19 agosto 2012
La Razón
Francisco Marhuenda
“No hay otra salida”
Cuando se gobierna, muchas veces se tienen que tomar decisiones difíciles, que incluso repugnan, pero no hay otra salida. El caso que afecta a un asesino sanguinario como el etarra Bolinaga es tan sencillo como complejo. Desde 1996, un total de 23 presos de ETA han accedido al tercer grado por enfermedad grave, de los que 21 fueron mientas gobernaba el PP. Por tanto, no estamos ante una decisión aislada, sino que existen precedentes en los que se ha aplicado una legislación que afecta a todos los presos, sean o no etarras. Hay que señalar que sería ilegal aplicar un criterio diferente en este terreno. Desde 2007, más de 1.600 presos condenados por delitos diversos han logrado el tercer grado por razones humanitarias. Estoy a favor de una reforma legal que permita la aplicación de la cadena perpetua revisable, una medida que se ajustaría a la Constitución, y que debería ser aplicable, entre otros, a los delitos cometidos por los terroristas.
No hay que olvidar que el ejercicio legítimo de la justicia tiene que implicar el respeto a la legalidad, porque sino estaríamos ante el ejercicio de la arbitrariedad. Una cosa es lo que nos gustaría a la inmensa mayoría de españoles, como es la cadena perpetua revisable, y otra muy distinta el marco legal, en el que no se le puede aplicar a Bolinaga unas normas o criterios distintos a los casos que le han precedido. Nos guste o no, se vulneraría el artículo 14 de la Constitución, que establece que los españoles son iguales ante la Ley y no puede existir discriminación alguna. Desde Platón hasta nuestros días, los pensadores han considerado a la Justicia como una de las cualidades principales de un buen orden político. Nosotros tenemos un ordenamiento, sin duda mejorable, pero hay que cumplirlo. A muchos nos parece que las penas que se imponen ante determinados delitos son insuficientes, pero tampoco podemos recuperar la antigua ley del Talión de “ojo por ojo, diente por diente”. Tiene que existir un a proporcionalidad entre el delito y la pena, pero no puede existir arbitrariedad.
Es un terreno de debate muy viejo. Desde la decisiva obra de Beccaria en 1764, “De los delitos y las penas”, el debate es interminable. A diferencia de una dictadura o del absolutismo, en democracia no se pueden inventar las penas o cambiarlas en función de los intereses. Bolinaga es un asesino que se siente orgulloso de sus crímenes y al que la pena no le ha servido para lograr su reinserción. Esta no es la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad y por ello los años en prisión muchas veces sólo sirven para resarcir parcialmente a la sociedad del delito cometido. La legislación penitenciaria que le permitirá acceder al tercer grado siempre se ha aplicado de esta forma, incluso en los años más duros de ETA. Por ello, nada justifica ahora un cambio de criterio, salvo la comisión de un delito de prevaricación. Estaríamos ante una arbitrariedad, que incluso podría ser moralmente justa, pero jurídicamente ilegal. La posición del Gobierno no genera ni semilibertad ni la salida del medio penitenciario, sino que analiza la incidencia de la enfermedad y su pronóstico vital, la peligrosidad del penado y la posibilidad de reincidencia. La decisión es adoptada por un magistrado independiente, el juez central de Vigilancia Penitenciaria, y con la participación del fiscal para mayor garantía de la legalidad. Por tanto, no es una decisión que adopta el Gobierno, sea éste o en su día los de Aznar o Zapatero.
Opinión:
Felicito a Paco Marhuenda por el presente artículo y le recomendaría que, ya puestos, les enviara una copia del mismo a los presidentes y presidentas de ciertas asociaciones de víctimas que están manteniendo posturas absolutamente personales. Posturas comprensibles si hubieran sido consultadas con sus representados previa información. Pero ello no ha ocurrido y por ello son opiniones que no se pueden comprender (y menos compartir) una vez leído el artículo.
Esta misma mañana mi planning ha sido el siguiente: visita a la Ciutat de la Justicia para presentar la solicitud de estudio de una decisión tomada por parte del Ministerio de Interior. Visita domiciliaria a una víctima para revisar su expediente de indemnización y posterior entrega de la documentación en Registro de Delegación de Gobierno. En el trayecto del domicilio hasta el Registro, llamada y posterior entrevista con Europa Press. Regreso a mi lugar de vacaciones con atención personal telefónica a seis víctimas durante el día.
En resumen: siete víctimas que querían tener información veraz, fidedigna y confiable sobre lo que está ocurriendo y todas, las siete, de acuerdo en un punto: que la legislación se cumpla al máximo permitido.
A las siete les he recomendado el artículo de Paco Marhuenda y, oh sorpresa, seis no se podían creer que fuera el Director de La Razón el autor del artículo. Me alegro de que se empiece a dar información real.
Amigo Paco, puedo pasarte las direcciones de esos presidentes y presidentas. El resto depende de ti.
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