20 mayo 2019 Correo (opinión)

20 mayo 2019

Interior presiona a los reclusos de ETA para que paguen las indemnizaciones

En los últimos cuatro años ha reclamado a más de 400 presos que empiecen a abonar la responsabilidad civil para evitar que prescriba

Son más de 477 los millones de euros que el Ministerio del Interior ha destinado a abonar las indemnizaciones a las víctimas fijadas en sentencia judicial. Por ley, las cuantías oscilan entre los 500.000 euros por fallecimiento y los 100.000 por lesiones no invalidantes. Es decir, la Administración asume el pago de la responsabilidad civil de los presos a favor de los damnificados para evitar su indefensión. Pero, ¿qué ocurre después? En los últimos cuatro años el Gobierno central ha reclamado de oficio a 421 presos terroristas, más del 95% de ETA, que abonen sus deudas con el Estado.

Seguir la evolución financiera de las personas condenadas por terrorismo resultan difícil. La «picaresca», reconocen desde el Ejecutivo, ha sido una práctica habitual. «Trabajos en negro, cuentas y bienes que nunca están a su nombre...». La lista es larga. Pero fue hace cuatro años cuando el Gobierno decidió 'meter mano' de manera decidida.

La clave fueron dos modificaciones legislativas. La primera, la de la Ley de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo de 2011 -se hizo efectiva cuatro años despúes-, que permitía al Gobierno actuar de oficio para reclamar las cuantías que había adelantado para resarcir a los damnificados. La segunda afectó a la ley de Enjuiciamiento Civil. En 2015 se fijó que la reclamación de dichas indemnizaciones prescribían a los cinco años, en lugar de a los 15, lo que obligó a Interior a pisar el acelerador. Más de 60 casos caducan en junio de 2020.

El Gobierno delegó la reclamación de la responsabilidad civil en la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo. «Cuando un damnificado solicita la indemnización a Interior fijada en sentencia, en el escrito a presentar figura una cláusula en la que cede a la Administración la capacidad de reclamar el dinero a los condenados», apunta la responsable de este departamento, Sonia Ramos. Es decir, una vez el Ejecutivo abona la indemnización, la deuda del preso pasa a ser con el Estado, no ya con la víctima.

Interior ha tejido a contrarreloj una red de colaboración con profesionales de Instituciones Penitenciarias y la Audiencia Nacional. «Ha sido complicado porque no es fácil obtener una información que en muchos casos no está digitalizada. Se han escaneado sentencias y se ha creado una base de datos», explica Ramos. Conocer en qué cárcel se encuentra cada preso y certificar la cuantía que debe, así como si ha empezado o no a abonar la responsabilidad civil, son algunos de los pasos que el Ejecutivo debe dar antes de formalizar una reclamación oficial.

Dicho esto, Interior ha abierto 775 expedientes -petición de información, etcétera- en los últimos cuatro años relativos a 358 sentencias. Cabe recordar que en una misma resolución puede haber sido condenado más de un terrorista.

Embargos de bienes

«Hace dos años que el sistema empezó a funcionar con mayor velocidad y podría decirse que desde el último trimestre está engrasado», afirma Sonia Ramos. La pasada semana llegó a firmar casi una treintena de reclamaciones. ¿Cuál suele ser la respuesta de los reclusos? «La mayoría presentan alegaciones. Algunos dicen que pagan el peculio -dinero que reciben los presos de familiares para sus gastos-, otros que ha prescrito y hay quienes se declaran insolventes», explica la directora de la oficina de víctimas. La clave, ahora bien, es que la mera petición formal interrumpe la prescripción de la responsabilidad civil.

Lo habitual es que los presos ni siquiera empiecen a pagar parte de lo que deben. «Solo lo hacen los de la 'vía Nanclares' y pocos más», asume Ramos. Y eso que de hacerlo, supondría un gesto tangible hacia sus víctimas. Cabe señalar que para obtener el tercer grado los presos tienen que haber empezado apagar la responsabilidad civil.

Interior mantiene reuniones con la agencia tributaria para que, «de detectar algún ingreso», proceda a su embargo. Los reclusos, tanto dentro de prisión como los que están en semilibertad, pueden acceder a un trabajo. «El salario mínimo -el Ejecutivo acaba de subirlo a los 900 euros- no puede ser embargado, pero a partir de esa cantidad, sí. Siempre que no cobre en negro y todos los trucos que suelen utilizarse», subraya Ramos. La pregunta es clara: ¿Cuánto dinero ha recuperado el Estado? Se desconoce, pero las fuentes consultadas aseguran que es una cifra «irrisoria» si se compara con la deuda que acumulan.

Opinión:

Qué poca memoria tienen algunos cuando hablan sobre terrorismo. Es inaudito leer que la legislación sobre la reclamación de las cuantías se presentó en 2011 cuando la realidad muestra que fue en 1999. Durante aquel año, en plena tregua de la banda terrorista ETA iniciada en octubre de 1998, un grupito de unas pocas víctimas dedicamos cientos de horas a trabajar para preparar y presentar la propuesta de lo que llegó a ser la Ley de Solidaridad con Víctimas del Terrorismo, aprobada en diciembre de 1999.

Lo recuerdo perfectamente porque el año 2000 y entre la enorme cantidad de trabajo que generó aquella nueva legislación, tuve que tramitar cientos de expedientes de víctimas por atentados ocurridos en Catalunya, que llegaron a la cantidad de más de 1.300.000.000 millones de pesetas (casi 8 millones de euros) de los que, evidentemente, no cobré jamás una sola comisión… al contrario que algunos que últimamente aparecen como especialistas y se llevan un porcentaje por pedir a una víctima una sola firma en un modelo de solicitud descargado de Internet o solicitan 2.000 euros a una víctima por hacerle una fotocopia de una sentencia.

Explico esto porque va siendo hora de ir replicando a todos los que tanto opinan y tan poco saben. En aquellos años tan duros de los 80 y los 90 se hizo un trabajo tan difícil y tan excelente que ahora evita tantos problemas añadidos a tantas víctimas que es de justicia que se sepa. Y en cuanto a la percepción de las indemnizaciones a las que estaban condendados los terroristas, todo empezó en 1999. Miles de víctimas hemos recibido nuestras indemnizaciones gracias a aquel trabajo y a los que quieren esconder esa realidad, les invito a que aprendan un poco de historia.