión y ha sido previsto única y exclusivamente para víctimas del terrorismo (es decir, aquellas definidas como tales por la Ley estatal aprobada en septiembre de 2011, de la cual fui ponente en octubre de 2010 representando a la Generalitat de Catalunya). Con lo cual no hay equiparación, ni equidistancia  ni mezcla. El argumento de una contaminación del relato no existe porque deja bien a las claras la significación del proyecto.

Asimismo es cierto que el Gobierno Vasco no ha pagado ninguna cantidad económica a las víctimas del terrorismo. El motivo es simple: las indemnizaciones por daños personales las ha pagado siempre el Estado y me consta que el Gobierno Vasco no ha estado nunca dispuesto a entrar en nuevas legislaciones por las que, dependiendo el lugar de nacimiento o de residencia de la víctima esta pueda recibir mayores cuantas económicas.