20 agosto 2012
Editorial
Tres años después del último atentado de ETA y cuando hace diez meses del anuncio del cese definitivo de la violencia, parece que solo los extremos más radicales del abanico ideológico – amén de las víctimas del terrorismo – parecen dispuestos a tensar y desacelerar el proceso de normalización de Euskadi, que la inmensa mayoría de los ciudadanos dan tan por descontado que ya no figura entre sus principales preocupaciones. La puesta en libertad por razones humanitarias –previstas en la ley- del etarra Iosu Uribetxeberria, condenado, entre otros crímenes, por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, ha suscitado una crispación en ámbitos políticos y mediáticos desconocida desde hace meses. La cauta lentitud del Gobierno en los procesos de reinserción, acercamiento y excarcelación de los presos etarras, junto con los augurios de un adelanto electoral en el País Vasco en otoño, han servido a la izquierda aberzale para explotar el cáncer irreversible del secuestro de Ortega y extender las reivindicaciones de libertad a otros terroristas recluidos también con enfermedades graves.
El Ministerio del Interior, encargado de administrar los acercamientos y excarcelaciones, está obligado a actuar con prudencia. El Gobierno no puede dar argumentos a quienes otorgan algún tipo de legitimidad a la banda terrorista ni flaquear ante las presiones de aquellas asociaciones que, desde el otro lado, consideran que el Estado “ha cedido al chantaje” y “provocado un daño irreversible” a la lucha contra el terrorismo por haber concedido el tercer grado penitenciario a un enfermo terminal.
El Ejecutivo de Rajoy, que no debería olvidar la actual actitud del PSOE frente a ETA en la oposición con la que observó el PP en la misma situación, está además a la espera del recurso que presentó contra la sentencia del tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró ilegal la doctrina Parot y que podría representar la inmediata excarcelación de la menos 77 etarras. La sala de vacaciones del tribunal Constitucional examinará mañana una petición de 20 etarras que exigen que se aplique ya a sus condenas el fallo de Estrasburgo. Será otro capítulo conflictivo en el lento y arduo camino hacia la reconciliación.
Opinión:
La claridad en la exposición el editorialista de El Periódico de Catalunya es obvia y por ello se entiende perfectamente que la legislación está para ser cumplida.
Pero por fin alguien se atreve a hablar de “las presiones de aquellas asociaciones”, es decir, a poner negro sobre blanco que existen posturas nada consensuadas ni consultadas entre los presidentes/portavoces y el resto de miembros de “aquellas asociaciones”.
Aún me atrevería a plantear un tema más, a saber, la importancia de saber quien es quien en el mundo de las víctimas del terrorismo: de qué banda terrorista se ha sido víctima, cual ha sido el tiempo transcurrido entre el atentado y la implicación asociativa, quien es realmente la víctima en el atentado en concreto, el tiempo invertido para la curación de las “supuestas” heridas o las secuelas consiguientes, la veracidad de la documentación presentada....
Entiendo que estamos en un momento crucial y la imagen pública debe ser la más confiable posible porque es muy cierto que el terrorismo no es actualmente una preocupación para una enorme mayoría de ciudadanos. Y solo falta que además nuestros conciudadanos crean que “LAS” víctimas intentan marcar la línea política al Gobierno de turno.
Yo ya bajé de ese tren hace mucho tiempo.
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