borrador del decreto de reconocimiento
El Gobierno Vasco excluye a terroristas de las víctimas de abusos policiales entre 1968 y 1978
El Gobierno Vasco ha presentado hoy el borrador de decreto que reconocerá como víctimas a quienes padecieron abusos policiales entre 1968 y 1978 y que excluye a los terroristas.
La consejera de Justicia del Gobierno de Vitoria, Idoia Mendia, y la exmagistrada Manuela Carmena, que está coordinando esta materia, han presentado hoy el borrador del decreto que podría estar aprobado definitivamente la próxima primavera, y al que seguirá otro para los casos a partir de 1978.
El futuro decreto busca la declaración de la condición de víctima y la reparación de quienes sufrieron la vulneración de sus derechos producida en el País Vasco entre 1968 y 1978, "en el contexto de la violencia de motivación política vivida durante ese periodo".
El borrador considera sufrimientos injustos la muerte, la gran invalidez, la incapacidad permanente total o parcial y las lesiones permanentes provocadas por acciones indebidas de agentes de las Fuerzas de Seguridad y otros funcionarios públicos, así como por colaboradores externos.
"Ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba o muerto en un enfrentamiento con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrá beneficiarse de la reparación y reconocimiento que se recogen en este", ha aclarado Mendia.
Por ello, ha querido "tranquilizar" a las víctimas del terrorismo de ETA, porque el Gobierno Vasco no tiene ninguna intención ni de "equiparar" víctimas ni de buscar "equidistancias" entre distintas violencias.
Serán susceptibles de ser reparados los "sufrimientos injustos" aunque en su momento no fueran considerados como tales, al haber sido exculpados en procedimiento judicial, por sobreseimiento o sentencia absolutoria, o aunque las conductas de las víctimas fueran objeto de enjuiciamiento, "si éste vulnerara el derecho a la vida reconocido en la Constitución ", en referencia a los fusilados por el franquismo.
El borrador contempla indemnizaciones que van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros, para los casos de gran invalidez.
Habrá una comisión de valoración que declarará la condición de víctima de violaciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política definida en el decreto y la que atribuirá a dichas víctimas los derechos que, en consecuencia, le correspondan.
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